La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) exhortó ayer con sentido de urgencia al Congreso Nacional a subsanar el vicio de forma detectado por el Tribunal Constitucional en la Ley núm. 10-15 y a legislar nuevamente para ejecutar una reforma al Código Procesal Penal (CPP).
La entidad recordó que mediante la sentencia TC/0765/24, emitida el 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la citada ley, la cual introdujo importantes reformas al CPP. Sin embargo, para evitar un vacío normativo que pudiera poner en riesgo la seguridad jurídica y los derechos fundamentales, el Tribunal suspendió los efectos de la sentencia por un año, lo que mantiene vigente temporalmente el texto anulado.
FINJUS aclaró que esta decisión no debe entenderse como una simple anulación normativa, sino como una oportunidad institucional para reanudar el proceso legislativo de forma adecuada.
“Desde Finjus advertimos que la exhortación expresa al Congreso Nacional a subsanar el vicio detectado y legislar nueva vez conforme a los procedimientos constitucionales, debe ser asumida con sentido de urgencia”, dijo Finjus en un comunicado firmado por su vicepresidente ejecutivo Servio Tulio Castaños.
La organización subrayó que ya han transcurrido casi seis meses desde la emisión de la sentencia, y que el tiempo para corregir la situación avanza rápidamente. “El reloj institucional continúa su marcha hacia el vencimiento del plazo otorgado, que, frente a la negativa de no conocer su reincorporación, devendría en un caos jurídico que afectaría seriamente la institucionalidad del país”, advirtió.
Las consecuencias
El eventual retorno al Código Procesal Penal anterior a la Ley 10-15, según Finjus, representaría un retroceso significativo en el sistema de justicia penal.
Entre las consecuencias, se incluyen la reducción de los plazos para las medidas de coerción, limitaciones a figuras procesales como la suspensión condicional del procedimiento, cambios en los criterios para la prisión preventiva, y debilitamiento de mecanismos de protección para víctimas y testigos.
Asimismo, advirtió que afectaría la operatividad del Ministerio Público y limitaría la participación de otras entidades públicas en el ejercicio de la acción penal. En este sentido, Finjus reiteró que este proceso representa una oportunidad crucial para corregir deficiencias que aún afectan el funcionamiento del sistema procesal penal.
Aspectos que se deben considerar en nuevo CPP
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) considera que este es un momento clave para revisar aspectos fundamentales del sistema penal, como la declaratoria de los casos complejos, cuya ambigüedad provoca inseguridad jurídica y retrasos. Además, destaca la necesidad de evaluar con rigor el rol del Ministerio Público y las formalidades del proceso acusatorio, para asegurar una actuación coherente con el debido proceso.
