La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanitet Rivas, homologó este martes el acuerdo que hizo el Ministerio Público con uno de los civiles que estaba imputado en el caso de corrupción Coral 5G.
El órgano persecutor llevó antes este tribunal un criterio de oportunidad que arribaron con el empresario César Ramos Ovalle, quien estuvo como imputado en este proceso judicial y hasta cumplió medida de coerción, sin embargo, no fue acusado formalmente como pasó contra otras 30 personas investigadas al igual que él.
Ovalle, que ahora será presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como testigo en el caso, le devolvió al órgano acusador más de 18 millones de pesos.
El empresario admitió los hechos y su participación en el alegado desvío de fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en la gestión del general Juan Carlos Torres Robiou, quien cumple prisión preventiva en la cárcel Najayo por esto caso, según indica la Pepca en su escrito acusatorio.
De acuerdo al Código Procesal Penal, la aplicación de un criterio de oportunidad para prescindir de la persecución penal extingue la acción pública en relación al imputado en cuyo favor se disponga.
“El tribunal ha acogido en todas sus partes la solicitud de criterio de oportunidad en favor del ciudadano Cesar Ramos Ovalle en virtud de que este cumple con todos los presupuestos del artículo 370.6 ya este ciudadano una vez siendo investigado colaboró con el Ministerio Público en el proceso de investigación, aportó elementos de pruebas y ha resarcido el daño causado al Estado con la devolución 18 millones 400 mil pesos”, explicó la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la PEPCA.
Tribunal declara «inadmisible» revisión de medida de coerción
También, hoy la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanitet Rivas, conoció la solicitud de revisión de medida de coerción de los generales Boanerges Reyes Batista y Julio Camilo De los Santos Viola y del capitán de navío Franklin Mata Flores.
Sin embargo, la magistrada Rivas declaró inadmisible la solicitud de revisión de medida de coerción porque entendió que no hay elementos nuevos que permitan variar la prisión preventiva por otra coerción menos severa.
Mientras que la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre, decidió dejar sin efecto la solicitud de revisión de prisión preventiva para introducirla en otro momento.
