Activistas sociales conforman Coalición

Los activistas dejaron constituida la Coalición en un acto realizado en la UASD.

En una asamblea a la que asistieron decenas de personas, entre ellas activistas sociales, líderes comunitarios, empresarios y religiosos, quedó constituida la “Coalición Democrática por la Regeneración Nacional” que persigue promover varias reformas institucionales.

Durante la asamblea de la Coalición, que de acuerdo a sus integrantes no busca constituirse en un partido político, se aprobaron los “Lineamientos básicos para un Gobierno de regeneración nacional y un modelo de desarrollo” con los que los participantes se comprometieron a conformar una gran alianza político social de cara a las elecciones del año 2020 que “alienten las bases democráticas de un nuevo modelo de desarrollo político, económico y social”.

Al leer la proclama de Santo Domingo, el jurista Fernando Henríquez, dijo que “ningún partido político puede por sí solo impulsar los cambios políticos que demanda la sociedad ni vencer la inmensa maquinaria de dominio y manipulación del Estado que se nos ha impuesto”.

Llaman a enfrentar desesperanza

Henríquez declaró que “el cambio democrático solo será posible con la influencia y articulación de amplios sectores sociales y políticos como los que se han expresado en el Movimiento Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad.

La Coalición pidió enfrentar la desesperanza generalizada, tras afirmar que la nación padece a través de los años los mismos grandes males.

Los linamientos que fueron leídos por la activista Brinela Fernández, priorizan un programa de reformas que se las plantearán a partidos políticos en febrero de 2019.

Dentro de esas reformas expuestas por Fernández se encuentra un programa de erradicación de la delincuencia, la criminalidad y la violencia de género en el país, así como una serie de políticas contra la inmigración.

Plantean reforma a los poderes del Estado

Otras líneas planteadas fueron la reforma de políticas e institucionales que reestablezcan la “democracia y la independencia” de los poderes del Estado, específicamente del Judicial, del Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas, los órganos electorales, la Defensoría del Pueblo, así como las superintendencias.

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