A pesar de los compromisos constitucionales que obligan al Estado dominicano a proteger la dignidad humana, las condiciones de los centros penitenciarios del país continúan siendo una de las expresiones más graves de violación de derechos fundamentales, especialmente hacia la población privada de libertad.
La Constitución de la República, en su artículo 8, establece como función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona y el respeto a su dignidad. Más aún, el artículo 38 consagra que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable”, y su protección constituye una responsabilidad esencial de los poderes públicos.
Sin embargo, la realidad en las cárceles dominicanas dista mucho de ese mandato constitucional. Según el Informe de 2023 de la Comisión de Cárceles de la Defensa Pública, las condiciones en las que viven miles de personas privadas de libertad en el país violan de manera sistemática sus derechos más básicos.
“No hay baño adecuado: todas tus necesidades la haces en un hoyo. La comida que dan es como si fuera para perros. Cuando se va el agua, el olor es insoportable. Si no tienes dinero para pagar el alquiler de una cama, debes esperar a que todos se bañen y se duerman para poder ocupar un espacio en el piso…
incluso en el mismo baño. Yo le exhorto a la gente que nunca haga nada malo, porque estar ahí es un verdadero infierno”, así describió su experiencia un hombre que estuvo tres meses en prisión preventiva en la celda C-5 de La Victoria.
El informe de la Defensa Pública documenta situaciones alarmantes como hacinamiento extremo, falta de acceso adecuado a servicios de salud, alimentación deficiente, falta de agua potable, condiciones sanitarias precarias y ausencia de programas de reinserción efectiva. Estas carencias, lejos de garantizar la dignidad de las personas, las exponen a tratos degradantes e inhumanos.
“Privar a una persona de libertad no significa despojarla de su humanidad. Las cárceles dominicanas deben ser centros de rehabilitación, no espacios de castigo extremo donde se normalizan condiciones inaceptables”, expresó el titular de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín.
Diversos organismos nacionales e internacionales han reiterado que la situación carcelaria del país requiere una reforma estructural y urgente, que garantice no solo el respeto a los derechos humanos, sino también el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana en esta materia.
Manuel Meccariello, director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerados (ODHGV), sostuvo que cuando el Estado permite condiciones infrahumanas —como el hacinamiento, la falta de atención médica o la ausencia de programas de reinserción— incurre en violaciones de derechos humanos y en incumplimiento de los tratados internacionales que ha suscrito, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.“Privar a alguien de libertad no significa despojarle de su dignidad ni de sus derechos fundamentales”, afirmó Meccariello.
El defensor recordó que el artículo 40 de la Constitución de la República Dominicana establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad humana, un mandato que, aseguró, el Estado tiene la obligación de garantizar.
El informe del 2023 de la Defensa Pública hace un llamado a las autoridades responsables, incluida la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y el Poder Ejecutivo, a asumir con seriedad y responsabilidad la transformación del sistema penitenciario, bajo una visión de derechos humanos, dignidad y reintegración.
Mientras tanto, 24,805 personas permanecen privadas de libertad en el país. De este total, 8,787 (equivalente al 34.41 %) han sido condenadas, mientras que 16,018 (un 64.59 %) se encuentran en prisión preventiva. Todas ellas continúan viviendo en condiciones que, según la propia Constitución dominicana, no deberían existir bajo ningún poder del Estado.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, expresó que en el país existen centros de privación de libertad que se han convertido en verdaderos “cementerios de hombres vivos”, debido a la extrema sobrepoblación que presentan.
Mencionó como ejemplos las cárceles del 15 de Azua, San Juan de la Maguana, Barahona y La Victoria, donde las condiciones de hacinamiento vulneran gravemente los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Mientras que el titular de la Defensa Pública describió a elCaribe un panorama de “insalubridad, falta de medicinas, ausencia de ventilación y celdas lúgubres y oscuras, con las paredes llenas de hongos”.
Según explicó, muchas personas viven y duermen “sobre heces fecales y orina”, mientras el hacinamiento alcanza niveles alarmantes de hasta un 500 %. “En espacios diseñados para 20 personas hay más de 100. ¿Cómo puede sobrevivir una persona así?”, cuestionó.
Sostuvo que no existen servicios médicos adecuados y no se dispone de medicamentos en los dispensarios médicos de las cárceles. Lo más alarmante, según Valentín Santos, es que algunas cárceles no cuentan con médicos permanentes que puedan atender emergencias.
