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La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha publicado un informe detallado sobre la auditoría realizada a las informaciones financieras del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) los hallazgos en esta auditoria no solo ponen bajo escrutinio a antiguos funcionarios, sino también al modelo de administración pública de ese período.
Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019 en el Ministerio de Industria y Comercio se revelaron múltiples inconsistencias presupuestarias y operativas que comprometen la transparencia y eficiencia del gasto público.
Este informe pone bajo escrutinio la gestión de los exministros José Manuel del Castillo Saviñón (2012-2016) , Juan Temístocles Montás (2016-2017) y Nelson César Antonio Toca Simó (2017-2020) , quienes dirigieron la institución durante el período auditado.
Irregularidades en transferencias bancarias
Los auditores detectaron transferencias bancarias por RD$18,575,212 realizadas entre 2015 y 2016, correspondientes a compensaciones por uso de vehículos y horas extras. Sin embargo, no se encontró documentación suficiente para justificar estos pagos. Los exministros argumentaron que dichas compensaciones no existían durante sus gestiones, pero la falta de soporte documental deja dudas sobre la veracidad de estas afirmaciones.
Diferencias entre nómina física y ejecución presupuestaria
Un hallazgo preocupante fue la diferencia significativa entre la nómina física y la ejecución presupuestaria , que ascendió a RD$44,472,214 . Esta discrepancia sugiere problemas en la planificación y control de recursos humanos dentro del MICM, lo que podría haber derivado en sobrecostos innecesarios.
Errores en el cálculo del impuesto sobre la renta
Otro punto crítico fue la detección de errores en el cálculo del impuesto sobre la renta a asalariados , con un monto total de RD$17,607,235 .
Estos errores podrían haber afectado negativamente tanto al Estado como a los empleados involucrados, dependiendo de si los montos fueron subestimados o sobrestimados.
Contratación de personal con conflictos de interés
La auditoría también identificó casos de personal contratado con relación de parentesco con funcionarios de alto rango , lo que representa un claro conflicto de interés.
En total, se erogaron RD$4,999,667 en salarios a personas vinculadas directamente a altos cargos dentro del MICM. Este tipo de práctica socava la meritocracia y debilita la confianza pública en la institución.
Pagos sin soporte documental
Se detectaron múltiples pagos realizados sin la documentación necesaria para respaldarlos, incluyendo:
- Servicios de inteligencia: Pagos por RD$270,000,000 sin justificación ni evidencia de los servicios prestados.
- Raciones alimenticias: Erogaciones por RD$137,488,896 sin documentos que validaran la entrega de dichos bienes.
Estas anomalías ponen en entredicho la transparencia en la asignación de recursos y sugieren posibles casos de malversación.
Asesores contratados sin autorización
La auditoría reveló que se realizaron pagos por RD$228,700,448 a asesores externos sin la autorización previa del Ministerio de Administración Pública . Esto viola las normativas establecidas para garantizar la transparencia en la contratación de personal técnico y asesor.
Respuesta de los exfuncionarios
En una carta conjunta enviada en noviembre de 2022, los exministros Temístocles Montás y Nelson Toca Simó negaron cualquier responsabilidad directa sobre los hallazgos.
Argumentaron que “en el período señalado no se pagó un solo centavo por compensación por uso de vehículo” y que las horas extras estaban debidamente reguladas y validadas por instituciones rectoras.
Sin embargo, la falta de documentos que sustenten estas afirmaciones deja abiertas muchas preguntas sobre la veracidad de sus declaraciones.
En el caso del Ministerio de Hacienda la auditoria revelo múltiples inconsistencias que ponen bajo escrutinio la gestión del exministro Donald Guerrero Ortiz , quien encabezó la institución hasta agosto de 2020.
Guerrero es uno de los principales acusados en el caso de corrupción conocido como “Operación Calamar” , lo que añade relevancia a los hallazgos de esta auditoría.
Partidas sin soporte contable
Los auditores detectaron partidas presupuestarias por un monto total de RD$46,580,555 que carecen de soporte contable.
