El Consejo del Poder Judicial (CPJ) habilitó al juez José Alejandro Vargas, para conocer las medidas relacionadas con el congelamiento preventivo de bienes provenientes del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
También designó como enlace en representación del Poder Judicial de la República Dominicana a la magistrada Kenya Scarlett Romero, juez titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para todo lo referente en las mesas multisectoriales con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), puntualmente ante el grupo de Latinoamérica GAFILAT.
La medida del órgano de gobierno del Poder Judicial fue dada en virtud de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contenido en la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos.
La decisión está contenida en la Resolución núm. 24/2017 del CPJ, para la ejecución de la Ley 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El CPJ ordena que la disposición sea comunicada a todos los Juzgados de la Instrucción, Tribunales y Cortes de Apelación Penales, al procurador general de la República, a la Dirección General de la Carrera Judicial y al Comité Nacional Contra el Lavado.