Diversos estudios de los principales problemas carcelarios actuales revelan que, lamentablemente, el sistema penitenciario dominicano no proporciona las herramientas necesarias para la rehabilitación y reeducación de los condenados.
No se cumple el fin de la pena
El juez Rafael Armstrong Báez García, de la Primera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, advirtió sobre la profunda crisis del sistema penitenciario de la República Dominicana, al señalar que las cárceles no cuentan con la capacidad ni las condiciones necesarias para cumplir con su función de reinserción social.
“Tenemos un sistema carcelario deficiente, que no tiene capacidad de respuesta para dar tratamiento penitenciario, que es lo que manda la ley”, expresó el magistrado.
El juez criticó la práctica “punitivista y prisionizante” que predomina en el sistema de justicia penal, la cual —dijo— busca llevar a prisión todos los casos, incluso aquellos que podrían resolverse mediante mecanismos alternativos.
“Hay casos que pueden tratarse con una salida alternativa al proceso sin necesidad de judicializarlo o con algún tipo de mecanismo que no sea la privación de libertad del ciudadano”, puntualizó el magistrado.
Armstrong subrayó que distintos sectores aún conciben la pena únicamente como castigo, sin entender el enfoque de la penalogía moderna, que la concibe como una sanción regeneradora. “La naturaleza del encierro es la corrección de las personas para conectarlos con el principio constitucional de la reinserción social, como lo establece el artículo 40.16 de la Constitución”, explicó.
Asimismo, hizo un llamado a los jueces a aplicar las penas de manera racional, tomando en cuenta las condiciones indignas en las que se cumplen las condenas en el país. “Ejecutar 40 o 60 años de prisión en esas condiciones atenta contra la dignidad de la gente y contra sus derechos fundamentales”, sostuvo al referirse al aumento de la pena en el nuevo Código Penal.
El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, coincidió con las declaraciones del juez Rafael Armstrong Báez García sobre la crisis del sistema carcelario dominicano, asegurando que en las actuales condiciones no se cumple con el verdadero propósito de la pena.
Valentín Santos explicó que la finalidad de las sanciones penales va más allá del castigo e “incluye la regeneración, rehabilitación, reeducación, reformación y reinserción social de las personas privadas de libertad”.“La pena debe preparar al ciudadano para reinsertarse en la sociedad y evitar que vuelva a delinquir. Pero con las condiciones infrahumanas en las que cumplen sus condenas, eso es imposible”, expresó.
El titular de la Defensa Pública advirtió que el trato que reciben los internos en los centros penitenciarios genera resentimiento, odio y sentimientos de maltrato, lo que alimenta un ciclo de violencia y reincidencia.
“¿Cómo tú crees que no puede haber reincidencia cuando a un privado de libertad lo tratan como un animal dentro de la cárcel?”, cuestionó de forma enfática durante una entrevista concedida al periódico elCaribe.
Valentín Santos coincidió con el juez Armstrong Báez en que es urgente una transformación estructural del sistema penitenciario, enfocada en la dignidad humana y en políticas efectivas de reinserción social.
En esta primera entrega de una serie especial de tres sobre el sistema penitenciario dominicano, se presenta un resumen detallado de las condiciones actuales en las que operan los 21 centros penitenciarios que aún pertenecen al modelo tradicional, también conocido como el viejo modelo carcelario.
La Vega: comida con gusanos
El Centro de Privación de Libertad Concepción de La Vega, parte del viejo modelo carcelario, aloja a más de 1,800 internos en condiciones deplorables.
El informe detalla que los alimentos servidos incluyen arroz con gusanos y vegetales podridos. Las raciones de carne y aceite han sido reducidas drásticamente. El dispensario médico está contaminado por excrementos de palomas y carece de privacidad, medicamentos y personal.
Cotuí: dormir en el suelo
El Centro de Palo Hincado enfrenta uno de los peores casos de hacinamiento: 200 internos duermen en el piso. La falta de camas obliga a improvisar hamacas o dormir sobre cartones.
Las cifras son alarmantes: más de 600 internos enfermos, incluidos 280 con hipertensión, 140 con diabetes, 6 con VIH/SIDA y 3 con tuberculosis sin aislamiento. Los espacios para reflexión funcionan como baños, dormitorios y zonas de castigo al mismo tiempo.
Menores en riesgo
El Centro Máximo Antonio Álvarez con capacidad para 75 jóvenes, alberga 41 menores bajo condiciones indignas. Las camas son estructuras de concreto con delgados colchones. Todos duermen juntos, sin privacidad. La recreación es casi inexistente: solo un aro de baloncesto.
