La tragedia del pasada lunes en el municipio cabecera de la provincia San Cristóbal, que terminó con la vida de 28 personas y decenas de heridos, puso de manifiesto la urgente necesidad de la aplicación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, promulgada el 22 de diciembre del 2022.
Se pronunciaron en ese sentido senadores y diputados de distintos partidos políticos, quienes demandaron al Gobierno la pronta terminación del reglamento de aplicación de la Ley y las normas subsidiarias, sin los cuales la normativa no puede entrar en acción. Dichos aspectos deben estar listos, a más tardar, en septiembre próximo.
La legislación precisa, en su artículo 108, que “se otorga un plazo no mayor de nueve meses contado a partir de la vigencia de esta ley” para la elaboración de las normas subsidiarias regionales de planificación y los aspectos reglamentarios.
Los congresistas exigen la inminente aplicación de la pieza, ya que ordena que los instrumentos de planificación -definidos en la misma- se deben localizar a una distancia que no afecte cuerpos de agua, edificaciones educativas, de salud o viviendas. De esta forma se evitarían situaciones como la de San Cristóbal y otras demarcaciones que por años han llevado dolor a la sociedad.
A respecto, la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, quien advirtió que la República Dominicana es “una bomba de tiempo” en todas sus demarcaciones porque empresas no hacen buen uso del suelo, dijo que el Congreso Nacional aprobó la Ley 368-22 para ponerle un alto a esa problemática.
Denunció que tal caso ocurre en el Distrito Nacional, donde hay establecimientos que no tienen uso de suelo y trabajan con gas propano sin ningún tipo de regulación, y que les han otorgado permisos, en violación a las normativas.
La expresidenta de la comisión bicameral que trabajó la Ley de Ordenamiento Territorial lamentó que en el país no haya entes responsables en dar seguimiento permanente a esas empresas, las cuales exponen a toda la ciudadanía.
“Esto es una gran tragedia, como lo fue Poliplás, como han sido algunos incendios en Los Ríos, en el Distrito y, definitivamente, esta tragedia nos tiene a todos devastados, por la trascendencia de lo ocurrido en San Cristóbal”, expresó la perremeísta, quien espera que la legislación se aplique “lo más pronto posible, para calificar y clasificar el uso de suelo, que con eso evitaríamos muchas cosas”.
Legisladores de la oposición
De su lado, el senador de San Cristóbal y miembro de Fuerza del Pueblo, Franklin Rodríguez, consideró que el nuevo periodo legislativo es una oportunidad para que los gobiernos locales establezcan la aplicación de la política clara en materia de ordenamiento territorial y construcciones.
Ponderó que con la caída de edificios ha observado que hay algunas debilidades y aspectos de ordenamiento territorial que no se han aplicado. De su lado, la diputada Ana María Peña manifestó que la explosión en la referida provincia debe servir para prestar atención a la supervisión general de la zona y recordó que se debe diseñar un sistema integral para conglomerar todos los servicios.
La Ley 368-22 define bajo cuáles parámetros se van a crear los planes de ordenamiento territorial en cada municipio del país, para poder otorgar los permisos de construcción en las áreas urbanas. También precisa cómo se van a manejar las zonas no urbanizables donde se requiere, por ejemplo, la construcción de un hospital o escuela.
Legisladores demandan aprobar el marco legal
La explosión en San Cristóbal también motivó a congresistas abogar por el conocimiento y aprobación del proyecto de ley de los cuerpos de bomberos. El senador Franklin Rodríguez ponderó la necesidad de que sea sancionado el marco legal en esta nueva legislatura ordinaria para dotar de herramientas y beneficios a ese personal que arriesga su vida para salvar otras. En esa misma dirección se pronunció la diputada Ana María Peña. Se recuerda que en el Congreso Nacional hay dos iniciativas legislativas similares sobre bomberos. Se trata de los proyectos de ley de los cuerpos de bomberos, sometidos en la Cámara Alta por los senadores Félix Bautista (FP-San Juan) y Cristóbal Venerado Castillo (PRM-Hato Mayor). La pieza de autoría del senador de Hato Mayor fue remitida a estudio en la pasada sesión del 02 de agosto; la presentada por Bautista, a la cual hizo referencia su colega de partido Franklin Rodríguez, aún no ha sido tomada en consideración. El pliego de ley tiene por objeto regular la estructura, organización, competencia, gestión y funcionamiento de los cuerpos que existan o puedan ser creados en los ayuntamientos de la República Dominicana, así como de cualquier institución de apoyo a sus funciones.
