La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valoró como mesurado y moderno el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, remitido al Senado por el presidente de la República.
La entidad considera que este instrumento jurídico, elaborado por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, está alineado con la realidad actual del país y que su estructura normativa refleja un esfuerzo por ofrecer un marco legal coherente, moderno y respetuoso de los principios democráticos.
“Desde Finjus, reiteramos que el presente proyecto representa un avance significativo hacia una regulación justa, equilibrada y moderna para la protección de la libertad de expresión en la República Dominicana”, subrayó el organismo en un comunicado firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Sin ambigüedad
Según sus consideraciones, la redacción del proyecto de ley se caracteriza por su precisión terminológica y por evitar ambigüedades, un aspecto crucial en una materia tan sensible como lo es la libertad de expresión.
“Además, su contenido reconoce de manera explícita que este derecho no es absoluto, sino que debe ejercerse en armonía con otros derechos igualmente protegidos, como el honor, la intimidad, la dignidad y la moral, especialmente en lo que concierne a niños, niñas y adolescentes”, sostuvo. Entre otros puntos, Castaños Guzmán destaca que la propuesta legislativa aborda de manera puntual el papel de las plataformas digitales en la difusión de contenidos, y reconoce su creciente influencia en la formación de la opinión pública y en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Valora el hecho de que se establezcan disposiciones orientadas a garantizar la responsabilidad de las plataformas digitales, sin comprometer el carácter abierto y plural de estos espacios.
Además, se introduce un marco normativo que regula la protección de datos personales y la prevención de la desinformación, procurando siempre mantener el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de otros derechos fundamentales.
“Es particularmente destacable el tratamiento que se otorga a las amenazas que enfrentan los menores en el entorno digital. La legislación propuesta presta especial atención a estos desafíos, integrando medidas que buscan preservar la integridad física, emocional y moral de este grupo vulnerable”, resaltó la entidad.
Mecanismo para eliminar contenidos en buscadores digitales
Otro aspecto de relevancia que subraya es el conjunto de principios incluidos en la pieza legislativa, que promueven la diversidad en los medios de comunicación y fortalecen la integridad de las personas.
Asimismo, se valora la importancia del debido proceso como principio rector en la aplicación de normas civiles, procesales y penales relacionadas con la libertad de expresión.
La entidad también resalta la inclusión de la figura de la desindexación, mecanismo mediante el cual se puede solicitar la eliminación de contenidos en buscadores digitales, que opera a través de una orden judicial y bajo criterios objetivos, reglamentados y siempre que se compruebe un daño real y significativo.
“Esta figura equilibra los derechos de quienes podrían resultar afectados por determinadas publicaciones con la necesidad de no restringir de manera injustificada la expresión de pensamientos legítimos”, explica la Fundación Institucionalidad y Justicia.
Finjus reflexiona en que la libertad de expresión e información es un derecho fundamental consagrado en el artículo 49 de la Constitución y representa uno de los pilares esenciales de toda sociedad democrática.
“Esta facultad no solo permite a cada individuo expresar sus pensamientos y opiniones sin temor a coacción o represalias, sino que también garantiza el acceso a información veraz y oportuna como base indispensable para el ejercicio pleno de esta libertad”, añadió.
Un marco institucional alineado a la actualidad
En términos institucionales, Finjus precisó que el anteproyecto introduce la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), adscrito al Ministerio de Cultura, como entidad responsable de velar por la promoción de las libertades de expresión e información, la supervisión de los prestadores de servicios de comunicación y la garantía de una programación diversa y plural. Con ello, dice, se suprime la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, y se establece un nuevo marco institucional más alineado con la actualidad.
“La libertad de expresión, en definitiva, es un derecho en constante evolución, estrechamente vinculado al desarrollo democrático y al fortalecimiento del Estado social y democrático de Derecho. Este derecho permite la coexistencia de la pluralidad en la sociedad, refuerza la tolerancia y contribuye al fortalecimiento de la calidad en la gestión de los asuntos públicos”, concluye. Para Finjus, el proyecto representa un avance significativo hacia una regulación justa, equilibrada y moderna para la protección de la libertad de expresión en el país. Reiteró su disposición de seguir colaborando en la construcción de un marco legal que respete plenamente la dignidad.
