SANTO DOMINGO.- Juristas, jueces de la pena y penitenciaristas del país consideraron que los beneficios que otorga el programa Medio Libre a las personas privadas de libertad contribuye a su reinserción social y laboral, así como a descongestionar el sistema penitenciario, además de que reduce el tiempo en prisión.
Los expertos emitieron sus consideraciones al participar en el II Foro Penitenciario: «Incidencia del Medio Libre en la reinserción social y laboral de las personas privadas de libertad, en el marco de la implementación de la Ley 113-21”, que rige el sistema penitenciario, celebrado recientemente en esta ciudad. El evento lo encabezó Roberto Hernández Basilio, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
Hernández Basilio dijo que el Medio Libre es una de las vías de reducción de la población penitenciaria, mediante la consecución de medidas alternativas a la reclusión, como se plantea en el artículo 147 de la Ley 113-21, que nos ordena acompañar a las personas en etapa de prelibertad en sus pasos hacia el reingreso a la sociedad que los acoge.
“El Medio Libre viene a garantizar la reinserción efectiva, esa segunda oportunidad que todos merecemos, sobre todo quienes han demostrado encontrarse en el camino del arrepentimiento y la rehabilitación”, dijo el funcionario penitenciario.
En el foro participó el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, quien anunció su cooperación con la DGSPC en el suministro de computadoras para la capacitación de los internos. Dijo que incluirá al sistema penitenciario en el programa que lleva a cabo, denominado: “De Vuelta al Barrio”, que tiene el objetivo de que la gente buena que ha salido del barrio y gracias a su trabajo haya logrado triunfar, vuelva superada.
En su disertación sobre “Medio Libre: una visión integral”, Frania Navarro, directora del Medio Libre, dijo que este tiene como finalidad contribuir a la seguridad social y destacó que los beneficios que reciben los internos en período de prueba, incluyen salir a trabajar, estudiar y convivir con la familia. Para ello, dijo, que el interno debe contar con permisos otorgados por los jueces.
Señaló que hay internos que ingresaron escribiendo con una X y ahora son abogados. “Procuramos que los internos que se beneficien con la medida sean merecedores de ello”, dijo Frania Navarro.
A seguidas, el magistrado Rafael Báez, juez de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, expuso el tema: “Justicia restaurativa, enfocada en la reinserción social”, en la que aseguró que el medio Libre es un proceso de sanación, por lo que entiende, es la solución al problema, pues le permite al privado de libertad seguir siendo un ente productivo para su bien y el de su familia.
“El sistema de prisionización ha llenado el sistema penitenciario, lo que ha llevado a los centros a una crisis, porque ponemos penas por todo”, aseguró el magistrado Rafael Báez.
Durante el Segundo Foro Penitenciario, también se desarrolló el panel titulado: “Vinculación entre el Medio Libre y la reinserción social y laboral de las personas privadas de libertad”, dirigido por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Como ponentes de dicho panel participaron, el magistrado Rubén Darío Cruz Uceta, juez de Ejecución de la Pena del Distrito Judicial de Santiago, con el tema: “El rol del juez de Ejecución de la Pena ante los beneficios judiciales y penitenciarios para la reinserción social y laboral”; José Manuel Arias, juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, expuso sobre la “Importancia y experiencia de las salidas temporales con fin laboral”, mientras que Elizabeth del Rosario, coordinadora de la Comisión de Cárceles de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, habló sobre “La tutela y garantías de los derechos de las personas privadas de libertad en la etapa de prueba.
Servio Tulio Castaños, visiblemente emocionado, calificó la actividad como un canto a la esperanza.
Elizabeth del Rosario, durante su participación en el panel se refirió a las novedades que introduce la Ley 113-21, al tiempo de valorar la etapa de prueba, que, a su juicio, incide en muchos aspectos.
Rubén Darío Cruz Uceta, juez de Ejecución de la Pena de Santiago, al disertar sobre “El rol del Juez de Ejecución de la Pena en el período de prueba”, reconoció el trabajo que desempeñan los representantes del Medio Libre en esa provincia y explicó que los períodos progresivos del régimen penitenciario constan de tres etapas: observación, tratamiento y prueba.
Dijo que el trabajo que hacen los centros a través del Medio Libre es conveniente para el juez de la Pena.
“Todo en la vida pasa por algo, así que nunca se pregunten por qué pasó, sino para qué pasó”, motivando con sus palabras a los internos que participaron en la presentación artística realizada en el Foro.
Pablo Ulloa, defensor del Pueblo, con su ponencia: “Incidencia del Medio Libre en la reinserción social de las personas privadas de libertad, en el marco de la Ley 113-21”, reveló que en los próximos días esa institución junto a la DGSPC, darán a conocer informaciones sobre un levantamiento que se realiza y que facilita los trabajos del sistema penitenciario.
“Nosotros le podríamos entregar una data de perfiles que puedan identificar cuáles elementos son de prevención y cuáles de riesgos”, dijo Pablo Ulloa.
Como último panelista del II Foro Penitenciario, José Manuel Arias,
juez titular de la Segunda Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, participó con el tema “Importancia y experiencia de las salidas temporales con fin laboral”.
Arias consideró que el Medio Libre acorta el período en prisión y aporta a la reducción de las tensiones en la población penitenciaria, promoviendo las buenas prácticas y la reinserción laboral. Destacó que incentiva en el interno el interés de cuidar su conducta y reduce la reincidencia, entre otros beneficios.
“El juez es la garantía del sostenimiento de la democracia. Un juez blandengue no sirve. No puede ser un buen juez de la Pena aquel que no cree en la reinserción social”, expresó el juez de la Pena del departamento judicial de San Cristóbal.
El evento se desarrolló de manera presencial y virtual en el auditorio “Eduardo Latorre”, del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), con las exposiciones de los reconocidos expertos del sistema de justicia.
Durante el periodo comprendido entre los años 2012-2023, la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción conoció y fueron otorgadas por los jueces de Ejecución de la Pena un total de 3,296 salidas temporales con fines familiares, con fines comunitarios 356, laborales 258, educativos 2,499, y con fines religiosos, deportivos, artísticos y social 342 salidas temporales.
