En ningún otro momento durante la larga tiranía de Rafael Trujillo, la inteligencia nacional, al servicio de su diplomacia, le fue tan servil como en aquellos difíciles días que siguieron al atentado con el que intentó dar muerte al presidente democrático de Venezuela, Rómulo Betancourt, el 24 de junio de 1960. Y en ningún otro momento de nuestra historia, el país estuvo tan cerca de una conflagración bélica devastadora, y nunca antes, la República había estado tan amenazada de un ataque del exterior.
En esa situación extrema, causada por la acción demencial de un hombre incapaz de dominar sus salvajes intentos, la elite intelectual de entonces estuvo siempre a sus órdenes para tratar de justificar en el plano de la diplomacia hemisférica aquel vergonzoso incidente que convirtió a la República Dominicana en un paria de la comunidad internacional.
Mediante la detonación de una bomba accionada a control remoto, el automóvil de Betancourt fue destruido, resultando este gravemente herido. El atentado provocó una reacción unánime de repudio en todo el continente y Venezuela acusó en la OEA a Trujillo de practicar el terrorismo internacional. La conferencia ministerial reunida en San José de Costa Rica, impuso severas sanciones económicas al régimen, obligando a todos los países miembros del organismo a romper sus nexos diplomáticos, comerciales y consulares con la tiranía.
A pesar del fracaso de Trujillo en el plano diplomático para evadir dicha condena, ese deplorable expediente puso una vez más de resalto, tal vez como en ningún otro momento de los treinta años anteriores, la habilidad de su servicio exterior y la entrega total de los intelectuales del régimen a una causa de antemano perdida, que quedó para siempre en los anales de la diplomacia hemisférica como un anatema para el país.
Aún antes de apoderarse formalmente a la OEA de la acusación venezolana, la sede del organismo regional presenció el primer choque de lo que sería una de las más descarnadas batallas diplomáticas de su historia.
Los miembros del Consejo fueron convocados el 29 de junio por su presidente, el embajador Vicente Sánchez Gavito, para dejar constancia de la consternación que el atentado había producido en todo el Continente y expresar su complacencia por los informes de que el Presidente Betancourt se recuperaba satisfactoriamente.
El homenaje provocó el primer altercado directo entre los representantes de Venezuela y de República Dominicana después de los hechos del 24 de junio. Al dar las gracias al presidente del Consejo por sus palabras de simpatía, el delegado venezolano dijo que sólo podía aceptar la solidaridad de 19 miembros del Consejo. Hacía una excepción con el delegado dominicano. La razón era que si ese país “lamenta algo, es que la intentona de asesinato no tuviese éxito”.
El embajador Virgilio Díaz Ordóñez se levantó inmediatamente de su asiento para protestar por la referencia directa de su colega, replicando que se trataba de “una falsa acusación más en el torrente de falsas acusaciones contra el gobierno de la República Dominicana”. La sesión casi degenera en un tumulto.
Parecía que el tema llegaría a la OEA precedido de fuertes encontronazos retóricos, puesto que en Ciudad Trujillo, el canciller Porfirio Herrera Báez acusaba a su igual venezolano, Arcaya, de ser uno de los principales promotores de las tensiones existentes en el Caribe por sus “gratuitos ataques” y su presunto empeño de crear “un clima de violencia y de subversión” en la nación antillana.
Herrera Báez llamaba la atención respecto a declaraciones formuladas por Arcaya en una conferencia de prensa celebrada en Caracas en la cual “no tuvo ningún recato” en declarar la existencia de un estado de guerra entre los dos países. Ese tipo de declaración, se quejaba el Canciller dominicano, propicia un clima de beligerancia entre las partes.
En una clara advertencia al organismo regional que se preparaba para conocer de las acusaciones venezolanas contra el gobierno de su país, el diplomático dijo que esa actitud “debe tomarse muy en cuenta” por parte de quienes se interesen en restablecer un verdadero clima de convivencia. Responsabilidad ésta que recae principalmente en los organismos “a quienes corresponde examinar con imparcialidad y con genuino espíritu de justicia el origen de las tensiones existentes en la zona desde que Rómulo Betancourt asumió el poder en Venezuela”.
Mientras tenían lugar estas escaramuzas, los aprestos de una verdadera guerra diplomática hacían inminente el choque. Para el cuatro de julio, diez días después de ocurrido el fallido intento de asesinato de Betancourt, Venezuela estaba lista para asumir la iniciativa, dando el primer gran paso dentro de su estrategia para aislar de la comunidad internacional al régimen trujillista.
