Envían prisión a seis expolícias por muerte de pareja

Familiares, amigos y vecinos de la pareja de esposos Joel Díaz y Elisa Muñoz, se concentraron en las afueras del Palacio de Justicia de Villa Altagracia, con camisetas blancas y pancartas, mientras se conocía la medida de coerción a los expolicías.

Los suspendidos policías, acusados de matar a tiros a los esposos Elisa Muñoz y Joel Díaz la semana pasada en Villa Altagracia, fueron enviados ayer a prisión a cumplir medida de coerción.

La jueza Sugeldi Rosario Mena, de la Oficina de Atención Permanente de Villa Altagracia, dictó un año de prisión preventiva contra los seis imputados y dispuso que Victorino Reyes Navarro y Norquis Rodríguez Jiménez cumplan la medida coercitiva a la cárcel de Operaciones Especiales, ubicada en Santo Domingo Oeste, lugar a donde son enviados los policías en conflicto con la ley.

Mientras que a los imputados Domingo Perdomo Reyes, Ángel de los Santos, Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solis los envió al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en la provincia La Vega.

También, la magistrada, en la audiencia, que duró alrededor de cuatro horas, declaró el caso complejo.

Familiares contentos con coerción

La noticia causó algarabía entre los familiares de la pareja cristiana, quienes se encontraban desde tempranas horas a las afueras del Palacio de Justicia de Villa Altagracia cantando canciones cristianas y exigiendo que se haga justicia en el caso.

Con abrazos y alabanzas, los familiares de los esposos acribillados mostraron satisfacción con que los policías fueran enviados a prisión como medida de coerción.

Sus abogados dijeron que la jueza Rosario Mena tomó una decisión apegada al derecho.

“Eso fue lo habíamos pedido al tribunal junto al Ministerio Público... Es una decisión apegada al derecho y que da satisfacción y tranquilidad a las familias que han perdido a sus seres queridos. En ese sentido, nosotros continuaremos con este proceso”, indicó el jurista Pedro Pablo Valoy.

Fiscal dice seguirán investigando

Al salir de la audiencia, la fiscal titular de Villa Altagracia, Fátima Sánchez, indicó que el Ministerio Público está conteste con la decisión de la jueza y seguirán investigando el caso para determinar si hay otras personas implicadas.

Indicó, además, que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dio las instrucciones para que este caso sea resuelto de la mejor manera.

Sánchez aseguró que trabajan “arduamente” para esclarecer los hechos, pero que lo hacen con calma.

“Las investigaciones están bastantes encaminadas, pero no le puedo dar más detalles… El Ministerio Público trabaja arduamente en el esclarecimiento del caso, nosotros no podemos trabajar bajo presión, el hecho de que la sociedad esté clamado justicia, nosotros lo ponderamos, sin embargo, nosotros tenemos que trabajar con calma porque nosotros nos regimos por un debido proceso y nosotros respetamos el debido proceso. En ese sentido, no queremos que por apresurados, por complacer a alguien, nosotros podamos cometer algún error en la investigación”, explicó.

Sánchez manifestó que el hecho de que ayer se dictara medida de coerción no quiere decir que van a detener las pesquisas.

“El Ministerio Público no ha parado de trabajar, sigue la acusación, el hecho de que hoy se haya conocido la medida de coerción no significa en modo alguno que el Ministerio Público ha cesado en su investigación, seguimos trabajando 24/7, la magistrada Miriam Germán Brito (procuradora general de la República) ha estado constantemente en contacto con nosotros, ha dado las instrucciones para que este caso sea resuelto de la mejor manera”, precisó la fiscal.

Sobre el envío de los imputados Victorino Reyes Navarro y Norquis Rodríguez Jiménez a la cárcel de Operaciones Especiales, Sánchez dijo que en su momento van a estudiar la decisión para determinar si recurrirán.

“Pero entendemos que la decisión ha sido justa, está apegada al derecho y en consecuencia, al Ministerio Público lo que le resta es seguir la investigación a los fines de determinar si existen otras personas involucradas”, agregó.

Defensa de raso Castro Pérez apelará

Tras salir de la audiencia, la defensa del raso Antony Castro Pérez, quien cumplirá la medida en la cárcel El Pinito, dijo que apelará a la decisión de la jueza.

“No estamos satisfechos debido a que nosotros entendemos que nuestro patrocinado calificaba para mantenerse en libertad mientras dure el desarrollo de la investigación por razones obvias, no tiene arma cargada y no se le ha probado esa teoría de que él poseía un fusil”, indicó el abogado Yeury Castro.

El Ministerio Público acusa al segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, a los cabos Norkys Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos y a los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solis, de asesinato, abuso de poder, asociación de malhechores y porte ilegal de armas.

Fueron suspendidos de la Policía el miércoles de la semana pasada, un día después de que sucediera el hecho.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, al momento en que ocurrió el hecho, las víctimas se desplazaban por la autopista Duarte, a la altura del kilómetro 45 en un carro marca Kia, modelo K5, color blanco y fueron interceptados por la patrulla policial que la emprendió a tiros contra el vehículo.

Los parientes de los polícias acusados estuvieron fuera del Palacio de Justicia.

¿Investigarán a coronel, jefe de los acusados?

En cuanto a la petición que hacen los familiares de Elisa y Joel de que se incluya en el expediente al destituido coronel César Martínez Lora, a quien le llaman Mariñe, jefe de los agentes acusados del hecho, la fiscal Fátima Sánchez reiteró que “las investigaciones no han terminado”. “La investigación apenas inicia, entonces dennos tiempo a que las investigaciones avancen”, le indicó Sánchez a la prensa. Cuando se le preguntó sobre si tienen la información de quién fue que dio la orden para que los policías dispararan al vehículo donde se trasladaba la pareja, la fiscal manifestó que “por ahora no puede dar detalles”.
El coronel fue destituido del cargo tras suceder el hecho. De acuerdo a las reseñas periodísticas, Martínez Lora fue excluido de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) tras determinarse que transponía la droga que incautaba para luego negociarla, sin hacer los reportes correspondientes. En ese momento se desempeñaba como inspector en Higüey, provincia La Altagracia. Contra el destituido coronel hay denuncias populares en Villa Altagracia de que ha cometido atropellos.

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