El Ministerio Público continúa sumando implicados al caso Cattleya y ahora hay un total de 18 personas físicas y tres empresas acusadas de conformar una red de trata de mujeres.
Hasta el momento hay tres nuevos imputados. El órgano persecutor pidió este viernes el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Pablo Imbert Rosario, que la solicitud de medida de coerción que solicita contra ellos sea fusionada con los primeros 15 encartados en el proceso.
A esos fines, y para que los nuevos imputados conozcan el expediente y las pruebas que presenta el Ministerio Público, el magistrado aplazó la solicitud de medida de coerción para el viernes 26 de agosto.
Ese día a las 9:00 de la mañana el juez decidirá si fusiona o no el caso, además, conocerá la solicitud de medida de coerción.
“El Ministerio Público entendiendo que hay algunas solicitudes de fusión respeto a tres personas que se ha presentado medida de coerción nuevas y por estar vinculado en el caso y tratarse de la misma operación, el Ministerio Público entendió pertinente que se aplazará para la misma fecha”, expresó la procuradora Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT.
Implicados
Los apresados durante la Operación Cattleya, y que fueron sometidos a la justicia son José Miguel Michel Guridis (a) Michel, Daniel Enrique Inirio Abreu (a) Daniel, José Alberto Soriano Rosario (a) Cirujano, Oscar Wicene, Melvin José Valentía Peguero, Cristina Virginia González Hernández.
Además, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (A) Fior.
Como también Alejandro Arturo Batista Bustamante (a) El Gato, Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Diaz (a) Carlos.
El proceso también involucra los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia. Contra los hoteles el Ministerio Público solicita que se ordene la clausura temporal.
Acusación a imputados
De acuerdo a los fiscales, la red se dedicaba a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para luego prostituirlas en la República Dominicana.
Establecieron que la red movilizaba a las jóvenes mujeres, que eran retenidas el Distrito Nacional y La Altagracia, con la promesa de un trabajo bien remunerado. Supuestamente en Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de hasta 400 dólares por noche.
Una vez traídas al país, precisó el órgano acusador, las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda con las redes que las movilizaban y les obligaban a consumir drogas.