Los eventos empezaron ese día con una nota del embajador Falcón Briceño al presidente del Consejo. Solicitaba una convocatoria inmediata y con carácter de urgencia del Órgano de Consulta, de acuerdo con el Artículo 6° del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para considerar los actos “de intervención y agresión” del Gobierno dominicano contra el Gobierno venezolano “que culminaron en el atentado contra la vida del Jefe del Estado Venezolano el 24 de junio último”.
En virtud de esta solicitud, Venezuela demandaba la adopción de medidas que convengan para la defensa de su soberanía y el “mantenimiento de la paz y seguridad del Continente”. En su exposición, Falcón Briceño puntualizaba que los actos imputados al régimen dominicano contra su país “constituyen un desafío al sistema interamericano y una negación de los principios fundamentales del derecho público”.
Sólo “el comedimiento” del Gobierno de Venezuela y de su pueblo, su adhesión a las normas e instituciones jurídicas y su vocación decidida por el imperio del derecho en las relaciones internacionales, añadía, “son los factores que han detenido, ante los actos de intervención y de agresión del Gobierno de la República Dominicana, una reacción que, aún cuando de legítima defensa, habría causado víctimas y daños irreparables a la solidaridad americana”.
Venezuela reiteraba “su firme convicción” de que los procedimientos consagrados en los instrumentos interamericanos, “si se les aplica adecuadamente y con firmeza, son capaces de evitar tales actos de intervención y de agresión y, en consecuencia, de asegurar el mantenimiento de la paz en América”. A tales efectos, solicitaba, a la mayor brevedad posible, convocar a sesión extraordinaria, al Consejo de la organización.
Dos días después, el 6 de julio, en el curso de una sesión extraordinaria, el Consejo recibió del embajador Falcón Briceño informes sobre los hechos básicos de su denuncia. Los planteamientos venezolanos originaron, como era de esperarse, un prolongado y encendido debate. El representante de Honduras, Celso Dávila, en su condición de presidente interino del Consejo, dio apertura a la sesión calificando el asunto de “suma gravedad”, que amerita estudiarse y resolverse en todos sus aspectos, dadas las proyecciones que los hechos denunciados por Venezuela pudieran tener “para la conservación del sistema” en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores como Órgano de Consulta.
Este discurso inaugural no podía ser más incómodo para la delegación dominicana. “Si se prueba que ha habido cualquier participación de un gobierno extranjero en el atentado contra la vida del Presidente de Venezuela, debe imponerse forzosamente una actuación de toda la OEA para que no vuelva a repetirse un delito de esta magnitud”. En su opinión, hechos tan graves como los que ocupaban la atención del organismo constituían una amenaza muy seria para los postulados que fundan el Sistema Interamericano.
No era Venezuela el único país afectado con este caso, sino todo el Hemisferio. Por lo tanto no se podía guardar silencio y urgía de inmediato la investigación más acuciosa “para que un crimen internacional de esa magnitud no vaya a prosperar”. Se necesitaba, pues, en opinión del presidente interino del Consejo, “una investigación imparcial, serena y cuidadosa, para que puedan deducirse las responsabilidades”.
Los sentimientos generales de los miembros del Consejo estaban resumidos, de hecho, como pudo observarse más adelante, en este discurso de apertura. Muy pronto se percibió de cuán poca simpatía gozaba la posición de Trujillo. El embajador colombiano Carlos Díaz de Santamaría resaltaba los vínculos de amistad entre su país y la República Dominicana que siempre habían sido “entrañables”, “intensos” y “vigorosos”, para caer en la conclusión de que el comportamiento internacional del régimen trujillista había afectado esa relación. “Las sombras de los últimos tiempos han sido simplemente con un Gobierno que parece no respetar sus relaciones con los demás países y que no tiene respeto por la dignidad humana”.
El embajador Escudero, del Ecuador, respaldó a Venezuela y se extendió en consideraciones sobre “ciertas expresiones enconadas y venenosas” del embajador Díaz Ordóñez. A esta exposición siguieron las de Bolivia, Perú y otros países abiertamente contrarias a Trujillo.
Díaz Ordóñez intervino en varias oportunidades protagonizando enconados enfrentamientos con los delegados de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Su primera intervención de hora y media provocó protestas de sus colegas que le acusaron de descender al plano personal. Tras contracusar a Venezuela de intervenir en los asuntos internos de su país, Díaz Ordóñez se quejó de que el Consejo de la OEA jamás actuara sobre una denuncia dominicana a raíz de expediciones armadas contra su territorio en 1959. Este pedido había sido retirado hacía un año, pero ahora podría ser renovado
El debate alcanzó su grado máximo de calor, cuando el diplomático dominicano, al responder a la larga lista de acusaciones venezolanas, dijo que los cargos contra el régimen de su país eran merecedores “de ser incluido en un libro de historietas fantásticas para niños; niños anormales”.
