La Procuraduría General de la República fue apoderada de una denuncia contra el procurador general adjunto Francisco Contreras por dos empresas de inversionistas españoles que poseen terrenos turísticos en Punta Cana.
Los empresarios solicitan llevar ante el Consejo Superior del Ministerio Público al procurador general adjunto para el medio ambiente acusado de actuaciones ilegales. Dicen que con apoyo de la fuerza pública desconoce una decisión de la Suprema que ordena el desalojo ocupantes ilegales de su propiedad.
Las empresas perjudicadas por las actuaciones arbitrarias e ilegales de dicho funcionario del Ministerio Publico presentaron formal denuncia. Pretenden que se inicie la correspondiente investigación y el consecuente proceso disciplinario.
El procurador adjunto Contreras debe abstenerse de intervenir, en forma alguna, directa o indirectamente, en los conflictos que sostienen las sociedades propietarias de los terrenos en Cabeza de Toro. Los conflictos son con los intrusos, invasores y ocupantes ilegales de dichos terrenos, bajo cualquier pretexto.
El desalojo se produjo en noviembre 2022
El desalojo, realizado por YUPA SRL y Paraíso Tropical, C. POR A., autorizado por la Fiscalía de Higüey, se produjo el 12 de noviembre del año pasado. Pero el 17 del mismo mes Francisco Contreras se presentó en el lugar con un miembro del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).
Las empresas propietarias de los terrenos, explican, cuenta con todos los permisos y autorizaciones para controlar el acceso de invasores, intrusos u ocupantes. También para evitar que organizadores de viajes de ilegales accedan a los terrenos y a la playa del litoral en vehículos. Esto está prohibido por ordenanzas del Ministerio de Turismo.
El proyecto turístico que se planifica tiene el Decreto 644-07, dictado por el presidente de la República, el 15 de noviembre del año 2007. Tiene Certificación de No Objeción del Ayuntamiento del Distrito Municipal Turístico de Verón Punta Cana del 18 de noviembre del 2020. También autorización del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur), del 19 de junio de 2020. Certificado de Registro de Impacto Mínimo del 13 de junio del 2019, emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo la Resolución No. 07-2012 del Ministerio de Turismo que estableció el Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial Turístico de Punta Cana.
La decisión es el resultado final de un largo proceso judicial que comenzó en el 2008, que siempre produjo sentencias que ordenaban el desalojo de los ocupantes. Ellos son los empresarios Silverio Cruz Taveras y Bolívar Díaz Franco, y cada apelación de los invasores favoreció a las empresas propietarias.
De “manera arbitraria y desconociendo la autoridad de la Suprema Corte de Justicia” y de la Fiscalía de Higüey, dice la denuncia, Contreras 5 días después, “colocó a los intrusos recién desalojados”. También ordenó “arrestar al personal de seguridad del proyecto, incautando los vehículos, removiendo las puertas, brazos mecánicos, letreros de manejo de impacto mínimo y todo el dispositivo de organización de los propietarios de los inmuebles”.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) en su sentencia, informa la denuncia, presentada a la procuradora general Mirian German el marte 7 de febrero, confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central No. 20151479, de abril de 2015. Esta a su vez confirmó la Sentencia 295 de junio del año 2008, dictada por la sala 5 del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, que ordenó el desalojo inmediato.
