Las Asociación de Jueces y Juezas Independientes de la Rep. Dom. (Asojurd), Asociación Dominicana de Jueces de paz (ADOJUPA), Red Nacional de Jueces de la República Dominicana, Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) felicitaron la aprobación del Congreso de La Ley de Uso de Medios Digitales, impulsada por la Suprema Corte de Justicia.
En ella exhortan, las asociaciones exhortan a la población a valorar contenido de la pieza por los beneficios que esta traerá a la justicia y a la ciudadanía en materia de tiempo, recursos y modernidad
A propósito del ejercicio de iniciativa legislativa ejercitado, el pasado 12 de julio del año en curso fue aprobado en primera lectura la citada pieza normativa.
A continuación carta abierta en apoyo al Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial
Los jueces y juezas de República Dominicana pertenecientes a las asociaciones que figuran en el presente escrito acogemos con beneplácito la aprobación del proyecto de ley sobre el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, ya que, unidos en un solo propósito y con una sola voz, mostramos nuestro respaldo a la adopción de una ley que regule el uso de los medios digitales en los servicios y procedimientos judiciales y en todas las esferas del sistema de justicia, sin perjuicio de las facultades que la ley reconoce al pleno de la SCJ.
Recibimos con entusiasmo la aquiescencia de este importante proyecto de ley y exhortamos a todas las personas e instituciones públicas y privadas, a respaldar esta iniciativa legislativa, de modo que permitan a los jueces y juezas de la nación dominicana, desempeñar sus funciones con los medios y recursos tecnológicos que demanda la buena administración reconocida como derecho por el Tribunal Constitucional desde su sentencia TC/0322/14. FJ 11.8 y, por la ley 107-13, en su artículo 4.
El referido proyecto de ley le permitirá a la judicatura nacional ponerse a la par de los estándares de la práctica y del derecho comparado sobre el uso de las nuevas tecnologías en los procedimientos judiciales.
Escuchar esta petición de las asociaciones de jueces y juezas que suscriben y, garantizar la continuidad del proceso de innovación tecnológica iniciado por el Poder Judicial dominicano, proveyendo la mejor ley que puedan concebir para alcanzar los fines del desarrollo sostenible vinculados al sistema de justicia.
La humanidad vive hoy en día su cuarta revolución industrial, muestra de esto se constata con el desarrollo de las tecnologías digitales y la información.
Es indiscutible que en la última década las naciones han realizado transformaciones vinculadas a las tecnologías que constituyen los principales logros de los diferentes países por las ventajas que implica para los ciudadanos.
La República Dominicana no escapa a esta realidad, todo lo contrario, se ha constituido en líder regional en las telecomunicaciones contando con compañías que ofertan conectividad de calidad, lo que ha permitido que la mayoría de sus ciudadanos puedan hacer uso de teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras con los cuales tienen acceso -como nunca en la historia- a las más variadas informaciones y los más importantes servicios.
Nuestro mundo ha cambiado porque las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por esta revolución tecnológica. Es por esto, que el Poder Judicial, entendiendo el impacto positivo de las tecnologías en todos los aspectos de la sociedad y para que la justicia no sea la excepción, ha llevado a cabo un programa de actualización de sus sistemas digitales y la puesta en funcionamiento de una plataforma de servicios en línea (https://serviciojudicial.gob.do/) entre otros medios que objetivamente instituyen herramientas de gran importancia para la efectividad y la transparencia de la misión de administración de justicia, tal como ha ocurrido en Chile, Estonia, Estados Unidos y otros países.
Han sido grandes los logros alcanzados por el Poder Judicial de los que somos testigos los jueces del país al utilizar la firma electrónica o digital, las audiencias virtuales, Cámara Gesell, los expedientes digitales, base de datos y estadísticas inteligentes. Son claras las ventajas en el servicio de justicia, el ejercicio de la abogacía y la garantía del acceso a la justicia y de los derechos fundamentales de las personas que estas herramientas ofrecen y que son obligaciones de los Estados modernos.
Como fundamento de esto, podemos citar la Ley 107-13 de derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo que prevé como garantía del principio de celeridad (art.3 inciso 19) que las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. De igual modo, la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital, reconduce a las mismas conclusiones cuando en su artículo 4 prescribe que: No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de documento digital o mensaje de datos.
De ahí que la iniciativa legislativa de la Suprema Corte de Justicia que le confiere el artículo 96 de la Constitución permite contar con una habilitación normativa que delimita en el Poder Judicial el uso de los medios digitales que deviene en un paso más para la mejoría del servicio de justicia y para que continuemos en camino hacia una República Dominicana en ruta hacia el progreso y el desarrollo.
La propuesta de ley aprobada se fundamenta en principios tales como el de celeridad, opcionalidad, buena fe, estandarización, fidelidad y actualización continua. Estos, a nuestro juicio, confieren facultades a las partes interesadas de hacer uso de dichos medios y benefician a sus representados, con lo cual la justicia llega a todos y todas de la forma más eficaz.
Estas asociaciones agradecen al Congreso Nacional, la ciudadanía dominicana, la sociedad civil y a la comunidad jurídica los aportes para la mejoría de este proyecto de ley, para su enriquecimiento, para que sea el producto de todos, lo cual forma parte de la misión del Estado y un derecho de todos.