Estos expedientes no cumplen con los requisitos mínimos de documentación para justificar los pagos realizados, lo que sugiere posibles irregularidades en la asignación de recursos.
Ingresos no depositados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT)
Se identificaron ingresos por un valor de RD$109,521 que no fueron depositados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) , violando las normativas establecidas para centralizar y controlar los ingresos públicos. Esta falta de depósito representa un riesgo significativo para la integridad financiera del Estado.
Débil proceso de adquisición de combustible
La auditoría también destacó debilidades en los procesos de adquisición de combustible. Los expedientes revisados muestran inconsistencias en la documentación, falta de procedimientos claros y ausencia de justificación adecuada para los montos asignados. Estos problemas podrían haber derivado en sobrecostos innecesarios.
Consultorías contratadas sin cumplir normativas legales
Se detectaron múltiples contrataciones de consultorías sin cumplir con las formalidades legales requeridas. Entre los casos más relevantes se encuentran:
- Contratos por RD$4,915,102 , RD$795,000 y RD$6,313,000 , respectivamente, sin procedimiento de selección adecuado.
- Ausencia de aplicaciones de normas especiales para la contratación de servicios técnicos.
Estas anomalías ponen en duda la transparencia en la asignación de recursos y sugieren posibles casos de favoritismo o malversación.
Bienes muebles no registrados ni ubicados físicamente
La auditoría reveló que bienes muebles valuados en RD$808,064 no están registrados en el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB) .
Además, otros bienes por un monto de RD$283,895 no fueron identificados ni localizados físicamente. Esto evidencia graves fallos en el control patrimonial del Ministerio de Hacienda.
Pagos por asesorías sin autorización del MAP
Se realizaron pagos por servicios de asesorías por un valor total de RD$19,383,333 sin la debida autorización del Ministerio de Administración Pública (MAP) . Estos pagos no solo violan las normativas vigentes, sino que también generan incertidumbre sobre la naturaleza y utilidad de dichos servicios.
En cambio, al Instituto Nacional de Atención integral a la Primera Infancia (INAIPI) durante el período comprendido entre agosto de 2016 y diciembre de 2020 el análisis revela múltiples inconsistencias en los procesos de compras y contrataciones, comprometiendo la transparencia y eficiencia del uso de recursos públicos.
Berlinesa Franco renunció en abril de 2020 tras ser vinculada a acusaciones de corrupción relacionadas con la adquisición de kits alimenticios y otros insumos durante la pandemia del Covid-19 .
Contrataciones sin soporte legal
Los auditores detectaron múltiples contrataciones realizadas sin cumplir con las normativas legales establecidas. Entre los casos más relevantes se encuentran:
- Adquisición de 40,000 kits de productos alimenticios por un monto de RD$100,000,000 , cuyos bienes no estaban incluidos en los alcances de los decretos base para declarar emergencia por el Covid-19 .
- Falta de procedimientos claros y justificación técnica para los montos asignados.
Estas anomalías sugieren posibles casos de malversación o uso indebido de fondos públicos.
Incumplimiento en la entrega oportuna de productos
Se identificó que productos contratados bajo procesos de emergencia para la prevención del Covid-19 no fueron entregados oportunamente. Entre los ejemplos más destacados están:
- Insumos médicos por un valor de RD$61,608,923 que nunca llegaron a su destino final.
- Contratos por RD$103,540,822 que presentaron inconsistencias en su ejecución, lo que afectó la calidad y efectividad de los programas destinados a la primera infancia.
Falta de transparencia en los procesos de urgencia
La auditoría también reveló graves fallos en los procesos de contratación por emergencia sanitaria declarada durante la pandemia. Entre los hallazgos se incluyen:
- Ausencia de documentación que respalde la necesidad de los bienes y servicios adquiridos.
- Procedimientos de selección inadecuados que favorecieron a ciertos proveedores.
Aunque algunos de los involucrados han negado las acusaciones o argumentado que ciertas prácticas eran comunes en su momento, las auditorías representan una herramienta crucial para garantizar la responsabilidad institucional.
