Santo Domingo, R.D. – El exdiputado y presidente del Partido Nueva Sociedad (PNS), en formación, Emigdio Mercedes, consideró que la entrada en vigencia de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas del Estado Dominicano no será suficiente para disminuir ni controlar la corrupción en la administración pública, al entender que la normativa presenta brechas y debilidades que permiten la manipulación de sus procedimientos.
Mercedes sostuvo que, aunque la nueva legislación incorpora sanciones necesarias e importantes, estas no atacan el origen del problema, que —según explicó— radica en las negociaciones de sobornos o comisiones entre funcionarios y proveedores del Estado. Afirmó que, de no introducirse cambios más profundos a la ley, continuarán los actos de corrupción y se verá afectada la inversión pública, particularmente el gasto de capital destinado a infraestructura.
El dirigente político señaló que instituciones como la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y los veedores han enfocado sus esfuerzos en la transparencia, pero no han logrado erradicar ni controlar la corrupción, debido —indicó— a prácticas indebidas de algunos servidores públicos.
Mercedes recordó que la anterior Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones no logró impedir la corrupción y advirtió que los sobornos no se realizan mediante cheques o transferencias bancarias, sino mayormente en efectivo o en bienes. En ese sentido, alertó al sector financiero sobre retiros de efectivo sospechosos por parte de proveedores del Estado y señaló que estas operaciones pueden incidir en la presión sobre la tasa de cambio.
El exlegislador explicó que los sobornos o comisiones suelen ser incorporados al costo de los bienes, servicios u obras contratadas, lo que —afirmó— encarece los proyectos públicos y afecta a la ciudadanía. Añadió que, si estas prácticas no existieran, una mayor cantidad de recursos permanecería en el Presupuesto General del Estado para el desarrollo nacional.
Como propuesta, Mercedes planteó que la Ley 47-25 sea modificada para exigir que los oferentes, antes y después de adjudicarse una contratación pública, entreguen sus estados de cuentas bancarias y certificados financieros a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Asimismo, sugirió que los proveedores autoricen al sistema financiero nacional e internacional a suministrar información financiera a dicho organismo, a fin de investigar retiros de efectivo no justificados.
Indicó que estas medidas beneficiarían a los proveedores, al promover procesos más limpios y transparentes, reducir retiros en efectivo irregulares y evitar posibles violaciones al Código Tributario, además de disminuir el impacto social y familiar que generan los casos de corrupción cuando salen a la luz pública.
