Astacio asegura es respetuoso en proceso que lleva MP sobre las EDE

El vicepresidente ejecutivo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) aseguró que es respetuoso del proceso que lleva el Ministerio Público con relación a la querella que depositó en la Procuraduría General de la República, por un alegado fraude en las distribuidoras eléctricas.
“Esas personas están revestidas de un sinnúmero de garantías que les da la Constitución de la República, de las cuales nosotros somos absolutamente respetuosos, más allá de la querella en la cual el Gobierno busca un resarcimiento por lo que fue víctima. Esto es una investigación que está en proceso”, dijo Andrés Astacio, cuando se le preguntó sobre el tema y sobre un comunicado emitido por el exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Rubén Jiménez Bichara, en el que aclaró que esa institución no hacía compras, ni tenía una parte operativa, ni mucho menos un territorio que gestionar, por lo cual no debería figurar en la querella depositada.

En la Entrevista Especial de elCaribe-CDN, Astacio dijo que iniciar un proceso penal nunca es agradable para nadie, especialmente para la víctima, y resaltó que la nueva Administración cumplió con el deber de iniciar un proceso de auditoría a su llegada a las EDE.

“El depósito de una querella es el inicio de un proceso, de una investigación a cargo del Ministerio Público, que es quien dirige la acción pública, y no del gobierno”, agregó Astacio.

El fraude del que se ha hablado en las distribuidoras es de unos RD$30,000 millones. Resaltó que le llevó 10 meses compilar los distintos hallazgos que se habían encontrado, mismos que arrojaron que había patrones que a su vez dejaron ver conductas analizadas por los abogados, quienes determinaron que ahí podía haber tipos penales.

Según el vicepresidente de las EDE, lo que era una práctica que generaba una teoría, se constataba en la realidad, en el momento que se iba al mercado de suministro a adquirir materiales, donde se comprobó que la reducción de costo es de un 80 %, respecto a los precios a que anteriormente se compraba en la gestión pasada de las distribuidoras.

“Lo que hicimos fue anunciar al país esa reducción de costos, como parte de nuestra responsabilidad como administración. Ahí es que nos llamó la Procuraduría, la cual, entiendo, también estaba llevando una investigación. Nos pide que aportemos las evidencias de lo encontrado y procedimos a aportar y a depositar la formal querella con constitución en parte civil, con el fin de de que el Estado pueda recuperar y recibir el resarcimiento por el daño que a nuestro entender le ha sido causado”, dijo.

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