La posición de Estados Unidos era que la situación creada demandaba una acción inmediata de la OEA. Ello resultaba esencial para eliminar las tensiones y restaurar las condiciones para una convivencia pacífica entre los estados miembros del organismo regional, estableciéndose el procedimiento de trabajo, invitándose a los representantes de Venezuela y República Dominicana a comparecer ante ella. Al mismo tiempo, solicitó de la Comisión Interamericana de Paz “la información que, en concepto de esta última, pudiera serle útil en el cumplimiento de su mandato”.
Al día siguiente, 13 de julio, la Comisión recibió al embajador dominicano Díaz Ordóñez, quien reiteró los conceptos por él emitidos en la sesión del Consejo del día 6, en el sentido de que la acusación del Gobierno de Venezuela carecía de fundamento. Tras comprometerse a aportarle los documentos que ésta solicitare para el desempeño de la labor que le había conferido el Consejo, el diplomático solicitó que se le mostrara la documentación presentada por Venezuela para sustentar su acusación contra el régimen de Trujillo.
En resumen, la documentación incluía, por parte de Venezuela, un legajo con las declaraciones rendidas por algunos de los implicados en el atentado y un informe del Ministro de Justicia, doctor Andrés Aguilar, consistente en una versión compendiada de las autoridades policiales acerca de la forma en que se habían desarrollado los hechos. Accediendo a la petición de Díaz Ordóñez, la Comisión acordó, dos días más tarde, el 15 de julio, hacerle entrega del citado informe. En la nota de remisión, reclamaba, por su parte, del representante dominicano “informes sobre los hechos que, en el documento de referencia, se afirma ocurrieron en el territorio de su país”.
El 27 de julio, el representante dominicano dirigió una nota a la Comisión, entre cuyos anexos incluyó un memorándum en el cual se contradice la versión de las autoridades venezolanas. Contenía informaciones adicionales encaminadas a demostrar que algunos de los hechos presentados en contra del Gobierno de su país “no pudieron haber ocurrido”.
El grupo de cinco miembros acordó entonces, tras el estudio de las documentaciones presentadas por las partes, trasladarse a Caracas, para realizar allí una investigación sobre el terreno. Partió de Washington el sábado 16 de julio y arribó a Maiquetía a las 4:30 del día siguiente. Los embajadores de Argentina y Uruguay designaron para reemplazarlos en este viaje a los representantes suplentes de sus respectivos países ante el Consejo, Dardo Cúneo y Pablo Guffanti, respectivamente, quedándose los titulares en Washington adelantando las investigaciones en los Estados Unidos. También formaron parte de la delegación, el secretario y pro-secretario de la Comisión, así como Robert J. Redington, miembro de la delegación norteamericana ante el Consejo.
Durante su permanencia en Caracas, la Comisión dijo haber recibido “la más amplia colaboración” de las autoridades, las que pusieron a su disposición, para ser interrogados sin la presencia de funcionario alguno, a los detenidos en la Cárcel Modelo, bajo la inculpación de haber tomado parte en el atentado, quienes admitieron haber estado en la República Dominicana en relación con la trama que culminara con el intento de asesinato del Presidente Betancourt.
En un informe al Consejo, la Comisión diría después que “como resultado de esos interrogatorios, se ha formado el juicio de que las declaraciones ante las autoridades venezolanas, de las personas (mencionadas) fueron rendidas libremente, sin coacción de ninguna especie”. Sanoja se negó a declarar ante la comisión sobre los hechos básicos, tal como se había negado a hacerlo ante las autoridades venezolanas. Por su parte, Morales Hernández se concretó a ratificar las declaraciones que había hecho a las autoridades. Sobre los interrogatorios a los cuatro restantes, informó haber obtenido datos complementarios, “numerosos indicios de que, esos individuos, al referirse a los hechos que constituyen el objeto de la investigación, se han producido, en términos generales, con verdad”.
He querido señalar estos hechos, como una evidencia irrefutable de cómo en una de las etapas más difíciles de la vida nacional, la intelectualidad estuvo a las órdenes y bajo el mando del poder, prestándose a tareas tan engañosas y bochornosas como fue aquella de justificar uno de los más temerarios y aborrecibles crímenes de la tiranía, en el peor y más decadente momento de esta.
