El Gobierno ha creado varios instrumentos para combatir el flagelo, pero no han rendido los resultados esperados
Las acciones del Gobierno para contener la corrupción en las distintas instituciones del Estado han resultado insuficientes para combatir el flagelo que mantiene a la República Dominicana entre los diez países más corruptos del mundo, según el Índice Global de Competitividad 2016-2017 que elabora el Foro Económico Mundial.
La creación de comisiones de veedurías y comités de ética han aportado muy poco a la transparencia que pregona el Gobierno de Danilo Medina, en cuya gestión han explotado varios escándalos de corrupción, con el caso Odebrecht como emblema, el cual involucra a diez políticos y empresarios, incluido el exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, por su presunta implicación en los sobornos que la multinacional brasileña pagó para lograr la concesión de obras públicas.
A esto se le suman los asesinatos del abogado y catedrático, Yuniol Ramírez y los locutores Leonardo Martínez y Luis Manuel Medina, así como el suicidio del arquitecto David Rodríguez que pusieron al descubierto una serie de irregularidades administrativas a lo interno de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que solo después de los sangrientos hechos, motivaron a la destitución de sus incumbentes. Por estos casos, solo guarda prisión preventiva, el exdirector de la OMSA, Manuel Rivas.
Otro escándalo de corrupción que pesa sobre el actual Gobierno es el que involucra la venta de terrenos del sector Los Tres Brazos por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).
Pese a contar con instituciones formales como la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, encargadas de fiscalizar la gestión de los recursos públicos, la administración de Medina se ha caracterizado por crear una serie de instrumentos paralelos para combatir la corrupción administrativa, como son la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), las Comisiones de veedurías institucionales y el fortalecimiento de la Cuenta Única del Tesoro, los cuales exhiben pocos resultados.
54% no valora acciones
Sin embargo, el 54% de la población no percibe que el Gobierno está haciendo esfuerzos para disminuir la corrupción, según la más reciente encuesta Gallup-Hoy publicada la semana pasada.
El 45% de los encuestados dijo conocer casos de corrupción administrativa sin sanciones; un 66% dijo que en el Gobierno hay más corrupción que en el sector privado, mientras el 53% opinó que en este Gobierno hay más corrupción que en la gestión pasada.
Hay 206 comisiones de ética
La Digeig, fue creada mediante el Decreto 486-12, en el año 2012, con la finalidad de ser el órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información en el ámbito administrativo. Al 1 de septiembre de este año se habían juramentado 206 comités de ética pública, conformados por 2,200 servidores públicos.
Según ha dicho recientemente la directora de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, estos comités complementan el trabajo las comisiones de veeduría. Uno de los roles de la institución que dirige actualmente Lidio Cadet, es investigar aquellas denuncias de prácticas que atenten contra la probidad y que provengan desde algún sector en especial o del rumor público. Así como el compromiso explícito de darles seguimiento hasta poder presentar conclusiones.
Veedurías quedaron en el aire
En el 2014, el Gobierno de Medina, ordenó mediante el decreto 188-14 la creación de comisiones de veedurías institucionales con la misión de observar, vigilar y monitorear los procesos de compras y contrataciones que se realicen en las instituciones donde fueren integradas.
No obstante, las referidas comisiones, conformadas en 25 instituciones por periodistas, académicos, religiosos y miembros de la sociedad civil han quedado en una especie de limbo ante los retrasos en la entrega de las informaciones solicitadas, imposibilitando a la ciudadanía conocer las interioridades de los procesos que estaban llamadas a vigilar.
Los miembros de algunas comisiones prefirieron renunciar ante la incapacidad de instituciones como el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y del Ministerio de Obras Públicas, de dar respuesta a sus requerimientos.
Sin embargo, este año el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, manifestó que en algunos casos las comisiones no han estado trabajando al ritmo habitual porque algunos de sus integrantes tenían dificultades para conciliar su agenda personal con la agenda de cada consejo y quedaron algunos espacios libres.
Según el funcionario, las comisiones de veeduría, han sido transcendentales para fomentar el clima de transparencia y prevenir la corrupción.
Otra iniciativa anticorrupción es la Cuenta Única del Tesoro que a mayo de este año, tenía a 258 entidades públicas depositando todos los recursos recaudados en una cuenta especial, eliminando la discrecionalidad de los funcionarios en el manejo de los fondos públicos.
La Contraloría es otra dependencia del Poder Ejecutivo facultada para ejercer la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos. Tiene 213 unidades de auditoría interna en las distintas instituciones del Estado.
Auditorías con resultados poco satisfactorios
En los últimos siete años la Cámara de Cuentas ha enviado 79 auditorías a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que según su presidente Hugo Álvarez, evidencian indicios graves de violaciones penales a las Leyes de Compras y Contrataciones y de Función Pública, entre otras. Aunque los resultados de la auditoría realizada al Hospital Darío Contreras, arrojó serias irregularidades, no hubo mayores consecuencias. Los auditores verificaron que la OISOE, dirigida entonces por Miguel Pimentel Kareh, suscribió un primer contrato con la empresa Proyecciones Luxor SRL por un monto de RD$886,522,148, y posteriormente suscribió una enmienda por RD$813,131,896, equivalente al 67% por encima del porcentaje correspondiente, con un exceso de RD$591,501,359. El informe indica que la obra se declaró de urgencia, pero no se emitió un informe a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas para que tuvieran conocimiento de la declaratoria y que la remodelación se hizo con planos sin las aprobaciones correspondientes, con diseños no avalados por el Ministerio de Salud Pública.
206
Comités de ética pública Operan en distintas instituciones para velar por el buen uso de los recursos públicos.
213
Unidades de auditoría interna funcionan como oficinas satélites de la Contraloría para fiscalizar el buen uso de los fondos.
25
Comisiones de veeduría fueron conformadas para monitorear los procesos de compras y contrataciones en el Estado.
