Un freno al desarrollo turístico de Bahía de Las Águilas: el poder de la dilación
A pesar de que la justicia dominicana declaró al Estado como único propietario legítimo de los terrenos en Bahía de las Águilas, más de 53 acciones legales de oposición han sido interpuestas en los últimos años por antiguos titulares despojados judicialmente. Una ofensiva jurídica que, aunque sin méritos sustanciales, ha obligado al Estado a invertir tiempo y recursos en defender lo que ya le pertenece.
El mensaje de estos litigantes es claro: aunque la justicia los despojó de títulos que nacieron del fraude, siguen creyendo que tienen poder para incidentar el desarrollo nacional.
La historia de este conflicto comienza en los años 90, cuando decenas de particulares se vieron beneficiados con títulos de propiedad sobre terrenos estatales ubicados en la codiciada Bahía de las Águilas. Los títulos, según múltiples sentencias, fueron emitidos sobre la base de resoluciones de asentamientos agrícolas del Instituto Agrario Dominicano (IAD). El problema: nunca existieron asentamientos agrícolas en esa zona, ni las condiciones para que los hubiera. Se trataba, desde su origen, de un montaje jurídico para apoderarse de terrenos con alto valor turístico y ecológico.
La entonces Procuraduría General de la República, en 1997, encabezada por Abel Rodríguez del Orbe, interpuso una litis de derechos registrados sobre la Parcela 215-A, de más de 361 millones de metros cuadrados, iniciando una de las batallas legales más largas de la historia dominicana.
Después de más de dos décadas de proceso judicial, que incluyó fallos del Tribunal Superior de Tierras, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, se produjo la Sentencia 918 del 28 de diciembre de 2018, que devolvió oficialmente al Estado la titularidad completa de los terrenos. Todo parecía cerrado. Pero no lo estaba.
Impunidad selectiva y la puerta que nunca se cerró
Ninguno de los particulares, funcionarios o beneficiarios de las maniobras fraudulentas ha sido procesado penalmente. El sistema judicial, aunque firme en anular títulos, fue blando en aplicar consecuencias. No hubo sanciones, ni administrativas ni judiciales, para quienes falsificaron, avalaron o se beneficiaron de títulos ilegales. El resultado: una sensación de impunidad que ha envalentonado a los vencidos judiciales a seguir litigando como si nada hubiera ocurrido.
Según Charlotte Marzouka, consultora jurídica del Fideicomiso Pro-Pedernales, los títulos anulados “nacieron de un origen ilícito”, y toda acción fue debidamente probada en las instancias correspondientes. Sin embargo, hoy esas mismas personas presentan demandas y notas preventivas como si aún tuvieran un derecho real sobre los terrenos.
“Esas litis no representan una amenaza legal, pero sí una inversión de tiempo y energía del Estado para defenderse de lo que ya es suyo”, explica Marzouka.
Desde el 2020, el Estado dominicano impulsa con fuerza el desarrollo turístico del suroeste a través del Plan Cabo Rojo – Pedernales, liderado por el Fideicomiso Pro-Pedernales. Hoteles, plantas de tratamiento, infraestructura eléctrica y vial están en construcción, con inversiones públicas y licitaciones abiertas a capital privado.
Pero el avance no ha sido inmune al asedio legal de los antiguos invasores, quienes ahora se presentan como opositores con demandas en distintas jurisdicciones. “Tenemos más de 50 demandas y notificaciones de oposición al uso del terreno”, confirma la jurista del fideicomiso.
Aunque las sentencias están del lado del Estado, cada nueva acción obliga a los equipos legales a responder, ralentizando la maquinaria de desarrollo e introduciendo incertidumbre jurídica que podría ahuyentar inversionistas.
La paradoja es escandalosa: quienes ocuparon de forma fraudulenta terrenos públicos, sin enfrentar consecuencias penales, ahora usan el mismo sistema judicial para entorpecer el desarrollo del país.
Del silencio judicial al litigio estratégico
El abogado Rubén Manuel Matos, que representa a varios de estos particulares, ha sostenido públicamente que “el fraude fue compartido entre particulares y el propio Estado”, citando al IAD, la Dirección de Mensura Catastral y otras entidades. Sin embargo, en lugar de asumir responsabilidad, su estrategia ha sido alegar que sus clientes son terceros adquirientes de buena fe y exigir indemnización bajo la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario.
La jugada, aunque legalmente débil, apunta a una meta política: forzar al Estado a negociar económicamente para evitar más desgaste. “Aquí no hay fase de negociación. Estos terrenos son del Estado”, responde contundente Marzouka, negando cualquier posibilidad de compensación a quienes fueron beneficiarios de títulos fraudulentos.
Un precedente que erosiona la confianza
El caso Bahía de las Águilas no solo se ha convertido en un símbolo de corrupción estructural, sino también en un precedente peligroso: muestra que es posible tomar terrenos del Estado, litigar durante años, y luego continuar ejerciendo presión sin recibir castigo.
Esta conducta erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia y envía un mensaje contradictorio a futuros inversionistas: que ni siquiera una sentencia definitiva garantiza paz legal si los perdedores son capaces de retar indefinidamente al Estado.
¿Y la justicia ambiental?
Bahía de las Águilas no es solo una playa de postal. Es un ecosistema frágil, parte del Parque Nacional Jaragua y Reserva de la Biosfera. La ocupación irregular de sus terrenos no solo atentó contra el orden legal, sino también contra el derecho ambiental y el patrimonio ecológico del país.
Permitir que antiguos invasores obstaculicen su desarrollo, en nombre de títulos falsos, no solo compromete el progreso turístico, sino también la vocación ecológica de la zona.
La República Dominicana ganó, en papel, la batalla legal por Bahía de las Águilas. Pero la victoria sigue siendo vulnerable. Mientras los tribunales mantengan abiertas sus puertas a quienes ya fueron derrotados por sentencia irrevocable, la justicia quedará a medio camino, y el desarrollo turístico de Pedernales seguirá avanzando con piedras legales en el camino.
La verdadera recuperación del patrimonio público solo será posible cuando el sistema de justicia no solo anule títulos fraudulentos, sino también impida que los responsables de estos fraudes continúen utilizando las instituciones del Estado como armas de retorsión jurídica.
Porque en un país donde quienes invadieron el Estado tienen poder para frenar su avance, la justicia no se ha hecho del todo.