El entorno es insalubre: agua estancada, maleza, plagas de ratones, serpientes y mosquitos rodean el recinto, poniendo en riesgo la salud de los adolescentes.
Sgo Rodríguez: la cárcel sin médicos
Diseñada para 23 personas, En el 2023 albergaba a 137. Los internos construyen sus propias “goletas” de dos niveles para dormir. No hay comedor; los alimentos son servidos en el suelo. La salud está totalmente abandonada: no hay personal médico, y solo una voluntaria, la doctora Daisy Méndez, atiende urgencias desde el hospital local cuando es avisada.
Baños convertidos en dormitorios
Con capacidad para 86 hombres, Monte Cristi aloja 240 internos, muchos de ellos durmiendo en patios, pasillos o incluso dentro del baño común. La insalubridad es total: colchones deteriorados, olores fétidos, y estructuras colapsadas evidencian la miseria del lugar. Los haitianos, que conforman una gran parte de los internos, suelen ser los más afectados.
SFM: enfermedades sin control
El hacinamiento y la promiscuidad elevan el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. No existen protocolos claros para visitas conyugales, lo que facilita incluso el ingreso de trabajadoras sexuales. Casos de gonorrea, sífilis, VIH y afecciones cutáneas proliferan, al igual que enfermedades graves como tuberculosis o fístulas no tratadas.
Samaná, Nagua y Salcedo
En Samaná, más de 267 presos viven en condiciones para 120. La falta de camas obliga a muchos a dormir en el suelo.
En Nagua, la sobrepoblación alcanza un 485%. Celdas de 6×4 metros albergan hasta 76 personas. El calor es extremo, los baños están llenos de heces, y los internos duermen sobre inodoros.
En Salcedo, las celdas impiden la entrada de luz natural y solo 104 de los 155 internos tienen camas. El resto duerme en el piso o sobre ropa vieja.
La Victoria: la más sobrepoblada
Diseñada para 2,103 internos, La Victoria aloja más de 7,000 personas. Los pasillos se han convertido en dormitorios para los llamados “Ranas”, internos sin colchones ni goletas.
Las enfermedades abundan: 204 con VIH/Sida, 110 con tuberculosis, 151 hipertensos, 34 diabéticos, 83 asmáticos. La insalubridad y el hacinamiento convierten este centro en una bomba de tiempo sanitaria.
Baní y Higüey: castigos inhumanos
En Baní, celdas con 70 a 115 internos presentan una mezcla de humedad, hacinamiento y enfermedades. La celda de reflexión aloja a 12 internos con tuberculosis que no están aislados.
En Higüey, los baños de la celda de castigo consisten en simples agujeros en el suelo, sin agua ni papel higiénico. Internos duermen sobre heces y comparten espacio con plagas.
El Seibo y San Juan: poca rehabilitación
En El Seibo, las goletas son tan pequeñas que los internos no pueden ponerse de pie. Aunque el lugar se mantiene relativamente limpio, el espacio es muy limitado. En San Juan, con capacidad para 150, el centro alberga a más de 500 personas. A pesar de la reducción reciente, aún persiste la sobrepoblación, la falta de programas de regeneración y el abandono estatal.
Neyba, Barahona y Pedernales: plagas
En Neyba, 310 internos enfrentan mosquitos, malos olores y aguas residuales en sus celdas de castigo.
Las picaduras son visibles en la piel de los internos, que además no tienen camas ni colchones.
Barahona presenta un cuadro similar: basura, ausencia de camas e higiene, contaminación ambiental y enfermedades por falta de atención médica.
En Pedernales, los internos improvisan refugios con telas para protegerse de la lluvia. El hacinamiento y la presencia de una cañada con aguas negras contribuyen a una alta proliferación de plagas.
Azua y 19 de Marzo: el colapso
En Azua, una celda de reflexión carece de luz eléctrica, camas y condiciones higiénicas. Los internos viven rodeados de desechos fecales y plagas nocturnas.
El Centro 19 de Marzo, con capacidad para 40 personas, alberga 261. Muchos duermen en pasillos, cartones o simplemente en el suelo. No hay médico disponible, solo un psiquiatra. Este centro representa la precariedad del modelo penitenciario tradicional dominicano.
