Delitos de opinión enfrentan políticos y comunicadores

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Expresidente Hipólito Mejía.
La principal querella en los tribunales es por difamación e injuria

Cuentas millonarias en bancos extranjeros, viaje en un avión del narcotráfico, malversación de fondos públicos, mafia importadora de habichuelas y hasta braguetazo, son algunas de las expresiones por las cuales funcionarios han sometido a comunicadores y a políticos desde el año 2005.
El 16 de mayo del año 2012, el senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, convocó a una rueda de prensa para denunciar al entonces candidato presidencial, Hipólito Mejía, de haber sido transportado a la ciudad de Sinaloa, en México, por un piloto de confianza del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán.

Por estas afirmaciones fueron demandados, por el delito de difamación, el director del periódico elCaribe, Osvaldo Santana (quien posteriormente fue descargado como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional) y el senador Wilton Guerrero, quien recientemente se disculpó con el expresidente Mejía y se retractó de esas declaraciones.

Aunque este caso es el de mayor repercusión, porque implicó a un presidente de la República; no es el único que se ha dilucidado en los tribunales dominicanos.

Previamente, en marzo del año 2005, el senador perredeísta Hernani Salazar interpuso una demanda por difamación e injuria contra el abogado Marino Vinicio Castillo (Vincho), mediante la cual buscaba una indemnización por RD$100 millones. El legislador acusó a Vincho de involucrarlo con el narcotráfico. Por este caso Vincho fue descargado y posteriormente condenado al pago de una multa de 100 pesos y una indemnización de un millón de pesos; sin embargo, éste introdujo un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, que varió la calificación penal y ratificó la condena civil.

También en marzo, pero del año 2012, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, demandó por falsificación de documentos al periodista, Marcos Martínez, luego de que éste asegurara en su programa de televisión que la funcionaria, quien aún estaba en campaña, tenía cuentas millonarias en euros en bancos de Europa, específicamente en Dinamarca.

Tras varias audiencias, Marcos Martínez fue declarado inocente por el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago. Cedeño de Fernández, apeló la decisión y en el año 2016, la corte condenó al imputado al pago de una indemnización por un millón de pesos. El caso se encuentra actualmente en la SCJ.

En octubre del año 2013, el senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, introdujo una demanda por difamación contra el periodista Juan Taveras Hernández, luego de que este dijera, que Bautista en su condición de director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), malversó fondos.

La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional declaró la extinción del proceso de demanda luego de que ambos arribaron a una conciliación.

Otro caso que implicó a un alto funcionario, ocurrió en febrero del año pasado, cuando la entonces presidenta de la cámara de diputados y hermana del presidente de la República, Lucía Yomaira Medina, demandó al comunicador Salvador Holguín por los delitos de difamación e injuria luego de que este insinuara, a través de un programa televisivo, una supuesta relación íntima entre ella y el exdirector de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes.

Holguín fue declarado culpable y condenado al pago de una indemnización de siete millones de pesos en favor de Lucía Yomaira Medina, luego de que se determinara que éste utilizó vocablos como “braguetazo”, que tiene una connotación “específicamente sexual”.

Actualmente, la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, conoce un juicio por difamación e injuria luego de que el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, demandara al presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, Leonardo Faña, a quien acusa de afirmar en diversos medios de comunicación que pertenece a una mafia dedicada a la importación de habichuelas.

Condenado a seis meses de cárcel por difamación

El 18 de enero de 2012, un tribunal de Nagua en la provincia María Trinidad Sánchez, sentó un precedente negativo al condenar con una pena de seis meses de prisión y una multa de un millón de pesos, al director de la radio comunitaria Vida FM, Johnny Alberto Salazar, a quien halló culpable de “difamación” e “injuria” en perjuicio del presidente del Comité de los Derechos Humanos de la provincia María Trinidad Sánchez (noreste), Pedro Baldera.

La sentencia rubricada por la jueza Salma Bonilla, fue anulada posteriormente por la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, cuyos jueces, luego de revisarla, la consideraron “improcedente” y “contradictoria”.

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