Ayer, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo reunió a abogados, previo a someter el 27 de febrero la iniciativa
Con un encuentro que reunió a abogados del país, académicos y miembros de la sociedad civil, el Poder Ejecutivo concluyó el proceso de diálogo y socialización del anteproyecto de ley con el que se crearía el Ministerio de Justicia y que se someterá ante el Congreso Nacional el próximo 27 de febrero.
La reunión tuvo lugar en el Palacio Nacional y estuvo encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien una vez más reiteró que este ministerio tiene objeto traspasar a un nuevo órgano las funciones de carácter administrativo que, en la actualidad, implican una carga para el Ministerio Público y para los órganos del sistema de justicia, y los desenfocan de sus funciones jurisdiccionales naturales.
El funcionario precisó, en tal sentido, que esto viene a reafirmar el compromiso de la actual administración no solo con la independencia del Ministerio Público, sino también con hacer de ese órgano del sistema de justicia un instrumento más ágil en el cumplimiento de sus atribuciones procesales naturales.
Dijo que, a la vez, se reitera el compromiso del presidente Luis Abinader con impulsar una administración pública capaz de ofrecer servicios a la ciudadanía con el derecho fundamental a la buena administración y a los principios de buen gobierno.
Integrado por cinco viceministerios
Si se crease un Ministerio de Justicia en el país, este traería consigo la instauración de cinco viceministerios y tendría bajo su adscripción a la Dirección de Servicios Penitenciarios, al Instituto Nacional de Ciencias Forense (Inacif), al procurador general Administrativo y al Instituto Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales, recordó Antoliano Peralta.
Explicó que en caso de ser creada dicha institución esta estaría integrada por el Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, que coordinará la atención y colaboración brindadas desde el Poder Ejecutivo al Sistema de Justicia y el Viceministerio de Representación Procesal, el cual coordinará, en los casos que corresponda, la representación del Estado y la Administración Pública en las sedes jurisdiccionales de su competencia, así como en los foros arbitrales y de otros medios alternativos para la solución de conflictos.
También habría un Viceministerio de Derechos Humanos, este coordinará el Sistema Nacional de Derechos Humanos, contemplado en el anteproyecto, así como las políticas públicas en materia de derechos humanos. También instrumentará la respuesta a los requerimientos normativos, procesales y documentales de los organismos internacionales de derechos humanos; un Viceministerio de Políticas Penitenciarias y Correccionales, el cual coordinará el Sistema Penitenciario y Correccional y las políticas públicas penitenciarias y correccionales y un Viceministerio de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía, que coordinará la administración y certificación de los asuntos registrales asignados a su competencia, así como la articulación eficiente de los servicios a la ciudadanía bajo su cargo.
El consultor jurídico precisó que, en adición, el Ministerio tendría bajo su adscripción órganos autónomos y descentralizados, como lo son la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, el Inacif y el procurador general Administrativo, a la vez que contará con dependencias desconcentradas, como el Instituto Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales, entre otros.
“En lo que respecta a las atribuciones del ministerio estas van desde coordinar el Sistema de Servicios Penitenciarios y Correccionales y las políticas públicas penitenciarias y correccionales, hasta coordinar la administración y certificación de los asuntos registrales asignados actualmente al Ministerio Público, así como la articulación eficiente de los servicios a la ciudadanía bajo su cargo”, agregó.
Luego de las palabras del consultor del Poder Ejecutivo en la actividad efectuada ayer, varios profesionales del Derecho expusieron sus consideraciones a la iniciativa legislativa.
En el encuentro participaron reconocidos abogados constitucionalistas, administrativistas, penalistas, así como antiguos integrantes de la judicatura nacional y extitulares de órganos del Estado.
Todas las sugerencias planteadas por los juristas serán ponderadas por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo de cara al depósito de la pieza legislativa el próximo 27 de febrero en el Congreso Nacional.
Hasta el momento, la creación de esta institución ha concitado el apoyo de los gremios empresariales, miembros de la sociedad civil y otros sectores, aunque han hecho sus observaciones para enriquecer el proyecto.
Todos los sectores que fueron consultados
La Consultoría del Poder Ejecutivo socializó el anteproyecto con los poderes públicos y órganos del Estado que se verán impactados por las competencias que se le atribuirán al eventual Ministerio de Justicia, con los gremios empresariales y con la academia jurídica, representada por las principales escuelas de Derecho del país. Como resultado de este proceso consultivo, la Consultoría configura al Ministerio de Justicia como un “órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia”.
Competencias
Esa institución busca asumir procesos administrativos que son una carga para el Ministerio Público y el sistema de justicia.
