Santo Domingo – El caso de la red de trata que explotaría sexualmente a mujeres provenientes de Sudamérica al raptarlas, prostituirlas y tomarse todo el dinero producto de las actividades sexuales, continúa en el limbo, luego de que el Ministerio Público no lograra obtener todos los testimonios que perseguía para respaldar su teoría en contra de los imputados en la denominada Operación Cattleya.
La jueza Suinda Brito dejó sin efecto el anticipo de pruebas que había concedido al órgano acusador, porque las supuestas víctimas no se presentaron a declarar.
De las 80 supuestas víctimas rescatadas por el Ministerio Público de la red que alegadamente se dedicaba a traer al país jóvenes colombianas para explotarla sexualmente, solo cuatro han brindado su testimonio en respaldo de la teoría del Ministerio Público.
Recientemente, el órgano acusador solicitó a la Oficina de Atención Permanente del Distrito que le permitiera entrevistar unas 22 víctimas; sin embargo, de esas solo dos brindaron su testimonios y el resto nunca se presentó a las entrevistas, lo que obligó a la magistrada Suinda Brito dejar sin efecto el anticipo de pruebas.
Entre tanto, el Ministerio Público trata de obtener las pruebas necesarias para demostrar sus teoría de que las mujeres eran traídas al país engañadas y eran obligadas a saldar una deuda de entre 3 mil y 4 mil dólares, la jueza Kenya Romero, dictó prisión preventiva en contra de 11 de los implicados en el caso Cattleya e impuso otras medias de coerción a otros 10 involucrados.
El caso de la Operación Cattleya fue declarado complejo, por lo que el Ministerio Público cuenta con plazos ampliados para realizar sus investigaciones.
