Lima. Más de dos decenas de muertos, cientos de heridos y graves daños en la infraestructura del país. Ese ha sido el resultado de una semana de furia y violencia que se desató en Perú en medio de la crisis política y social que se agudizó con la destitución de Pedro Castillo.

Aunque las protestas y manifestaciones comenzaron el pasado 7 de diciembre en Lima, ni bien Castillo fue destituido por el Congreso, se agravaron desde el pasado domingo 11, cuando se registraron violentos enfrentamientos en la ciudad de Andahuaylas, en la región sur andina de Apurímac, donde finalmente murieron 6 personas.

Esa localidad, junto con la vecina Ayacucho, se convirtió en el epicentro de marchas que derivaron en enfrentamientos que incluyeron ataques a aeropuertos vigilados por las fuerzas de seguridad, que han sido acusadas por organizaciones civiles y partidos de izquierda de hacer un uso excesivo de la fuerza.
Tanto el Gobierno como los militares defienden que se cumplieron las leyes establecidas para los casos de estado de emergencia en el país, como el decretado el miércoles pasado, por 30 días, por el Gobierno de Dina Boluarte, así como el toque de queda en 16 provincias de 8 de los 24 departamentos del país.

Inicio de las protestas

Las manifestaciones comenzaron pocas horas después de que Castillo fuera destituido por el Congreso, tras el anuncio que hizo de que iba a cerrar el Congreso y gobernar por decreto.

En Lima, grupos de manifestantes protestaron, en principio, contra la destitución de Castillo y en rechazo a la designación como jefa de Estado de la vicepresidenta Boluarte.

Desde el fin de semana pasado cuando las manifestaciones se trasladaron hacia localidades del interior del país, sobre todo Andahuaylas, donde varios policías fueron retenidos por manifestantes, que posteriormente los liberaron.

Acusaciones y defensa ante las muertes


La oficina de las Naciones Unidas en Perú hizo un llamado urgente» a la ciudadanía y a las fuerzas del orden «para restablecer la calma, desistiendo de cualquier acto de violencia y asegurando derechos humanos». Mientras, Amnistía Internacional demandó «el cese inmediato de la violencia estatal y que se establezcan responsabilidades por las violaciones de derechos humanos».

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