Jarabacoa, La Vega.– La Junta de Vecinos del Complejo Habitacional Ercilia Pepín denunció que a los arrendatarios se les estaría exigiendo un pago de RD$5,000 para autorizar la entrada de materiales de construcción y otro de RD$33,000 por supervisión de obras, cargos que, según sostiene, no están contemplados en sus contratos. La organización también solicitó al Ministerio de Medio Ambiente investigar la tala de pinos dentro del recinto.
Mediante un comunicado público, la agrupación comunitaria reclamó a la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS), señalada en el documento como responsable de administrar el complejo, explicar el fundamento de estas disposiciones y convocar una reunión con los arrendatarios.
El reclamo reúne cuatro peticiones: eliminar ambos cobros, detener la intervención de las áreas verdes hasta que se presenten los planos del proyecto y se consulte a la comunidad, y establecer un diálogo formal con la dirección de la institución.
Según la junta de vecinos, el primer cargo corresponde a la emisión de una autorización para introducir materiales destinados a reparar, remodelar o ampliar las cabañas. La organización considera improcedente exigir RD$5,000 por ese trámite, al afirmar que la documentación contractual conocida por los arrendatarios no contempla esa obligación.
A ese pago, agrega el comunicado, se sumaría otro de RD$33,000 por concepto de viáticos y supervisión de la arquitecta vinculada al complejo. De acuerdo con la denuncia, este último se pretendería aplicar cuando un arrendatario realice intervenciones como construir un baño, ampliar una galería o habitación, remodelar un jardín o ejecutar otras modificaciones.
La agrupación pidió que CORPHOTELS precise la base contractual, administrativa y legal de esos cargos. Su posición es que las reparaciones y mejoras han sido asumidas históricamente por los propios arrendatarios, con sus recursos y conforme a las condiciones de los acuerdos de arrendamiento.
La controversia también alcanza el manejo de los espacios naturales del complejo. Aunque la junta reconoce la importancia de disponer de un parque infantil para las familias, cuestiona que se haya seleccionado e intervenido un área verde sin consultar previamente a la organización ni consensuar su ubicación con los arrendatarios.
En particular, expresó preocupación por el desmonte de pinares, a los que identifica como uno de los principales atractivos naturales y paisajísticos del Complejo Habitacional Ercilia Pepín.
Por esa razón, solicitó suspender las intervenciones hasta que sean presentados los planos y detalles del parque infantil y se evalúe su ubicación con participación de la comunidad. Asimismo, pidió al Ministerio de Medio Ambiente investigar los trabajos de tala de árboles señalados en el comunicado.
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Los comunitarios también reclamaron una reunión entre la dirección de CORPHOTELS, la directiva de la junta y todos los arrendatarios, para recibir explicaciones oficiales y acordar mecanismos de comunicación sobre las decisiones económicas, administrativas y de infraestructura que afectan al recinto.
“Nuestro propósito no es obstaculizar el desarrollo del Complejo Habitacional Ercilia Pepín, sino defender los derechos de los arrendatarios, preservar sus áreas verdes y procurar una administración transparente, participativa y respetuosa”, manifestó la organización.
El documento recoge la posición de la junta de vecinos y no incluye una respuesta de CORPHOTELS ni documentación que permita establecer el fundamento de los cobros cuestionados. La agrupación manifestó que espera una explicación oficial y una pronta convocatoria al diálogo.
