Tegucigalpa. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue capturado en su casa en Tegucigalpa y trasladado supuestamente a rendir su primera declaración ante un juez natural que ordenó su detención, luego de que Estados Unidos lo solicitara el lunes, con fines de extradición, por narcotráfico entre otros delitos.
Hernández fue capturado bajo un riguroso dispositivo de seguridad que desde la noche del lunes rodeó su residencia en una zona exclusiva de la capital hondureña.
La operación de captura la encabezó el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.
El exgobernante fue esposado de manos y pies frente al portón de entrada de su residencia.
Hernández salió de su casa cubierto con una gorra azul y mascarilla del mismo color pasadas las 14.00 horas locales y, de inmediato, policías le colocaron un chaleco antibalas y procedieron a esposarlo de pies y manos.
Luego fue subido a un vehículo blindado, de varios de una caravana, y llevado a una unidad de la Policía Nacional donde estaría rindiendo su primera declaración preliminar, como parte del proceso judicial sobre extradición.
La embajada de EE.UU. en Tegucigalpa afirmó que Hernández “participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares”.
La droga se movilizó “por rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste de Honduras, hacia la frontera con Guatemala, y finalmente a los Estados Unidos”, indicó la legación diplomática en una extensa nota dirigida a la Cancillería hondureña en Tegucigalpa, en la que confirmó la solicitud de captura de Hernández con fines de extradición hecha por Washington el lunes.
De su lado, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras pidió al fiscal general del país, Óscar Chinchilla, emprender “acciones legales” contra los familiares cercanos al expresidente hondureño.
La petición fue hecha por el CNA a través de un comunicado, en el que indica que el fiscal general de Honduras debe presentar “acciones legales en contra de los familiares cercanos” de Hernández que “por medio de organizaciones no gubernamentales sustrajeron más de 2,000 millones de lempiras (81.6 millones de dólares) para ejecutar proyectos que no se realizaron”. El ente anticorrupción instó a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a que se “revisen todos los contratos de empresas de seguridad que son propiedad de un hermano del señor Hernández y que mediante tráfico de influencias se le benefició adjudicando contratos millonarios”.
