Desenterrar hechos pasados que en el curso de nuestra existencia han quedado fijos en la conciencia nos sirven como referencia y para afianzar posiciones que con el tiempo se convierten en principios, en fundamentos, soportes de comportamiento.Luego de ser investido de doctor en Derecho, y facultado a ejercer la profesión de abogado, en el curso de mi vida he tratado de mantener coherencia entre mi posición política e ideológica y el accionar profesional.
Ahora, al cumplir 50 años de haber obtenido el título de doctor en Derecho, quiero traer a colación dos asuntos que se me presentaron con vinculación profesional y política.
Primer tema
1.- El día 13 del mes de enero de 1988, recibí una llamada telefónica que me hizo el general Antonio Imbert Barreras, en ese momento Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, a los fines de que le visitara en su despacho, el día 15 de enero a las diez horas de la mañana. Le confirmé mi asistencia y le hice la observación de que en el encuentro estaría acompañado de mi compañera Carmen.
2.- Comparecimos a la cita ante el general Imbert Barreras, quien luego de intercambiar saludos, dirigiéndose a mi persona me dijo que el motivo de la invitación era para comunicarme que el doctor Joaquín Balaguer lo había instruido para que me consultara en el sentido de si estaría en disposición de aceptar la designación como asesor legal de las Fuerzas Armadas, en asuntos de drogas y narcotráfico.
3.- Le respondí al general Imbert que en mi nombre le diera las gracias al doctor Balaguer, y a la vez le dijera que por mis convicciones políticas e ideológicas no podía aceptar ningún cargo o función en su gobierno; que como simple ciudadano continuaría haciendo labor en el seno del pueblo, contra el fenómeno de las drogas y el narcotráfico.
4.- El general Imbert, luego de escuchar mi exposición, me dio algunas explicaciones sobre la conveniencia de que aceptara el nombramiento. Le ratifiqué mi posición haciéndole la observación de que la misma respondía, única y exclusivamente, al criterio político que he abrazado.
5.- Aceptar el cargo que me ofreció el doctor Joaquín Balaguer, hubiera sido de mi parte una decisión incoherente, incongruente, marcadamente absurda, porque iría contra mi prédica política y, en particular, una demostración de inconsistencia partiendo de la actitud que había asumido frente a la gestión gubernativa balaguerista de los fatídicos doce años.
Segundo caso
6.- Muchos años después, más precisamente el día 22 de noviembre del año 2000, ante una solicitud que me hizo el ingeniero Hipólito Mejía, en la ocasión presidente de la República, por medio del doctor Guido Gómez Mazara, en su condición de Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, para que me hiciera cargo como abogado constituido en parte civil del Estado, contra los pasados funcionarios del PLD envueltos en actos de corrupción. La respuesta que le di al Consultor Jurídico, en torno a la propuesta que me había hecho, consta en la carta que transcribo a continuación:
Santiago de los Caballeros
23 de noviembre del 2000
Doctor
Guido Gómez Mazara
Consultor Jurídico
del Poder Ejecutivo
Palacio Nacional.
Distinguido Doctor:
En atención al mensaje que me transmitió ayer, vía telefónica, con relación a la sugerencia del ciudadano Presidente, Ingeniero Hipólito Mejía, para que me hiciera cargo como abogado del Estado, constituido en parte civil, contra los pasados funcionarios envueltos en actos de corrupción, tengo a bien llevar a su conocimiento, para que así se lo transmita al Presidente Hipólito Mejía, lo siguiente:
En primer lugar, me siento halagado como ciudadano y como abogado por el hecho de que se me haya tomado en cuenta para actuar en una labor profesional que, primero, requiere esfuerzo, seriedad, capacidad y, segundo, veo con buenos ojos la inquietud moralizadora iniciada por el actual gobierno, la que espero lleve hasta las últimas consecuencias, como son las aspiraciones más sentidas del pueblo dominicano. Paso a dar contestación a la solicitud que por su mediación se me ha hecho y que motivó su llamada y esta respuesta.
Como es de su conocimiento, además de abogado en ejercicio durante treinta y tres (33) años, he hecho vida pública, incidiendo en la vida política del país por más de cuarenta y siete (47) años, ya como miembro de un partido y, desde hace mucho tiempo, en forma independiente.
He tratado de ser coherente en mis actuaciones profesionales, políticas y sociales y en tal sentido he creído, y así lo he expuesto públicamente, que la corrupción es un fenómeno inherente al sistema social bajo el cual vivimos los dominicanos y la generalidad de los países de América Latina y el Caribe.
En lo que respecta a nuestro país, tengo la creencia de que todos los gobiernos que hemos padecido en el presente siglo, en su generalidad, han tolerado la corrupción, unos, y otros la han fomentado. Partiendo de tal criterio creo que para ser coherente y justo hay que accionar contra todos los que durante los diferentes gobiernos se han enriquecido con los dineros del erario y las empresas estatales.
