El Tribunal Superior Administrativo dejó en estado de fallo una acción de amparo de cumplimiento del Colegio Dominicano de Notarios contra la Procuraduría General de la República, por la “retención ilegal e injustificada” de más de RD$105 millones en perjuicio del gremio profesional.
La instancia fue elevada por la presidenta del gremio, Laura E. Sánchez Jiménez, quien reclama la aplicación de la ley para que este colegio garantice los planes de pensiones, ayudas médicas y cuente con los recursos necesarios para la firma digital.
En el procedimiento judicial, el Colegio de Notarios señala que la Procuraduría dejó de pagarle la citada cantidad por la transferencia de 130 pesos por cada acto notarial en que sea certificada la firma del notario, desde la entrada en vigencia de la Ley 140-15, el 12 de agosto de 2015.
Sostuvo que, durante el período anotado, la Procuraduría no acredita íntegramente los montos que corresponden al Colegio de Notarios, y la acusó de causarle daños materiales y morales en la medida que mella las labores que dicho colegio está obligado a desarrollar con los fondos provenientes de la tasa legal a que se refiere la ley, incluida la asistencia social a sus afiliados.
Señala que la Procuraduría percibió casi tres mil millones de pesos, por la aplicación del recibo notarial, y explicó que la Procuraduría debe cobrar, conforme con la Ley 140-15, del Notariado, 130 pesos por cada acto notarial; sin embargo, está cobrando 700 pesos, de los cuales sólo entrega 80 pesos al Colegio de Notarios.
La institución pide al tribunal imponer a la Procuraduría a pagar una astreinte de 500 mil pesos diarios a favor del Plan de Pensiones de los Notarios, por cada día dejado de pagar a partir de la notificación de la sentencia a intervenir.
Manifestó que es una aplicación impropia de la Procuraduría, disponer el aumento del monto de dicho recibo de manera desproporcionada en su beneficio propio, no del Colegio Dominicano de Notarios.
