El Tribunal Constitucional conoció ayer nueve acciones directas de inconstitucionalidad, entre ellas una interpuesta por el mayor Adán Cáceres, principal imputado en el caso Coral, que atacó los decretos con los que el presidente Luis Abinader designó un equipo de abogados para que representen al Estado en los casos de corrupción.
A través de sus abogados, Cáceres impugnó los decretos números 22-21 y 499-21, de fechas 13 de enero y 11 de agosto de 2021, en los que Abinader constituyó el Fideicomiso de Patrimonio Público Recuperado e instruyó a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a conformar un equipo de profesionales del derecho de para que asuma la representación del Estado dominicano en las acciones resarcitorias y restituidas de bienes, fondos y valores distraídos.
Cáceres busca que los decretos se declaren no conformes con la Constitución, y que por lo tanto sean anulados.
Decisión del TC
Durante una audiencia pública, encabezada por el magistrado presidente Milton Ray Guevara, el pleno del alto tribunal decidió conceder al accionante un plazo de cinco días calendario para reproducir y depositar un escrito ampliatorio o de motivación de conclusiones.
Además, dio un plazo de contrarréplica de cinco días consecutivos a los representantes del Poder Ejecutivo, autoridad de la cual emanan los actos atacados; y al representante de la procuradora general de la República. Transcurridos estos plazos, el expediente TC-01-2022-0036 será declarado en estado de fallo.
Los jueces del TC también conocieron otros ocho expedientes, de los cuales cinco quedaron en estado de fallo. Uno de ellos fue el TC-01-2022-0028, en el que los accionantes atacaron el artículo 30, literal d, de la Ley General de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario, número 358-05.
De igual manera, fue dejado en estado de fallo el expediente TC-01-2022-0033, en el que se impugna el artículo 10, párrafo IV, de la Resolución 001-2021, y el ordinal segundo de la Resolución 006-2021, emitidas por el Consejo del Poder Judicial.
El expediente TC-01-2022-0034, incoado por el Banco de Reservas contra los varios artículos la Ley 200-04, igualmente fue declarado en estado de fallo por el Pleno del TC.
Otros expedientes están pendientes de fallo
En la audiencia también quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2022-0037, sobre la objeción a varios artículos de la Ley 11-92. En el mismo estado quedó el expediente TC-01-2022-0039, en el que el Consejo Nacional de Seguridad Social impugnó el artículo 24 de la Ley 688-16; como también el TC-01-2022-0040, incoado en contra del artículo 31 del Decreto núm. 571-09. Además, se conoció el expediente TC-01-2022-0038, en el que se atacó la Ley 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Al respecto, fue otorgado un plazo para depositar escritos. Igualmente, quedó pendiente de fallo el expediente TC-01-2022-0041.
