El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo cuatro expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, dando plazos a dos de estos durante la sesión de audiencias públicas celebrada ayer en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia.
En ese sentido, se le concedió un plazo de cuatro días calendario a los involucrados de ambas partes en la acción que busca declarar inconstitucional la Ley 506-19, que aprobó el Presupuesto General del Estado para el año 2020 y la Ley 512-19, de 2019, que autorizó al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, a emitir y colocar valores de deuda pública.
Los accionantes, Eulogio José Santaella Ulloa, Federico Lalane José y Emmanuel Esquea Guerrero, objetaron la intervención voluntaria del Poder Ejecutivo, que no compareció, pero que había depositado sus escritos en el dispositivo sobre esta acción directa de inconstitucionalidad.
Al respecto, el presidente de la corte, magistrado Milton Ray Guevara, aclaró: “lo objetivo en las audiencias del órgano jurisdiccional es hacer un juicio a la norma jurídica; la ley no habla, a la ley la defienden o la atacan y el TC debe garantizar el canal propio, que se haga respetuosamente e igual para los involucrados”.
Asimismo quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0058, en el que Pablo Pérez atacó los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 86-11, 2011; el artículo 45 de la Ley. 1494, que instituye la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de 1947, y la Resolución 198-18, emitida por el Ministerio de Hacienda en el 2018.
Asimismo, se dejó en estado de fallo el expediente: TC-01-2020-0001 en el que Johanna Rossi y María Genao atacaron una sentencia dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en 2017, así como la Sentencia TC/0432/19, dictada por el TC.
En el caso el recurrente, señala que el Banco Agrícola lo desahució ilegalmente.