En las siguientes entregas, se analizarán las diferencias con el nuevo modelo penitenciario, de acuerdo al Informe de 2023 que emite la Comisión de Cárceles de la Defensa Pública. El informe del 2024 no fue analizado debido a que se encuentra en un proceso de diseño y no ha sido publicado por la Defensa Pública.
El “Nuevo Modelo” arrastra sombra del sistema tradicional
Defensa Pública denuncia que no se garantiza condiciones dignas en todos los centros penitenciarios
En el año 2003, la República Dominicana logró un importante avance en la transformación de su sistema penitenciario con la implementación de los Centros del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Sin embargo, pese a los esfuerzos de reforma, las violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad continúan presentes, incluso en los recintos reformados.
De acuerdo con el Informe 2023 de la Comisión de Cárceles de la Defensa Pública, las condiciones en que viven miles de internos en la República Dominicana aún vulneran de forma sistemática derechos básicos como el acceso a la salud, a la alimentación, a un entorno digno y libre de violencia.
El sistema penitenciario dominicano convive hoy entre dos modelos: el tradicional, con 21 recintos caracterizados por el hacinamiento, la falta de control institucional y la violencia estructural, y el nuevo modelo, instaurado como una apuesta a la rehabilitación, con espacios más adecuados y programas orientados a la reinserción social.
Las diferencias entre ambos modelos son drásticamente notables. En muchos de los centros del nuevo modelo, los internos disponen de espacios más amplios, condiciones mínimas de higiene, acceso a la luz natural, ventilación, servicios médicos básicos y alimentación regulada.
La disciplina es gestionada por personal capacitado y los programas de formación y trabajo han sido claves para reducir la reincidencia.
La nueva gestión del sistema penitenciario implementada data del 2003. En esa época, la reforma alcanzó a unas 23 cárceles que entraron al esquema de Centros de Corrección y Rehabilitación, en los que a los privados de libertad se les enseñaba un oficio.
Sin embargo, no todos los centros del nuevo modelo operan con el mismo nivel de eficiencia ni garantizan plenamente los derechos de los internos.
En su más reciente informe (2023), la Defensa Pública reconoció que en algunos ocho centros del “Nuevo Modelo” no se reportaron anomalías relacionadas con la preservación de la dignidad humana.
No obstante, el informe también advierte que, en 15 de estos recintos, existen deficiencias estructurales, sanitarias y de derechos humanos, como hacinamiento, la falta de personal médico, la escasez de alimentos y medicamentos, así como malos tratos físicos y condiciones indignas.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), Manuel María Mercedes, advirtió que el sistema penitenciario del país atraviesa una crisis profunda, luego de haberse estancado tras los avances alcanzados con la creación del denominado Nuevo Modelo Penitenciario.
Mercedes afirmó que en los últimos cinco años el sistema “retrocedió del cielo a la tierra”, luego de que inicialmente se destacara por eliminar prácticas como el hacinamiento, los maltratos, las torturas y las fugas en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR).
“Es que hubo un retroceso del cielo a la tierra. Después que se eliminaron los elementos como el hacinamiento, maltrato, tortura y fuga de los privados de libertad, volvieron aparecer cosas que no sucedían en los Centros de Corrección y Rehabilitación”, expresó el defensor.
Mercedes reconoció que, al comparar los CCR con los Centros de Privación de Libertad (CPL) del viejo modelo, persisten diferencias notables, pero aclaró que esas mejoras iniciales se han debilitado con el tiempo.
“No nos podemos conformar con decir que los CCR son mejores que los CPL. Eso hay que reconocerlo, pero ya no es como cuando se inició ese modelo”, agregó.
El presidente de la CNDH-RD sostuvo que, aunque las condiciones actuales podrían parecer “menos graves”, persisten violaciones sistemáticas de los derechos humanos, lo cual contradice el propósito reformador del Nuevo Modelo.
“Es cierto que las condiciones aquí son menos graves, pero para los Derechos Humanos eso no significa que no hay una violación sistemática de los derechos fundamentales”, indicó Mercedes.
Como ejemplo del deterioro, señaló los casos de Najayo Hombres y Rafey Hombres (Santiago), donde en los últimos años se han registrado hacinamiento, motines y denuncias de maltratos, situaciones que “ya se creían superadas” dentro del modelo reformado.
¿Por qué hay sobrepoblación?
El exceso de población en los centros penitenciarios de la República Dominicana responde a causas estructurales que combinan prácticas procesales, debilidades administrativas y falta de alternativas al encarcelamiento, coincidieron el juez Rafael Armstrong Báez García y el director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos.
