Unos 30 profesores de Derecho, de diferentes universidades del país, expresaron su preocupación por el proceder de las autoridades frente a la población, en el marco de las normas particulares que rigen el actual estado de emergencia debido la COVID-19.
A través de un documento, subrayan que hasta tanto el Poder Legislativo no emita una ley que disponga las consecuencias a las violaciones al toque de queda, “las autoridades policiales y militares no deben incurrir en prácticas ilegales, que se traducen en arbitrariedades y formas de tortura, contrarias al texto constitucional”.
Los docentes enfatizaron en que se debe establecer un marco legal claro, “pues el derecho a la libertad personal no ha sido suspendido, porque la privación de libertad es la excepción y la regla es la libertad”. Advirtieron que se han denunciado “un uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza y prácticas denigrantes, así como la imposición irregular de sanciones pecuniarias y la confiscación o secuestro de bienes, todo sin que ninguna ley regule tales actos”. Afirmaron que esas actuaciones deben ser detenidas y el Estado debe instruir a través de sus funcionarios “la mejora de sus prácticas y proveerles de un marco legal adecuado para las actuaciones en procura de la disminución de los contagios y la lucha contra la propagación de la enfermedad”. Los docentes firmantes señalaron que las autoridades municipales, policiales y militares deben abstenerse de realizar usos desproporcionados de la fuerza “ya que estas prácticas sin base legal, vulnera derechos fundamentales de las personas”. Asimismo, recomendaron al Poder Legislativo reunirse “de urgencia” para adoptar leyes que contemplen las medidas sancionatorias, no necesariamente penales, que sean razonables y constituyan el medio idóneo” para detener el número de contagiados por el virus del COVID-19.
