En las calles de Santo Domingo, el aire se cargó de tensión el pasado 23 de septiembre cuando un grupo de manifestantes haitianos alzó su voz frente al Palacio Nacional, y desafió al mismísimo presidente de la nación.
Los miembros del Movimiento Reconocido, exigieron el otorgamiento de nacionalidad dominicana, al cumplirse 11 años de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que establece que sólo se consideran como nacionales las personas nacidas en territorio dominicano de padres dominicanos o residentes legales.
La comunicadora Julissa Céspedes en su programa de investigación “Reporte Especial”, destaca que este reclamo es apenas la punta del iceberg de un conflicto profundo que hunde sus raíces en siglos de historia compartida, separada por una frontera más política, cultural, histórica, económica, que geográfica.
La isla de La Española, dividida entre Haití y la República Dominicana, es el escenario de una de las crisis de identidad y nacionalidad más complejas del hemisferio occidental.
Por un lado, están los descendientes de haitianos irregulares nacidos en suelo dominicano, que claman por el reconocimiento de una nacionalidad que sienten suya.
Por el otro, un Estado que se aferra a leyes y sentencias que trazan una línea clara: la sangre, no el suelo, determina quién es dominicano.
En el rporte con Julissa Céspedes se destaca que la realidad de un Haití, sumido en el caos, añade capas de complejidad a un debate ya de por sí espinoso.
El 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia 168-13, un fallo que marcaría un antes y un después.
La sentencia estableció que aquellos nacidos entre 1929 y 2010, cuyos padres ingresaron ilegalmente al país, no tenían derecho a la nacionalidad dominicana. Lo que impacto a más de 200 mil ilegales que erróneamente llaman “apátrida”.
La Constitución y las leyes migratorias de la República Dominicana establecen claramente los criterios para la nacionalidad, y según estos, los manifestantes no son reconocidos como dominicanos, sino como haitianos.
La Constitución prioriza el jus sanguinis, donde la nacionalidad se hereda de los padres, y aunque se reconoce el jus soli, es decir, nacimiento en territorio dominicano, hay una excepción para los hijos de extranjeros en situación irregular.
Reconocidos dice no hay avances
La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional en 2013 reafirmó que los hijos de extranjeros irregulares no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, incluso si nacieron en el país.
La ley migratoria anterior ya excluía a los hijos de trabajadores temporeros del derecho a la nacionalidad.
El Gobierno dominicano defiende su derecho soberano a regular su ciudadanía, alineado con normas internacionales, y considera que estos individuos son extranjeros de ascendencia haitiana, ya que tienen derecho a la nacionalidad haitiana por descendencia.
El Movimiento Reconocido, una organización que lucha por los derechos de esta comunidad, denuncia que pesar de los intentos legislativos para mitigar el impacto de la sentencia 168-13, como la Ley 169-14, los avances han sido limitados. Aseguran que solo el 1% de las personas del llamado Grupo B, es decir, aquellos sin registro civil previo ha sido beneficiado por el decreto de naturalización. Menos del 50% del Grupo A, aquellos con registro civil previo, ha logrado acceder a los documentos.
Marchan contra la masiva inmigración ilegal haitiana
Ante las recientes exigencias de los descendientes haitianos, la Antigua Orden Dominicana ha convocado una serie de marchas hacia el Palacio Presidencial en protesta por la masiva migración ilegal que sufre la República Dominicana.
Con la consigna “O los saca Abinader o los sacamos nosotros” y con tambores y cornetas, los grupos nacionalistas han protagonizado unas series de dinámicas protestas en contra de los inmigrantes ilegales haitianos.
“Nosotros hemos convocado a toda la población del país, se han unido personas de Alemania, de Suiza, de Florida y otras partes de Estados Unidos incluso de Canadá, el dominicano al fin despertó, llegó el momento de que el país goce de una democracia no solo partidaria sino de una en la que la población sale a la calle a reclamar los derechos” expresó Ángelo Vásquez uno de los miembros de la Antigua Orden Dominicana.
Fernando Abreu, presidente del Partido de Nueva Derecha en el país, señaló que es urgente sacar del país a todas las instituciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque según él son las que están promoviendo las migraciones ilegales masivas alrededor del mundo.