El juez, de la Primera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, afirmó que el sistema está “muy prisionizado”.
“Más del 64% de la población penitenciaria está en condición preventiva”, lo que, explicó, evidencia que los procesos son lentos y producen un efecto dominó que sobrecarga a los tribunales y al sistema penitenciario.
“Al haber una cantidad inmensa de casos que se judicializan, se cargan los tribunales; se sobrecarga el sistema penitenciario, por eso la capacidad de respuesta no es tan eficiente como debería ser”, señaló el juez.
Para Armstrong Báez García, la aplicación desmesurada de la prisión preventiva ha sido una herramienta cuyo uso excesivo ha provocado el colapso del sistema.
Por su parte, el defensor público Rodolfo Valentín Santos apuntó a la existencia de múltiples vías alternativas para resolver conflictos dentro del Código Procesal Penal y sostuvo que esas opciones no se aplican con la suficiente frecuencia.
“Hay más de cinco medidas alternas de solución de conflictos en el Código Procesal Penal, y el artículo 2 señala que solo los casos de relevancia deben llegar a la vía judicial; los demás deben resolverse mediante políticas estatales de solución de conflictos”, destacó.
Valentín Santos resaltó además la diferencia en niveles de acuerdos en materia penal entre jurisdicciones: “En la República Dominicana solamente se acuerda menos de un 11% de los casos; Puerto Rico acuerda en cerca de un 95% y Miami sobre un 97%”, un indicador —dijo— de que los procesos litigiosos y costosos terminan manteniendo a muchas personas privadas de libertad.
El titular de la Defensa Pública explicó que “cuando las cárceles son administradas por policías o militares y no por civiles especializados en gestión penitenciaria y derechos humanos, aumentan la corrupción, el maltrato y la falta de políticas de rehabilitación”.
Asimismo, Valentín Santos criticó la mezcla de funciones del Ministerio Público en el manejo del sistema penitenciario. “Las cárceles son reguladas por el Ministerio Público; el fiscal persigue, imputa, acusa y encarcela y además administra —eso es un contrasentido—. ¿Crees que después de meter a una persona presa van a velar por ella? ¿Te van a tratar bien después de golpearte?”, cuestionó el defensor.
En esta segunda entrega de una serie especial de tres sobre el sistema penitenciario dominicano, a continuación se presenta un resumen detallado de las condiciones actuales en las que operan los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) o del “Nuevo Modelo”.
CCR XVI El Pinito, La Vega
Área médica en precariedad, goteras, sin utensilios ni medicamentos. No hay médico, solo personal de enfermería. Enfermedades comunes: virosis, hipertensión, diabetes, epilepsia, 28 enfermos mentales, 7 con VIH y 1 con tuberculosis. Sin apoyo de Salud Pública.
CCR Isleta, Moca
Celdas deterioradas y hacinadas; internos sin colchones. Área en remodelación. Alimentación insuficiente y de mala calidad; los alimentos llegan dañados o en cantidad reducida.
CCR San Felipe, Puerto Plata
Denuncias de agresiones físicas por parte de los VTP. Comida elaborada por internos sin pago, de baja calidad y sin valor nutritivo. Celdas de reflexión con hacinamiento y sin condiciones higiénicas (baños sin inodoros).
CCR Vista al Valle, SFM
No hay médico fijo, solo pasantes y enfermeras. Área médica deteriorada y mal equipada; los medicamentos se almacenan en un baño adaptado. Sin psicólogo ni psiquiatra; 28 pacientes mentales sin tratamiento adecuado y sin registros.
CCR Rafey Hombres, Santiago
Centro con gran sobrepoblación (905 internos) y la estructura se inunda. Alimentación insuficiente y de mala calidad. Denuncias de maltratos físicos. Área de máxima seguridad vulnera la intimidad (inodoros dentro de celdas). Internos duermen en el suelo sin colchones.
CCR Rafey Mujeres, Santiago
Techos con filtraciones; el agua cae sobre los camarotes. Las internas colocan fundas plásticas para evitar mojarse mientras duermen.
CCR IV Valverde Mao
Hacinamiento severo por adición de camas improvisadas pegadas al techo. Denuncias de maltratos físicos a internos en el área de reflexión.
CCR IV Dajabón
Diseñado para 90 personas, alberga 170. Readecuación de espacios redujo el tamaño de las celdas, lo que genera hacinamiento.
