La socióloga e investigadora cree que se necesitan legislaciones especiales para garantizar la igualdad
El Código Penal de nuestro país data del año 1844. En el Congreso Nacional reposa la posibilidad de incluir dentro del mismo la figura de la discriminación por sexo. Esto representaría un paso significativo para la protección de toda la población contra la discriminación sexista. No obstante, existen esfuerzos considerables para eliminar dicha figura, ya que esta representa una traba ante la imposición de las políticas de “identidad de género” que se promueven.
Recordemos que el pasado ocho de marzo, el Estado dominicano vía Ministerio de la Mujer, propuso introducir también en el Código Penal, la penalización de la disidencia política respecto al concepto de “identidad de género”, con hasta treinta años de cárcel y cien salarios mínimos. Este concepto automáticamente pulveriza los derechos basados en el sexo.
Con el fin de entender este tema, hemos entrevistado a políticas y legisladoras de países donde ya existen protecciones legales respecto a la discriminación por sexo. En esta ocasión, conversamos con la ex secretaria de Estado de Igualdad de España (2018-2020) Soledad Murillo de la Vega. La socióloga e investigadora también ha sido miembro del Comité Antidiscriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas (2011-2015) y fue secretaria general de Políticas de Igualdad durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008).
Raquel Rosario Sánchez: Usted ha trabajado en varias leyes consideradas feministas, incluyendo la Ley Orgánica española para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres del 2007.
¿Qué la inspiro a trabajar a favor de los derechos de las mujeres en las políticas públicas?
Mi primer contacto con la igualdad lo tuve cuando estaba de voluntaria en un hospital psiquiátrico. Tenía 22 años y estaba estudiando sociología. Allí conocí a una gran doctora, la doctora Carmen Sáez, quien dirigía grupos terapéuticos con mujeres diagnosticadas previamente de depresivas.
La doctora Sáez les preguntaba, ¿cuántas veces las personas que vivían con ellas, o que ellas querían, se preocupaban de cómo estaban? Mientras, esas mujeres se dedicaban su vida entera a cuidar a todo el mundo: con 20 años a su novio, y con 40 a todos los demás. Y encima, añadía la doctora Sáez, sin pedir nada a cambio. En ese momento empecé a pensar que la sociedad estafaba a las mujeres.
Usted ha sido secretaria de Estado de Igualdad de España, y tiene una larga trayectoria como activista. ¿Qué la motivó a participar en la política, un ámbito tradicionalmente de hombres y muchas veces machista?
Fundamentalmente he sido activista y feminista, y mi trabajo como académica ha sido trabajar directamente con organizaciones no gubernamentales, lo que me proporcionó de una excelente red entre todas las asociaciones de mi país. Esto fue lo que me hizo conocida dentro del movimiento feminista.
Cuando el ministro de Trabajo me llamó, para ser secretaria de políticas de igualdad, yo estaba dando clases en la universidad y no había militado en ningún partido político. De hecho, me dijo que había preguntado por mí y las mujeres le dieron muy buenas referencias sobre mi trabajo, basado en el análisis del uso del tiempo.
Después acepté ocupar el cargo de Secretaria de Estado, porque antes había sido Secretaria de Políticas de Igualdad desde el año 2004 al 2008, donde trabajé en dos leyes fundamentales, la Ley contra la Violencia de Género del 2004 y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del 2007. Mi experiencia en la administración pública y en el gobierno me aportaron un conocimiento sobre los engranajes del poder político.
El artículo 14 de la Constitución española del 1978 establece: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. ¿La iniciativa de incluir el sexo biológico en la constitución española viene del movimiento feminista o del ámbito jurídico?
Es un artículo básico en las normas constitucionales. Habíamos salido de la dictadura franquista y el artículo 14, que no desarrolla el concepto de igualdad entre hombres y mujeres, era básico para entender la desigualdad entre los sexos. Como en todas las constituciones, se incluye este concepto, pero lo que lo convierte en un artículo a desarrollar, es que esta conceptualización luego se traduzca en una ley orgánica u ordinaria. Es decir, sin ese paso, las constituciones se quedan muy abstractas.
Algunos países alrededor del mundo tiene leyes específicas sobre la discriminación por sexo, o en su caso una ley de igualdad entre mujeres y hombres, pero muchos países todavía no. ¿Cómo surge este reconocimiento en España?
