Santo Domingo, RD.- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, informó que ordenó una investigación con relación a la denuncia que hizo la jueza Ana Lee Florimón, de que ella y su familia estaban siendo perseguidas desde que fue apoderada para conocer el expediente de la Operación Calamar.

La magistrada del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dijo durante la audiencia celebrada el pasado 23 de febrero, previo a enviar el caso Calamar a la Corte de Apelación, tras ser recusada por el Ministerio Público, que la persecución se realiza en un automóvil de color blanco.

En ese sentido, la procuradora general de la República, respondió vía un comunicado como ella acostumbra: “Dejo claro que jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría este tipo de conducta que irrespeta derechos, habiendo sido víctima de esta práctica hace unos años mal podría reproducirla”.

Pidió a la jueza Lee Florimón, si lo cree pertinente, aporte los elementos que pueda poseer con relación a su denuncia de la persecución que dice tener por parte del órgano persecutor.

Además, Germán Brito ordenó que los dos representantes del Ministerio Público con quienes ha tenido diferencias en el proceso judicial del caso de corrupción Calamar, estos no participarán como miembros de los investigadores para no dar pábulo a versiones de encubrimiento.

Sostuvo que en las afirmaciones de la magistrada Lee Florimón hay asuntos de extrema gravedad y es la afirmación de que por presiones del Ministerio Público se han producido traslados y sanciones de jueces.

“En mi desempeño al frente de la Procuraduría General de la República jamás he propiciado ni consentido lo que señala la referida magistrada Ana Lee Florimón”, refirió.

Dijo que esta afirmación contiene lo que considera dos conductas que no son suceptibles de ser toleradas, por una parte, el que presiona y por otra el que se deja presionar.

La procuradora aclaró que dependiendo de los términos, una recusación no necesariamente es un agravio, salvo que use expresiones degradantes o injuriosas.

“Hubo una época en que los traslados eran una especie de sanción, este aspecto ya ha sido objeto de reglamento para evitar ese abuso, hace años se produjo ese deleznable proceder en contra de las Magistradas Rosanna Vásquez y Elka Reyes, al respecto, en un acto público censuré este proceder. Por tanto, mal podría yo auspiciar el retorno de esta práctica”, expresó.

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