Washington, DC. El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló ayer contra un ciudadano jamaicano con el permiso de residencia permanente, conocido como “green card”, que buscaba evitar su deportación por delitos de los que fue condenado en el pasado.
Con una decisión, respaldada por cinco jueces frente a cuatro, en la que se impuso su ala conservadora, el Supremo resolvió en contra de Andre Martello Barton, residente en el país desde los 10 años y padre de cuatro hijos nacidos en EE.UU., que fue condenado en 1996 por una corte en Georgia por asalto con agravamiento y posesión de arma de fuego, después de que un amigo suyo disparara, estando él presente, contra la casa de la exnovia del jamaicano.
Años más tarde, fue sentenciado en casos separados por delitos relacionados con las drogas. Barton buscaba frenar su deportación desde septiembre de 2016, en una batalla judicial que ha terminado en manos del alto tribunal.
Según la ley estadounidense, un residente permanente en EE.UU. puede ser expulsado si comete delitos graves, como abuso sexual de menores, pornografía infantil, violación y asesinato, crímenes violentos con una pena superior al año de prisión, robo y allanamiento de morada, evasión fiscal, lavado de dinero, petición de rescates, sobornos o fraude, falsificación de dinero o asalto y violencia doméstica.
En su resolución, el Supremo establece que Barton “no es apto para cancelar su expulsión”, porque cometió ofensas graves, como asalto con agravamiento, durante sus primeros siete años de residencia en el país, con lo que pueden ser motivo de deportación.
En el trasfondo de esta decisión subyace la controversia sobre una ley migratoria de 1996 que permite a quienes tengan una orden de deportación pedir su cancelación si cumplen con una serie de condiciones, como no haber cometido determinados delitos durante los siete primeros años de su residencia en Estados Unidos.