CCR XVII Najayo Hombres
Hacinamiento crítico, falta de colchones (casi 500) y uniformes (941). Humedad, poca ventilación, baños en mal estado y sin higiene. Escasez alimentaria y medicamentos. No hay ambulancia ni espacio adecuado para visitas conyugales.
CCR XX Najayo
Aunque hay respeto general entre internos y autoridades, se reportan agresiones físicas en el área de máxima seguridad como método disciplinario, violando la integridad humana.
CCR XI San Pedro de Macorís
Área médica deteriorada y sin medicamentos. Celdas con humedad, falta de agua, ventilación y luz. Los baños funcionan solo algunos días a la semana. Internos duermen en el suelo sin colchones.
CCR XV Cucama, La Romana
Sin psiquiatras pese a tener 18 pacientes mentales. Los familiares deben comprar los medicamentos. Hacinamiento: 47 internos en el área de observación y más de 10 sin colchones.
CCRM XXI (Centro para Militares)
Falta de ventilación, de luz eléctrica y agua corriente. Los internos deben cargar cubetas de agua. Baños en mal estado; los inodoros están dentro de las habitaciones, afectando la dignidad e higiene.
CCR Elías Piña
El centro tiene limitado acceso a medicamentos; solo recibe algunos genéricos insuficientes. Atención médica parcial e inconstante.
Esta serie de tres entregas culmina mañana con un enfoque en las precarias condiciones que enfrentan los privados de libertad que padecen trastornos mentales.
Internos con problemas mentales en celdas inhumanas en la República Dominicana
Son 331 los privados de libertad con problemas de salud mental que están recluidos en el sistema penitenciario
Modesto Pérez, un interno del Centro de Privación de Libertad Concepción de La Vega, vive día tras día, semana tras semana y año tras año, en una situación de violación de derechos humanos dentro del sistema penitenciario dominicano.
A pesar de que su egreso del centro ya fue ordenado, Modesto continúa encerrado, viviendo en condiciones inhumanas y degradantes, sin recibir el tratamiento médico adecuado que su estado de salud mental requiere.
Durante una visita realizada en 2023 por la Defensa Pública, se constató que la celda de reflexión donde se encuentra el interno carece de ventilación, luz y condiciones higiénicas mínimas.
El informe describe el lugar como oscuro y sucio, con una acumulación de insectos y mosquitos debido a la falta de mantenimiento y limpieza. En el área fueron halladas cuatro personas en condiciones inadecuadas, obligadas a convivir en un ambiente que atenta contra su salud y su dignidad humana.
Entre esos internos se encontraba Modesto Pérez, diagnosticado con una condición psiquiátrica severa. Según el informe, su trastorno lo lleva a hacer sus necesidades dentro de la celda y embadurnarse con sus propias heces, lo que genera un hedor insoportable y expone tanto a él como a los demás internos a un entorno totalmente insalubre.
Los defensores describen que las personas aisladas en esa área sufren un triple tormento: la pérdida de libertad, la soledad y el deterioro de su salud física y mental.
Ese centro penitenciario de La Vega alberga actualmente ocho internos diagnosticados con enfermedades mentales, pero no cuenta con un suministro regular de medicamentos psiquiátricos.
Las autoridades del penal reconocieron que los fármacos deben ser solicitados o llegan únicamente a través de donaciones, lo que deja a muchos pacientes sin tratamiento continuo. En el caso de Modesto, afirmaron que “ellos mismos gestionan los medicamentos”, aunque no se especifica si recibe atención psiquiátrica especializada.
Representantes de la Defensa Pública han expresado su preocupación por el caso, señalando que mantener a una persona con enfermedad mental en esas condiciones, pese a existir una orden de libertad, constituye una violación grave a los derechos fundamentales.
“A Modesto Pérez, en los dos últimos informes nosotros lo hemos sacado en la primera página para ver si el Estado se conduele de él”, señaló el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos durante una entrevista concedida a un equipo del periodico elCaribe.
Sin medicamentos, sin esperanza
Modesto Pérez, solo es uno de las 331 personas privadas de libertad en el sistema penitenciario de la República Dominicana, que padecen problemas de salud mental, según datos registrados por el Informe del 2023, emitido por la Defensa Pública.
De esa cifra, 96 corresponden al sistema tradicional y 235 al llamado Nuevo Modelo Penitenciario, lo que revela que ni siquiera las cárceles reformadas han logrado garantizar atención adecuada a los internos con trastornos psiquiátricos.
