FP acusa JCE de despojarla de derecho mayoritario

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La Fuerza del Pueblo (FP) solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) respetar su condición de partido mayoritario, al obtener en las pasadas elecciones presidenciales 233, 538 votos válidos, equivalente al 5.69 por ciento de las votaciones.
El delegado político de la FP, Manuel Crespo, al depositar un documento en la Secretaría General de la JCE, afirmó que los votos del ieron la categoría de mayoritario al partido del expresidente Fernández.

“Estamos aquí depositando un recurso de revisión del reglamente número 01-2021, pues consideramos que constituye una franca vulneración de los derechos constitucionales de nuestro partido, la resolución de la JCE que redujo la votación obtenida por nosotros en los pasados comicios presidenciales”, señaló.

El dirigente político explicó que fundamentan su petición en disposiciones constitucionales y legales, contenidas en la Ley 15-19 de Régimen Electoral como de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

“Al hacer uso de la facultad reglamentaria de la JCE incurrió en una violación flagrante de los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales, consagrados en el Artículo 74.4 de la Constitución de la República”, indicó Crespo.

El también miembro de la Dirección Política de la FP además, argumentó que el reglamento adoptado por el organismo comicial desconoce la voluntad expresada por los electores, lo que se tradujo en la reducción en 1.15% de dicha elección, en perjuicio de la FP.

En la instancia, FP pidió al Pleno de la JCE avocarse al conocimiento nuevamente de las referidas decisiones y dictar nuevas resoluciones amparadas en el criterio de favorabilidad que consagra el artículo 74.4 de la Constitución y que amplía el artículo 7.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Asimismo, solicitó la revocación sobre la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, adoptada el 27 de enero, por haber sido adoptada en violación del debido proceso constitucional.

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