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Muchas fueron las preguntas que quedaron en el aire después de que el 20 de enero de 2017 Ely Serna, de 17 años, llevara una escopeta a su escuela de Ohio y empezara a disparar allí, hiriendo a dos personas. Además del por qué, el subdirector de la institución educativa West Liberty-Salem High School, Andy McGill se preguntaba si había ignorado alguna pista. «Jamás me hubiera imaginado que esa persona sería capaz de esto», admite a AP.

Lo que se pregunta ahora todo el mundo es cómo prevenir este tipo de casos. Escuelas como la de McGill han estado formando equipos para evaluar los peligros que pueden representar estudiantes teóricamente proclives a la violencia, como otro joven de Ohio, Connor Betts, que hace unos años, cuando cursaba secundaria, elaboró una «lista de objetivos» y que el pasado fin de semana mató a nueve personas en Dayton.

¿Hay armas en casa?

En el año escolar 2017-2018, el 43,7 % de las escuelas públicas tuvieron equipos de evaluación de riesgos y el 49,3% contó con métodos para reportar amenazas de forma anónima, según el Departamento de Educación. En esas estadísticas se tomaron en cuenta las preocupaciones expresadas por otros estudiantes, por miembros de la comunidad escolar e incluso por gente de fuera.

Mac Hardy, director de operaciones de la Asociación Nacional de Funcionarios de Recursos Escolares, asegura a la agencia que estos métodos «atan cabos y analizan este rompecabezas». «Un consejero de la escuela entrevista a los padres: ¿Hay armas en la casa?, ¿Dónde las guardan?», explica Hardy. «Hay una lista de preguntas, los profesores también tienen una lista de preguntas que responden por escrito, obtienes mucha información cuando haces las cosas bien», añade.

Las autoridades recomiendan a las escuelas que organicen equipos de evaluación de riesgos que incluyan al menos un funcionario de la escuela, un experto en trastornos mentales y un representante de la Policía.

Acciones limitadas

Pese a que todo el mundo coincide en que este enfoque es beneficioso, las autoridades escolares dicen sentirse limitadas por las leyes sobre la privacidad, la falta de recursos y las restricciones sobre lo que pueden compartir cuando un estudiante acaba la escuela.

John  Marschhausen, superintendente de las escuelas de Hilliard City, Ohio asegura que el distrito hace todo lo que puede por ayudar a los estudiantes, pero que las leyes sobre privacidad complican las cosas cuando salen de la escuela. «Esto no es algo que se resuelve de un momento a otro, no te curas si se toman medidas», afirma Marschhausen.

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