De acuerdo con el titular de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, en la actualidad el número de internos con problemas de salud mental en el sistema penitenciario de la República Dominicana asciende a alrededor de 500 personas.
Valentín Santos denunció que en la República Dominicana cientos de personas privadas de libertad con trastornos mentales permanecen encarceladas sin recibir tratamiento adecuado, debido a la falta de centros especializados del Estado para su atención.
“Muchos de ellos cumplen condenas y no los sacan porque los consideran un peligro público, y en otros casos sus propios familiares no los quieren recibir. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos pudrir en una cárcel, hacerlo parte del hacinamiento cuando ya no es necesario? El Estado no tiene un lugar a dónde llevarlos”, expresó.
Valentín Santos criticó duramente las condiciones de encierro en las que viven las personas privadas de libertad, señalando que los espacios insalubres, el hacinamiento y la falta de atención psicológica o psiquiátrica agravan las enfermedades mentales y pueden incluso provocarlas.
“¿Cómo crees que una persona puede mejorar en esas condiciones? Es más, hasta el más sano de los sanos entra en depresión, ansiedad, esquizofrenia o paranoia en esas cárceles. Imagínate alguien que ya arrastra un trastorno mental”, afirmó.
El director de la Defensa Pública también cuestionó la falta de intervención preventiva del Estado en los casos de salud mental que derivan en tragedias.
Citó como ejemplo los recientes hechos que han conmocionado al país, como el caso de la doctora que decapitó a su hija y el del joven que hirió a varias personas y mató a una señora en su edificio, ambos con antecedentes de trastornos mentales.
“¿Qué ha hecho el Estado a través de la fiscalía? Meterlos presos. Pero lo que no se dice es si algún psiquiatra del Estado ha ido a evaluar a esa gente para prevenir que algo así vuelva a ocurrir. No. Es más fácil esperar a que una persona con problemas mentales cometa un hecho trágico para entonces apresarla, en lugar de prevenir y salvar vidas”, subrayó.
Una deuda del Estado con la salud
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, denunció que en las cárceles dominicanas más de 500 personas privadas de libertad padecen enfermedades mentales, sin recibir atención médica adecuada ni condiciones humanas para vivir.
Mercedes afirmó que muchos de estos internos deberían ser entregados a sus familias para que reciban el cuidado digno que el Estado no les garantiza, permitiéndoles “morir conforme a las normas que un ser humano merece morir”.
“Lo que pasa es que aquí, como la mayoría de los privados de libertad provienen de sectores de escasos recursos, como son pobres, hay que dejarlos que se pudran ahí”, denunció
El presidente de la CNDH calificó como “ilógico e inaceptable” el proyecto de las autoridades penitenciarias de crear pabellones para enfermos mentales dentro de los mismos recintos carcelarios, lo que, a su juicio, perpetuaría el maltrato y la falta de atención especializada.
“Lo que se debe construir es un gran centro de privación de libertad exclusivo para personas con trastornos mentales, donde puedan recibir las atenciones conforme a su condición y no ser tratados como criminales”, enfatizó Mercedes.
El presidente de la CNDH recordó que el propio Código Penal dominicano establece que las personas con trastornos mentales no deben ser juzgadas ni encarceladas, ya que carecen de la capacidad para responder por sus actos.
“Aquí hay privados de libertad que están totalmente en estado de locura, que no pueden responder ante la justicia. Sin embargo, por el hecho de lo que han cometido o por la presión mediática, prefieren enviarlos a prisión en lugar de brindarles tratamiento psiquiátrico”, señaló.
Sin programas de rehabilitación”
El reconocido especialista en salud mental, Dr. José Miguel Gómez, denunció la grave situación del sistema penitenciario dominicano, donde internos con trastornos mentales carecen de programas de reinserción y rehabilitación social, pese a la presencia de algunos psiquiatras en el Inacif, la Procuraduría y algunas cárceles.
“El problema del sistema carcelario es que no tiene una estructura clara con objetivos ni normas unificadas que permitan atender a pacientes con trastornos bipolares, esquizofrenia, alcoholismo o dependencia a drogas”, explicó el experto.
El doctor Gómez indicó que para atender adecuadamente a internos con problemas de salud mental se necesitan recursos propios, logística completa, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, además de unidades especializadas de reinserción y rehabilitación dentro de cada centro penitenciario.
“Actualmente, esos pacientes no reciben ningún tipo de programa de rehabilitación social”, resaltó.
