Antes de someter a una persona ante la justicia, hay “cientos de diligencias de investigación” que se deben realizar, las cuales podrían tardar meses, indicó ayer el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Wilson Camacho precisó que previo a solicitar ante un tribunal medida de coerción contra un imputado hay muchas horas de trabajo de por medio.
“Entre una denuncia de corrupción, del tipo que sea, y una medida de coerción (como Operación Antipulpo), median muchas horas de trabajo (meses), cientos de diligencias de investigación, miles de documentos revisados, decenas de personas involucradas y muchas, muchas discusiones”, manifestó el procurador adjunto en su cuenta de Twitter.
El pronunciamiento de Camacho se da luego de la denuncia sobre el entramado de corrupción en el sector eléctrico, que supuestamente tenían Maxy y Alexander Montilla Sierra, cuñados del expresidente Danilo Medina.
Los hermanos de la ex primera dama, Cándida Montilla, se habrían favorecido, a través de varias empresas que figuran a sus nombres, con más de RD$13 mil 500 millones en los ochos años que gobernó Medina.
Sobre este particular, Camacho ha dicho que darán seguimiento a todas las denuncias sobre ilícitos penales. “Nosotros vamos a investigar cualquier hecho que nos enteremos por cualquier vía que pueda constituir un ilícito penal, en este caso un ilícito de corrupción”, dijo.
Ese mismo pensamiento lo expresó, en octubre pasado, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien manifestó que llevar a la prisión a una persona no es una decisión que debe tomarse a la ligera y que para ello se necesita tener motivos serios.
Esa vez también dijo que a la hora de procesar a alguien se requiere, además, contar con las pruebas suficientes y el “peligro de culpa”.
