Alexis Medina, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Wacal Méndez Pineda, imputados en el caso Antipulpo, a quienes un juez le varió la medida de coerción por arresto domiciliario, deberán cumplir la orden con vigilancia electrónica.
Aunque la utilización de grilletes electrónicos en ciudadanos que tienen un proceso judicial es una alternativa para que los imputados no se sustraigan del caso, implica un gasto económico para quienes lo usen.
Estos encartados están acusados junto a otros de formar un entramado para estafar al Estado con miles de millones de pesos.
José Miguel Minier, abogado de Fernando Rosa, dijo que su defendido pagó 2,243 dólares, que equivalente al peso dominicano serían 119,529, solamente para entrar al sistema de vigilancia electrónica.
Minier explicó que cada mes Fernando Rosa deberá pagar 531 dólares, aproximadamente 28,300 pesos, y para la adquisición del aparato tuvo que depositar tres meses por adelantado, más el pago de la instalación.
Para salir de prisión y continuar con el proceso judicial denominado Antipulpo, los cuatros imputados deben tener colocados los grilletes electrónicos con lo que cumplirán prisión domiciliaria. Además, deben pagar una garantía económica correspondiente en 60, 30, 20 y 20 millones de pesos mediante contrato de fianza, como ordenó el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
El magistrado también dictaminó impedimento de salida del país y deberán realizar presentación periódica a la Justicia.
De los imputados en Operación Antipulpo, solo Carlos Montes de Oca está en la cárcel cumpliendo prisión preventiva después de ser declarado en varias ocasiones en rebeldía. Magalys Medina, otra de los imputados y hermana del exmandatario, también se le dispuso prisión domiciliaria desde el inicio del proceso.
trámites
Los trámites para sacar de prisión a Alexis Medina, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Wacal Méndez Pineda, a quienes un juez le varió la medida de coerción por arresto domiciliario, no han concluido aún.
Los cuatros imputados, permanecen detenidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Cristóbal (CCR-XX), acusados junto a otros de formar un entramado para estafar al Estado con miles de millones de pesos.
Lo cuales esperan que, una vez concluido el proceso, en las próximas horas las autoridades penitenciarias dispongan su salida de donde llevan un año y 8 meses detenidos.