El especialista destacó que muchos internos reincidentes que podrían presentar trastornos de personalidad o psicopatía no están correctamente diagnosticados.
Explicó que esto dificulta que la justicia pueda implementar programas de atención adaptados a pacientes de larga estadía, quienes requieren estrategias específicas para convivir dentro del sistema penitenciario.
“Sin diagnósticos claros, estos internos permanecen en prisión sin tratamiento ni rehabilitación, y su condición se deteriora con el tiempo”, señaló el doctor Gómez.
El Dr. Gómez alertó que la mayoría de los internos en prisión preventiva presentan trastornos psiquiátricos y físicos que se agravan por la falta de atención, mientras algunos llevan más de cinco años sin ser juzgados ni procesados.
Comparó que en otros países, cuando una persona es procesada y se determina que tiene un problema de salud mental, es trasladada a hospitales del sistema carcelario con programas especializados. “Aquí eso no existe”, explicó.
El especialista subrayó que el sistema dominicano no ha implementado modelos internacionales de unidades de salud mental ni programas de rehabilitación psicosocial, dejando a los internos en condiciones infrahumanas
Modelo tradicional
Los datos reflejan que en el modelo penitenciario tradicional aún prevalece la precariedad en la atención médica y psicológica.
Entre los principales centros con población psiquiátrica figuran: la cárcel de La Victoria, con 44 internos diagnosticados con enfermedades mentales, el mayor número dentro del sistema tradicional; Azua (15 de Azua), con 14 internos en esta condición; La Vega, con 8 diagnosticados; Barahona, con 8 casos; Neyba, con 6 internos; y San Francisco de Macorís, con 4 personas con condición psiquiátrica.
De igual forma El Seibo, 4 casos; San Juan de la Maguana, 3 casos; Palo Hincado (Cotuí), 2 enfermos mentales; Pedernales, 2 internos con trastornos y Operaciones Especiales, 1 privado de libertad medicado por enfermedad mental.
En total, 96 internos en los recintos del sistema tradicional viven con alguna enfermedad mental, muchos de ellos sin medicación constante ni seguimiento profesional, según se ha constatado en visitas de verificación de la Defensa Pública.
Centros de “nuevo modelo”
Aunque el Nuevo Modelo Penitenciario fue diseñado con un enfoque de rehabilitación, las cifras muestran que también enfrenta un déficit importante en atención de salud mental, con 235 privados de libertad diagnosticados con trastornos psiquiátricos.
Entre los centros de reclusión con mayor número de pacientes mentales se destacan: CCR El Pinito (La Vega) – 28 internos con enfermedades mentales; CCR Vista al Valle (San Francisco de Macorís) – 28 casos; CCR Najayo Hombres XVII – 26 internos con problemas mentales y 84 evaluaciones psiquiátricas recientes; CCR Valverde Mao (CCR IV) – 24 pacientes con diagnóstico psiquiátrico, además de otros en tratamiento con medicación; CCR Najayo XX – 24 privados con condiciones psiquiátricas y CCR Najayo Mujeres – 22 internas con trastornos psiquiátricos y sin asistencia psiquiátrica estable.
De igual manera, en elCCR Monte Plata (VIII) se encuentran 14 internos con problemas mentales; en CCR Cucama (La Romana) – 12 personas con trastornos psiquiátricos, sin especialista disponible; CCR Bani Mujeres (XIII) – 10 internas con condiciones mentales; CCR Abierto Haras Nacionales / CCR Adultos Mayores (XIX) – 8 internos con trastornos; CCR Elías Piña – 6 internos sin atención psiquiátrica designada; Centro Ciudad del Niño – 7 adolescentes diagnosticados con enfermedades mentales y CCR Rafey Hombres (Santiago) – cuenta con departamento de psicología, pero carece de medicamentos suficientes y mantiene internos aislados por peligrosidad al no estar medicados.
Tienen que pagar para obtener medicamentos
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, explicó que internos denuncian tener que pagar para obtener sus medicamentos, incluso aquellos para enfermedades crónicas, “evidenciando una inaceptable mercantilización de la salud”. Dijo que la atención a la salud mental es insuficiente, a pesar de que el 20% de la población reporta problemas y no existen programas adecuados para tratar adicciones.
Además, persiste la peligrosa convivencia de internos con enfermedades infectocontagiosas (VIH, tuberculosis, hepatitis) con el resto de la población, sin medidas de separación ni prevención efectivas, una situación ya señalada por la CIDH en 1999 y confirmada por la ONDP en 2023.
