El proyecto de Ley sobre la Declaración Jurada de Patrimonio sometida por el senador Charlie Mariotti en el 2011, previo a su promulgación como ley, contenía medidas que permitían la suspensión de sus funciones a un servidor público de no presentar la declaración jurada. El artículo 13 del proyecto de ley establecía que si un servidor público no presenta su declaración jurada de bienes dentro del plazo otorgado por la Cámara de Cuentas quedará inmediatamente suspendido en sus funciones.
Asimismo, en caso de reincidencia, podrán ser sancionados con la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por un periodo igual al que debía ocupar. En la actual Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, esta medida no está contemplada.
El legislador había explicado a elCaribe en la edición de este martes, que en el borrador existían aspectos mucho más duros relacionados con la rendición de cuentas en materia impositiva, que aparentemente fueron eliminados, y que ante la necesidad de aprobar la ley se aceptó.
Otro aspecto que quedó eliminado fue referente al enriquecimiento ilícito. El borrón de la ley establecía que “el patrimonio cuyo origen no pueda ser probado por el declarante se reputará como producto de enriquecimiento ilícito y se solicitará su confiscación al tribunal competente. Con la emisión de la sentencia de confiscación quedará configurado el delito de enriquecimiento ilícito”.
Uno de los elementos que incluyen las sanciones por enriquecimiento ilícito son penas de cinco a diez años de reclusión a los funcionarios públicos que resulten responsables de este delito.
