La Cámara de Diputados envió ayer a una comisión especial la ley que autoriza el pago de deuda por obras ejecutadas sin contrato formal a pequeños contratistas, mantenimientos correctivos de escuelas, supervisores y asfalteros, la cual el Poder Ejecutivo observó y devolvió al Congreso Nacional el pasado 16 de enero.
La comisión, conformada en la sesión ordinaria de este miércoles para definir el futuro de la legislación, estará integrada por la vicepresidenta de la Cámara Baja, Dharuelly D´Aza, quien la presidirá; y los colegas Oscar Morel, vicepresidente; Mayobanex Martínez, Miguel Espinal, Yudelka de la Rosa, Rafael Castillo, Luis Gómez Benzo, Julio César López, Willy Sánchez, Daritza Zapata, Mateo Evangelista Espaillat, Fiordaliza Estévez, Carlos Morillo, Ramón Antonio Bueno y Dilenia Santos.
El presidente Luis Abinader observó la pieza por completo -sus 14 artículos-, porque, según sustentó, viola principios esenciales de la Constitución y ordena pago “sin garantizar provisión de fondos”, y sin que la deuda pública sea “cierta, líquida y exigible”.
Con la legislación, que tiene como proponente al senador Franklin Romero (PRM-Duarte), son nueve las que el mandatario regresa al órgano congresual para que sean corregidas, desde que asumió el gobierno por primera vez el 16 de agosto de 2020.
Mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo, Alfredo Pacheco, el Poder Ejecutivo dice que en la ley persisten situaciones jurídicas que ameritan “una nueva revisión” por parte del Congreso de la República. Detalla que hubo violación a principios esenciales de la Carta Magna, tales como principios de legalidad presupuestaria, sostenibilidad fiscal y responsabilidad financiera, transparencia y seguridad jurídica.
“No se puede pagar deuda sin saber el monto”
En la misiva de tres páginas, el Ejecutivo argumenta que no se puede pagar un dinero sin saber el monto; hay que revisar los documento de los acreedores; no se puede gastar dinero que no está en el presupuesto, ya que hacerlo afectaría el dinero del país; algunas obras se hicieron sin permiso o sin dinero aprobado; no se pone una fecha límite; y el Ministerio de Hacienda no tiene ese dinero reservado.
El Congreso Nacional cuenta con dos legislaturas para decidir sobre la observación del Poder Ejecutivo a la controversial ley.
Se debe a más de 12 entidades, según la pieza
La Ley aplica a las deudas contraídas por el Estado dominicano a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Educación (Minerd), el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (Cpadp); entre otras entidades.
