Milagro Ortíz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental. Foto de archivo
Milagro Ortíz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental. Foto de archivo

Santo Domingo. – La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) informó que el 30 de junio de este año solicitará la suspensión de recursos del presupuesto nacional a varias instituciones. Se trata de las que, pese a formación y seguimiento ofrecido, habrán probado su incapacidad para respetar el derecho del ciudadano a la información.

El organismo gubernamental se manifestó en estos términos al hacer público el índice de Transparencia de evaluación de 226 instituciones públicas de 2022. En él 174 superaron el ranking de 85 puntos en cumplimiento de las informaciones mínimas establecidas por la Ley No. 200-04. Es la ley de Libre Acceso a la Información Pública y los criterios que establece la Resolución No. 002-2021 de la DIGEIG.

Son 174 las entidades que superaron el índice

La DIGEIG destaca que entre las 174 instituciones que superaron el índice, 153 alcanzan hasta el 90% de cumplimiento. Dejaron atrás las estadísticas anteriores.

«A pesar, de que al analizar el trimestre octubre-diciembre, último del 2022, en 52 entidades públicas fuera del índice de 85 puntos se aprecia el crecimiento de 20. Estas están ubicadas en el índice de 79.9 al 80. y 11 desde el 79.9 al 69.9″, detalla la institución.

A través de un comunicado, continuó afirmando: «Para la dirección de Ética, el cumplimiento de la Ley no puede seguir dependiendo de la decisión particular de una institución o incumbente. Por lo que continuamos con los cursos de formación a los Responsables de Acceso a la Información Pública (RAI). También el acompañamiento de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto. Así decidimos para el segundo trimestre de este año aplicar las sanciones administrativas que establece esta ley por incumplimiento».

Estas medidas se toman siguiendo el ejemplo de la Presidencia de la República. Para exigir el cumplimiento de la Declaración Jurada de Patrimonio que establece el Decreto NO. 343-22. La Presidencia ha instruido a la Contraloría no incluir en la nómina pública a los funcionarios dependientes del Ejecutivo obligados a la presentación de la Declaración Jurada. Esto hasta tanto no depositen una copia en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

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