El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) denunció que la nueva Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 155-17, viola varios preceptos constitucionales, por lo que depositó un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC).
Miguel Surún Hernández, presidente del CARD, dijo que el literal E del artículo 33 de la Ley 155-17 viola los artículos 40, 44 y 69 de la Constitución, el artículo 17 del Código Procesal Penal, así como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Dijo que también viola el decreto No. 1290, que ratifica el Código de Ética del CARD y la Ley 91 del Colegio de Abogados.
Surún Hernández explicó que identificar a los abogados como “sujetos obligados”, pasibles de sanciones penales, civiles u administrativas por hechos derivados de sus clientes, violenta el principio de la personalidad de la persecución penal, contenido en el artículo 40, numeral 14 de la Constitución de la República que dispone: “Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro”.
Asimismo, dijo que viola el artículo 17 del Código Procesal Penal, que plantea que “Nadie puede ser perseguido ni sometido a medidas de coerción, sino por el hecho personal. La retención de personas ajenas a la comisión de un hecho punible para obtener su colaboración o la entrega del imputado, es sancionado por la ley penal”.
El presidente del CARD dijo que “al analizar este principio recordamos las antiguas prácticas de la Policía que consistían en detener la madre, padre o familiar del sospechoso perseguido por la justicia para obtener colaboración del imputado”.
Advirtió que la Ley 155-17 de Lavado de Activos establece consecuencias penales y civiles contra los abogados que no colaboren, ni cumplan con las obligaciones contra su cliente.
