El presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional contra la señora Yaritza Clarisbell Gibbles por supuesta difusión de contenido difamatorio y presunto chantaje a través de medios digitales.
La acción legal se consignó ante el despacho del Procurador Fiscal Adjunto adscrito al Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, sustentada en los artículos 16, 21 y 22 de la Ley 53-07.
Publicación señalada y verificación del contenido
Según el documento, la denuncia se origina por una publicación realizada el 7 de diciembre de 2025 en una cuenta en Instagram administrada por la persona denunciada donde se difundió material que, de acuerdo con Gómez Mazara, afecta su honor y reputación de manera directa.
El Ministerio Público apoderó al DICAT para verificar el contenido exacto de la publicación, determinar su alcance en términos de interacciones y confirmar la identidad de quien administra la cuenta.
La diligencia solicita también validar si los datos personales asociados al perfil corresponden realmente a Yaritza Clarisbell Gibbles, como afirma el denunciante. El objetivo es establecer si la acusada es responsable del contenido publicado y si existe un patrón de comportamiento que pueda constituir delito electrónico, conforme lo establece la Ley 53-07.
Sustento legal y próximo curso del proceso
La querella cita artículos del Código Procesal Penal que permiten al denunciante accionar formalmente ante el Ministerio Público y solicitar medidas de investigación, entre ellos los artículos 31, 50, 84, 85, 118 al 121, además de disposiciones sobre persecución penal referidas en los artículos 166, 167, 262, 263, 285, 286 y 294.
Estos artículos facultan a la Fiscalía a requerir informes, realizar verificaciones técnicas y establecer responsabilidades.
Gómez Mazara dejó constancia de su acusación en calidad de ciudadano afectado, a la espera de que las autoridades determinen las implicaciones legales del caso y avancen conforme lo establecen las normas dominicanas sobre delitos electrónicos y protección del honor.