La idea anterior también la expresé en el periódico El Nacional, de fecha 28 de julio del año en curso, al responder una pregunta que me formuló el periodista Edgar Valenzuela, cuando le dije: “El presidente electo Hipólito Mejía, debe llevar a la cárcel a todo el que se ha enriquecido en el país con los dineros del pueblo, sin importar coyuntura política o gestión gubernativa; la acción pública debe ser puesta en movimiento contra todos aquellos funcionarios, actuales o pasados, que hayan cometido actos de corrupción. Es a todos los delincuentes que hay que llevar a la cárcel, sean del PLD, del PRD o sean del Partido Reformista”.
Para no hacer más larga esta misiva, y ante la solicitud que tuvo a bien transmitirme, paso hacerle las siguientes precisiones.
Que estoy en disposición de presidir un equipo de abogadas y abogados seleccionado previamente por mi, para en nombre del Estado constituirnos en parte civil contra todos los funcionarios públicos, que se hayan enriquecido con recursos del pueblo, del actual o pasados gobiernos.
Que antes del equipo ser apoderado, el gobierno ponga en manos de los jueces de instrucción y/o ministerio público los expedientes indicando los funcionarios contra los cuales el equipo de abogados actuará, incluyendo necesariamente los de los últimos diez (10) años, sin distinción de investidura ni rangos civiles o militares, incluyendo investigar patrimonios de actuales funcionarios y de otros no afectados de prescripción.
Que el gobierno se comprometa a suministrar todos los documentos necesarios para aportarle al equipo de abogados las pruebas que le sean requeridas para presentarlas ante los tribunales ordinarios del país en todos los asuntos relacionados con casos de corrupción.
Que además de ser apoderados para constituirnos en nombre del Estado contra actos corrupción, quedemos en libertad, el equipo de abogados, de accionar sin reservas contra cualquier acto doloso que afecte los bienes del Estado.
Que el poder que el gobierno otorgue al equipo de abogados incluya la facultad de requerir y obtener documentos que revelen el origen del patrimonio de actuales y pasados funcionarios públicos.
Que el equipo de abogados quede en plena libertad de solicitar, y el gobierno se obliga a obtener, todas las piezas, documentos, datos o pruebas que puedan reposar en los archivos de cualquier oficina del gobierno, sin importar que sean en instituciones públicas, policiales, militares o estatales de cualquier naturaleza.
Que constituye un elemento determinante para la aceptación del poder por parte del equipo, sin lo cual no trabajaría ni aceptaría, el hecho de que el gobierno se niegue, sin justificación valedera, a juzgar por el equipo de abogados, a poner a disposición de la justicia cualquier funcionario suyo contra el cual se aporten pruebas de corrupción.
Que el gobierno se obliga y acepta que el equipo de abogados queda en plena libertad de renovar, si así lo considera de lugar, otras instancias y expedientes por actos de corrupción de las cuales el Estado haya desistido y que se encuentren pendientes ante los tribunales del país.
En caso de ser aceptadas las condiciones antes expuestas, por mis servicios profesionales no cobraría nada; al hacerlo así me siento que estoy dando algo de lo tanto que el pueblo dominicano aportó para mi formación profesional y, además, porque estaría contribuyendo a higienizar el ambiente político y social del país.
Los demás abogados y abogadas que me acompañen en la conformación del equipo, que no serían más de tres (3), discutirían con el gobierno el monto de los honorarios a recibir por su trabajo.
Si no fuera porque el trabajo profesional que se me ha solicitado entraña ligazón entre el ejercicio de la abogacía y la política, hubiera aceptado sin condiciones la solicitud que por su mediación se me ha hecho.
Esta respuesta coincide con la que en su oportunidad di ante un pedimento que se me hizo por medio de un hombre a quien mucho distingo y el país agradece, en parte, la desaparición de la dictadura personal de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Aguardo su contestación. Con alta estima, distinción y afecto, le saluda. Atentamente.
7.- La posición expuesta por mí en la carta antes reproducida, de la cual nunca recibí respuesta, responde al criterio que tengo con relación al fenómeno de la corrupción y su naturaleza sistémica. En el fondo, la actitud contenida en la misiva al doctor Guido Gómez Mazara, es la misma que asumí frente al ofrecimiento que por medio del general Antonio Imbert, en su oportunidad, me hizo el doctor Joaquín Balaguer
8.- Para mí resultaba inaceptable accionar como abogado contra los peledeístas que habrían sustraído fondos públicos durante el periodo 1996-2000, y dejar fuera a los desfalcadores de gobiernos anteriores. El criterio político que tengo con relación a la corrupción como una tara social, no lo puedo desligar en el terreno legal como abogado.
9.- Mal podría yo llevar un expediente contra un corrupto morado, y hacerme el loco frente a un colorado o blanco; del patrimonio del Estado deben responder todos aquellos que lo han administrado como suyo sin rendir cuentas a su dueño, el pueblo dominicano.
10.- Políticamente no he tenido ni tengo preferencia por ningún corrupto. De mi parte no hay inclinación ni debilidad, odio ni antipatía para quien se coloca al margen de la ley haciendo gárgara con lo que nos pertenece a todos los dominicanos y dominicanas.
11.- En mi accionar político y profesional no tengo corruptos preferidos. No hago coro a quienes erróneamente combaten a unos depredadores y santifican a otros. Personalizar la corrupción en un corrupto, favorece a los corruptores y corruptos, a la vez que contribuye a sembrar confusión en la conciencia de las masas populares.