Las políticas de igualdad dependen de un gobierno justo y comprometido con la mayoría de su población, que en todos los países somos las mujeres. Por otra parte, dependen de que se le preste atención al movimiento feminista.
En España, la Ley Orgánica para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 2007 prohíbe la discriminación por razón de sexo, cuando ocurre de manera directa e indirecta. ¿Existe alguna legislación anterior a esta que protegiera contra la discriminación por sexo?
No, fue la primera ley de carácter transversal, puesto que modifica más de 35 leyes. Y hasta para poner primero “entre mujeres y hombres”, tuvimos meses de negociación. Y muchísimas más negociaciones para las listas proporcionales en las candidaturas electorales de los partidos políticos que concurrieran a elecciones tanto municipales, como generales.
La Ley de Igualdad modificó la Ley Electoral. Las listas electorales ahora tienen que guardar una proporción de un máximo del 60% de un sexo y un mínimo del 40% del otro. Así debe haber aproximadamente un 50% de cada sexo. De esa manera, se evita que un sexo se agolpe arriba o abajo de la lista.
Ahora bien, ese 40% no nos corresponde a nosotras las mujeres porque somos la mayoría de la población. Y en dado caso, existen maneras de que ese porcentaje sea intermitente para que no siempre nos toque la minoría. Pero en la práctica, los privilegios masculinos a veces se colocan en primer lugar, y hacen que a las mujeres nos reserven el porcentaje más pequeño.
El resultado es que, a simple vista, parecería como que a las mujeres se nos ha otorgado una cuota. Pero nosotras no abogamos por una cuota, sino por la proporcionalidad y la paridad. En ese momento, no conseguimos la paridad. Respecto a la proporcionalidad conseguimos, por ejemplo, la técnica de la lista cremallera: que en los puestos estén mujer-hombre o hombre-mujer. Para que toda la lista guarde esa proporcionalidad se miran los tramos: de cada cinco puestos debe haber una relación de tres hombres y dos mujeres, o de tres mujeres y dos hombres.
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España acaba de publicar el libro ‘El sexo en disputa: de la necesaria recuperación jurídica de un concepto’, recopilado por la catedrática Rosa María Rodríguez Magda. Según su consideración, ¿a qué se debe que este concepto jurídico (el sexo) haya caído en desuso a nivel internacional?
Es un gran libro. Y esto ocurre por varias razones. Número 1: El lobby internacional de las políticas de identidad de género se ha impuesto, desacreditando la lucha feminista. ¿Cómo se pueden elaborar estadísticas desagregadas por sexo, si éste no existe? Número 2: a la clase política le cuesta menos dinero la ausencia de políticas de igualdad y les supone mayor comodidad difuminar la lucha de las mujeres y dedicarse a fomentar la conciliación, que es una forma tradicional de tratar la desigualdad, en vez de fomentar la corresponsabilidad. Y número 3, a los varones no parece incumbirles este problema, porque no les priva de ningún derecho.
Algunas personas argumentarían que los conceptos “sexo” y “género” son intercambiables. En términos legislativos, ¿los considera equivalentes o considera que existe una distinción jurídicamente significativa?
Me parece una maniobra antifeminista. Y lo peor es que muchas mujeres no lo han visto y simpatizan con esa estética de “todo vale”. ¿Cómo vamos a trabajar la brecha de género, o la violencia de género, si el género es solo un término o una definición semántica de significado fluido?
En su opinión, ¿a qué se debe la discriminación por sexo?
A la malversación de definir a las mujeres como un “colectivo” cuando estadísticamente, en el censo de los países somos la mayoría de la población. A este colectivo se le añade el aclarando de “colectivo con problemas” y ya tenemos todo hecho. Las minorías masculinas ejercen el derecho de admisión de las mujeres, y algunas mujeres ahora están creyendo que ni el sexo biológico, ni el género como conceptualización feminista existen. ¿Se le ocurre mejor maniobra para desmovilizar el feminismo? Debemos recordar que los privilegios masculinos no se ceden, se alimentan entre ellos.
¿Qué consejo le daría a las mujeres que les interesa la construcción de políticas públicas, pero que se sienten intimidadas?
La política es el modo de hacer leyes capaces de poder demandar a los tribunales, en el caso de que una mujer sufra violencia o la acosen por la calle. Sé que esto luego depende de los jueces, de la salud legislativa de cada país y de los parlamentos, pero merece la pena intentarlo. El feminismo activista y la política deben ir de la mano. ¡Siempre!
