No es la primera vez que los jueces del país se plantan ante el país en demanda de reivindicaciones.
El éxito total del llamado a paro de los jueces y servidores judiciales del país, realizado el pasado jueves 21 de mayo de 2026 en demanda de mejoras salariales y condiciones dignas para ejercer sus funciones, trae a la memoria la suspensión de labores de estos profesionales en 2011 que, aunque no concitó el mismo apoyo que la actual, tuvo su repercusión en el sistema.
En 2011, se puso a circular un panfleto en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que anunciaba la suspensión de todas las labores en los tribunales del país para el día 13 de octubre del referido año. Dicha convocatoria pedía a los magistrados y a sus auxiliares vestir de negro en señal de duelo por la situación económica que atravesaba el Poder Judicial. El objetivo principal era que se le asignara una partida presupuestaria de RD$6,000 millones al sistema judicial.
La convocatoria de 2011 creó un gran revuelo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial de entonces, Jorge Subero Isa, se opuso a toda paralización de las manifestaciones judiciales al entender que esto perjudicaba las actividades del sistema. “Siempre ha sido una preocupación mía de que no se afecte a los usuarios”, manifestó Subero Isa en ese momento, según recogen medios escritos de entonces. No obstante a esto, el presidente de la SCJ había advertido antes sobre las malas condiciones en las que se desenvolvía el Poder Judicial, lo que podría traer un desbordamiento dentro del mismo sistema.
Subero Isa, quien actualmente es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, fue una de las voces que antes del paro total del pasado jueves 21 de mayo de 2026, se sumó para llamar a los jueces al diálogo.
Nadie asumió llamado a paro 2011
Con el paro de 2011 no quedó claro quién o quiénes eran los convocantes. Esto, en razón de que algunos jueces de instrucción y de salas penales, tras ser consultado dijeron desconocer la convocatoria, incluyendo directivos de Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo), que presidía la magistrada Katia Miguelina Jiménez y quien en ese tiempo era miembro de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional.
De hecho, la Asociación de Jueces y Juezas Independientes, que agrupaba a más de 300 magistrados, se desvinculó en 2011 del llamado a paro, aunque apoyaba el reclamo del presupuesto. Isis Muñiz, quien era coordinadora nacional de la entidad que presidía el magistrado José Alberto Cruceta, dijo que la entidad no había hecho el llamado a paro.
Aunque la Asociación de Jueces y Juezas Independientes había entregado de un documento con el que llamaban al Congreso Nacional para que el presupuesto asignado al Poder Judicial para el año 2012, fuese asignado de acuerdo con lo que establece la ley. Según el escrito hecho por la Asociación, la Ley 294 establecía que al sistema judicial le correspondía un 4.2 % del Presupuesto Nacional y que de ese porcentaje el 65 % debía ser asignado a la SCJ. Al final, el paro fue acatado en algunos distritos judiciales, pero no se completó en todos los tribunales.
Paro total en 2026 con éxito en los tribunales
Con un contundente mensaje como parte de una primera fase de un plan de lucha de la judicatura en demanda de mejoras salariales y de condiciones de trabajo, el pasado jueves 21 de mayo de 2026, jueces y servidores judiciales paralizaron totalmente los tribunales. Vestidos con sus togas se apostaron en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y de otros del país. Leyeron un manifiesto firmado por 450 miembros de la judicatura con el respaldo del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom).
Los convocantes denunciaron que un total de 557 servidores judiciales han renunciado a sus puestos en lo que va de año debido a los bajos sueldos y al exceso de trabajo.
Durante el paro, los jueces y servidores judiciales ratificaron su rechazo a las propuestas presentadas por el CPJ el pasado 19 de mayo, al catalogarlas como “imprecisas e ineficaces”.
Explicaron que la promesa de indexación salarial quedó sujeta a la aprobación de un presupuesto complementario, sin fechas concretas de ejecución ni respuestas al problema.
