La investigación especial hecha por la Cámara de Cuentas al programa de suministro de material asfáltico AC-30 llevado a cabo por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa General Supply Corporation revela que se pagaron 3,500 millones de pesos sin soporte documental.

“Por concepto del contrato de línea de crédito suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y el Banco de Reservas, que establece la restricción del 10% en calidad de gasto por los servicios de diseño, administración e implementación del programa, se pagaron sin soporte documental el monto de RD$3,500,000,000”, dice el informe del pleno de la Cámara.
De igual manera refiere que se pagó en exceso al monto contratado, sin justificación, un total de 484 millones 117 mil 400 pesos.

Envío al Pepca

La investigación remite a la Procuraduría Especializada en Persecución de la corrupción Administrativa (Pepca), relativa al proyecto ejecutado en la administración de Gonzalo Castillo, que el convenio no tiene establecido el monto contratado, no está registrado en la Contraloría General de la República y que la empresa contratada no tiene licencia para la adquisición del derivado del petróleo.

“Procede presentar las conclusiones acerca de las inobservancias e irregularidades detectadas en relación a los procesos de suministro de material asfáltico AC-30, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por la empresa General Supplys Corporation y el informe legal que expresa que los principales directivos de la entidad intervenida, actuando en ocasión del desempeño de sus atribuciones y funciones, no observaron las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio”, dice la entidad presidida por Janel Ramírez.

El Pepca vincula la empresa General Supplys Corporation, de Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el caso Antipulpo, quien actualmente cumple prisión preventiva.

Galones facturados versus importados

En el documento se señala que hay una diferencia de dos millones 913 mil 888 galones entre el AC-30 importado y el facturado, cuyo valor monetario es de 364 millones 499 mil 512 pesos correspondientes a dos procesos.

También, detalla que se pagaron 422 millones 992 mil 993 pesos sin evidencia de certificación en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

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