Según la propuesta de reglamento que propuso la Junta Central Electoral (JCE) para crear el procedimiento administrativo sancionador electoral, los expedientes sobre infracciones electorales tomarán hasta un año para ser fallados.
El artículo 31 de la propuesta que es estudiada por los partidos políticos y entidades de la sociedad civil, establece que la “duración máxima del procedimiento administrativo sancionador electoral -iniciado de oficio o a petición de parte- será de un año, contado a partir del momento en que se admite a trámite el procedimiento por parte de la Unidad Encargada”.
Según la propuesta del órgano electoral luego de admitida una denuncia la persona cuenta con un plazo de diez días para presentar sus argumentos por escrito. “La parte que haya sido notificada dispondrá de un plazo de diez (10) días calendarios para depositar vía secretaría de la Junta Central Electoral un escrito que contenga sus argumentos, medios de defensa y elementos probatorios respecto al pliego inicial de cargos que le haya sido notificado.
“Vencido el plazo anterior, la Unidad Encargada dispondrá de un plazo de diez días calendarios para elaborar el dictamen y remitirlo al Pleno”, establece. En tanto, el pleno de la JCE tendrá un plazo de cinco días para decidir el tema.
El artículo 29 de la propuesta de reglamento establece que luego de dictada y notificada la decisión que impone una sanción administrativa electoral y vencido el plazo sin que esta haya sido cumplida, el Pleno de la JCE dispondrá que a través de la Dirección Especializada de Control Financiero se proceda a realizar las deducciones económicas correspondientes al monto de las sanciones pecuniarias que hayan sido impuestas con cargo al presupuesto asignado al partido.
La propuesta aclara que en el caso que de que el infractor sea un particular, se perseguirá el cumplimiento de la decisión a través de la consultoría jurídica de la JCE y por las vías y procedimientos legales correspondientes.
Crea unidades operativas
Igualmente, la propuesta sugiere la creación de las unidades operativas para dar seguimiento a los casos que sean admitidos.
“Estas comisiones tendrán la obligación de ejecutar cada una de las decisiones y directrices que sean dispuestas para la investigación y sustanciación de los casos, con el propósito de desconcentrar y eficientizar las labores respecto a los procesos que impliquen la posible adopción de medidas cautelares, aquellos vinculados con la ocurrencia de infracciones administrativas electorales o con las sanciones que establece la legislación electoral dominicana y de partidos, agrupaciones y movimientos políticos”.
La propuesta contempla cinco unidades operativas, una en el norte con sede en Santiago; otra para la región este con sede en San Pedro; una tercera en el sur instalada en San Juan, la cuarta estaría en la provincia Santo Domingo con sede en la junta electoral de Santo Domingo Este y una quinta en el Distrito Nacional con sede en la junta electoral de la capital.
Explica la propuesta que las comisiones operativas serán dirigidas por un encargado, designado por el Pleno de la Junta y se regirán conforme a los lineamientos y pautas que se indican en el reglamento, así como también en los instructivos y manuales que sean aprobados por este órgano administrativo electoral a los fines de aplicar las sanciones electorales definidas en la ley.
Se creará una unidad de monitoreo digital
La propuesta de reglamento de la JCE establece la creación de un sistema de monitoreo digital y mapificación de casos a través de la Dirección de Tecnología del órgano. “Se dispone de un sistema digital que permita monitorear en tiempo real la incidencia de las presuntas infracciones electorales o situaciones que ameriten el dictado de una medida cautelar y con el propósito de poder atender oportunamente cada caso y adoptar las decisiones y acciones que se requieran para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema electoral en todas las etapas del calendario electoral”, expresa la propuesta de reglamento de la JCE. El órgano plantea que todo el personal que laborará en las nuevas unidades y el proceso de monitoreo digital recibirá formación en la Escuela Nacional de Formación Electoral de la JCE. El pleno de la JCE dio un plazo a los partidos políticos y a las entidades de la sociedad civil para que opinen sobre su propuesta. El tema comenzó a discutirse luego de que la JCE y los partidos políticos firmaron una carta compromiso por la integridad electoral en la que las organizaciones políticas se comprometieron a respetar los límites que establece la ley 33/18 en este periodo de la campaña electoral.
