El Ministerio Público continúa sumando implicados al caso Cattleya y ahora hay un total de 18 personas físicas y tres entidades comerciales acusadas de conformar una red de trata de mujeres.
La titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán Álvarez, expresó que el Ministerio Público mantiene una investigación abierta y las entidades comerciales o personas físicas que resulten vinculadas con el caso, serán presentadas a la acción de la justicia.
El órgano persecutor solicitó a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, que la nueva solicitud de medida de coerción a Zafiro Nataly Sánchez Gonzaléz, Engel Nefthali Vargas y otra persona no identificada, sea fusionada con los demás 15 imputados, acusados de conformar una red que captaba mujeres sudamericanas entre 18 y 23 años para explotarla sexualmente en el país.
A esos fines, y para que los nuevos imputados conozcan el expediente y las pruebas que presenta el Ministerio Público, el juez Pablo Imbert Rosario aplazó la solicitud de coerción para el viernes 26 de agosto. Ese día, a las 9:00 de la mañana, el magistrado decidirá si fusiona o no la solicitud. Además, conocerá la solicitud de medida de coerción.
Los representantes legales del Hotel Coco Real, que es una de las tres entidades comerciales imputadas en el caso, presentó un incidente alegando que el Ministerio Público no le ha entregado el expediente y elementos de las pruebas.
Daniel Astacio, miembro de la defensa del imputado Robert Lee Paniagua, dijo que su equipo se adhirió a la solicitud de aplazamiento para que la defensa de la empresa pueda conocer el expediente.
Expediente acusatorio caso Cattleya
De acuerdo a los fiscales, la red movilizaba a las jóvenes mujeres, mayoría de nacionalidad Colombia y Venezuela y eran retenidas el Distrito Nacional y La Altagracia, con la promesa de un trabajo bien remunerado. Supuestamente en Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de hasta 400 dólares por noche.
Una vez traídas al país, precisó el órgano acusador, las víctimas eran explotadas sexualmente y obligadas a admitir que tenían una deuda con las redes que las movilizaban y les obligaban a consumir drogas.
El Ministerio Público pide la imposición de prisión preventiva como medida de coerción a los encartados, así como que se declare el proceso de tramitación compleja.
