La mudanza del consulado dominicano en Madrid, España, no se vislumbra por ahora, pese a la negación por parte del ayuntamiento de esa localidad en torno a su permanencia en el local donde opera.
Un nuevo ingrediente se agrega a esta lucha, iniciada por los inquilinos del edificio en el que se ofrecen los servicios consulares. El consulado criollo en Madrid sometió ante el Ayuntamiento del Distrito de Chamberí la rectificación y enmiendas de planos para obtener la licencia de operación conforme a los cambios en el local que las autoridades dictaminen.
La información fue confirmada a este medio, por escrito, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Al mismo tiempo, el consulado dominicano depositó ante el Tribunal Contencioso Español un recurso, que cesa cualquier obligación o compromiso de tener que mudar la sede. Proceso que le daría ganancia de tiempo.
“De lo que ha tratado todo este asunto es de una denegación de permiso de obra y de licencia de actividad”, sostuvo el organismo al asegurar que no están incumpliendo las leyes o normas de ese país.
En un comunicado, emitido el pasado 27 de enero, el Mirex informó que aunque se mantienen las operaciones rutinarias en dicho consulado, se encuentran en la búsqueda de nuevas oficinas para ofrecer una mejor atención y servicio a los usuarios.
En su momento, el cónsul dominicano en Madrid indicó, a través de su cuenta de Twitter, que el cuerpo consular se irá de manera “voluntaria y armónica” del local.
Miguel Vásquez Peña precisó que desde el inicio de su gestión emprendió la búsqueda de nuevas oficinas a los fines de hacer más eficiente los servicios brindados. “El consulado @RDenMadrid no tiene orden de desalojo. A nuestra llegada hemos buscado nuevas y más amplias oficinas, para trasladarnos de manera voluntaria, y armónica; y ofrecer así mejor servicio. Los dominicanos nos visitan en buen comportamiento, sana convivencia y buenas costumbres”, publicó.
Previamente, el embajador dominicano en España confirmó a este medio la existencia de una disposición municipal que ordena el cese de las operaciones en el edificio por chocar con las normas de condominio. Su alcance también impacta las labores de la Junta Central Electoral, la Dirección de Pasaportes y otras oficinas que funcionan en este espacio.
Juan Bolívar Díaz informó que la notificación es en respuesta a las constantes quejas de residentes e inquilinos del edificio donde actualmente funciona en la avenida Paseo de la Castellana #128. El diplomático destacó que se trata de un conflicto de normas de condominio que lleva cinco años aproximadamente. “Es un problema viejo. Debe tener como cuatro a cinco años la demanda original. No lo manejaron adecuadamente, tal vez, o no siguieron todos los procedimientos que tenían que seguir” dijo el embajador a elCaribe vía telefónica.
Sostuvo que en la misión consular llegaron a estar nombradas cerca de 50 personas, al inicio de la actual gestión gubernamental. Sumado a la cantidad de ciudadanos en busca de servicios, la confluencia era muy alta para un edificio donde viven familias, expresó.