La coalición de organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Unida y el sector empresarial se apostaron ayer frente a la Procuraduría General de la República y depositaron un documento en objeción del instructivo de la magistrada Miriam Germán Brito que favorece a la comunidad Lgbtiq.
Los representantes de movimientos y fundaciones, como Somos la Resistencia, Fomudevi, Funejid, RD Inclusiva, Alianza Vitae, la Fundación Mujer Pro-Solidaridad, así como Abogados por la Vida, señalaron que el Instructivo No.0000002, de fecha 01 de septiembre del 2023, que manda a los miembros del Ministerio Público dirigirse a la comunidad Lgbtiq de acuerdo a la identidad de género que exprese, es “inconstitucional, violatorio del debido proceso y atenta contra la familia constitucional”, por lo que demandaron a la titular de la Procuraduría dejar sin efecto la ordenanza.
Las organizaciones advirtieron que si la magistrada no reconsidera la ordenanza, acudirán a los órganos competentes, incluso, al Tribunal Constitucional.
Resaltaron que la Constitución prohíbe de forma clara incentivar “situaciones de privilegio”, y se confirma con el trato especial que el referido instructivo impone a los agentes del orden. Argumentaron que con la norma propuesta se viola el derecho a la tutela judicial y el debido proceso, ya que la Carta Magna sólo reconoce como sujetos de derecho al hombre y la mujer.
“La Constitución es tan clara que inclusive tiene un artículo sobre los géneros gramaticales en el que habla expresamente de los derechos del hombre y la mujer. Cualquier otra cosa que no se circunscribe en ser hombre o mujer, no existe en la legislación dominicana”, manifestó Miguel Almánzar, representante de la coalición.