Estando aún en Caracas, el presidente del Consejo, embajador Sánchez Gavito, recibió un telegrama de fecha 18 de julio del Canciller dominicano Herrera Báez. El ministro solicitaba del organismo determinar si era cierto, como se informara en diferentes medios internacionales de prensa, que autoridades venezolanas, incluyendo al propio Presidente Betancourt, habían formulado amenazas implícitas y veladas contra la República Dominicana. Herrera Báez pedía también a Sánchez Gavito poner en conocimiento de los demás investigadores los términos de su mensaje.
El embajador De La Guardia, respondió el 5 de agosto la comunicación del Canciller dominicano. Le expresaba, en comunicación remitida a través del embajador Díaz Ordóñez, que después de haber estudiado “detenidamente” su planteamiento, se pudo llegar a la conclusión que se trataba de un asunto fuera de su competencia ya que ésta había quedado definida en el texto de la resolución del Consejo del 8 de julio que la creó, en el sentido de “investigar los hechos denunciados y sus antecedentes” y someter, con posterioridad, un informe al propio Consejo.
La comunicación de Herrera Báez constituía un clásico ejemplo de las argucias trujillistas en el campo internacional. Su texto ayuda a comprender, en cierto modo, la estrategia de diversión que se había ya forjado el dictador para hacer frente a la acusación venezolana y que el propio Canciller contribuyera a crear con su propuesta de contra acusar a su acusador.
La prensa bajo total control de Trujillo sirvió de plataforma a las campañas engañosas concebidas por las mentes educadas, al servicio del poder.
Un editorial de El Caribe del 11 de julio, titulado “Un régimen que se derrumba”, constituía un ejemplo típico de esa campaña: “A pesar de las múltiples precauciones que adopta el Gobierno de Venezuela para que no se filtre al exterior la sensación de la verdadera realidad del país, las emisiones radiales, lo que puede leerse entre líneas de las noticias cablegráficas transmitidas por las agencias informativas parcializadas a favor de Betancourt y las informaciones de los viajeros y turistas, denuncian la turbulencia, la incertidumbre y el azar que está viviendo ese país bajo el peso de la cuadrilla politiquera que practica la exacción y el latrocinio y que ha sembrado por todas partes la corrupción”.
Venezuela, según el editorial, explotaría muy pronto. “Es casi seguro” añadía, “que Betancourt quedará inválido e incapacitado para continuar su acción destructiva. Y si hasta ahora no se ha hecho conocer el verdadero estado de salud, es porque, como decíamos el otro día, a la sombra de su carroña sigue gobernando la horda que despedaza al pueblo. El día que se sepa la verdad (la inevitable muerte de Betancourt) Venezuela saltará como un volcán…”
Finalmente, el Consejo de la OEA aprobó, en sesión extraordinaria celebrada el 29 de julio, la fecha y sede de la reunión del Órgano de Consulta encargada de decidir sobre las acusaciones venezolanas, ahora reforzadas por el informe de la Comisión investigadora que encontró al Gobierno dominicano culpable de colaborar con los acusados de haber planeado el asesinato del presidente venezolano.
La resolución fijaba para el 16 de agosto en San José, Costa Rica, el inicio de la Sexta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para servir de Órgano de Consulta en la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En la misma sesión, el Consejo aprobó también el Informe de la Comisión de Reglamento del Consejo y de la Unión Panamericana para regir dicha reunión, con lo cual se daba el último paso hacia la fase crucial del proceso.
Mientras se aceleraban los preparativos de esta histórica cita de Cancilleres, Trujillo hizo un último intento por desviar el curso de la acción diplomática. El 9 de agosto, el embajador Díaz Ordóñez entregó al presidente del Consejo, Sánchez Gavito, una comunicación del Canciller Herrera Báez solicitando una investigación nueva, esta vez sobre actividades del régimen venezolano.
“El Consejo de la Organización de los Estados Americanos debería designar una comisión de plenipotenciarios”, pedía Herrera Báez, “para investigar la irresponsable insinuación que se ha hecho en los medios oficiales venezolanos en el sentido de que los participantes en los alegados planes terroristas que acaban de descubrirse en Caracas contaban con el apoyo del Gobierno de la República Dominicana. Esta investigación denunciaría la tendencia favorita del Presidente Betancourt de explicar la creciente oposición contra su régimen, que se manifiesta esporádicamente en brotes subversivos y conspiraciones, en causas fuera de Venezuela cuando el único origen de esas dificultades radica en la incapacidad de su régimen para resolver los agudos problemas sociales y económicos que afectan ese país”.
Se trataba, obviamente, de un estéril y desesperado intento por evitar lo que a todas luces le venía encima al gobierno dominicano. El marco de discusión estaba ya preparado en San José. Mientras, crecía la impresión de que el informe de la Comisión investigadora de alguna forma influiría en la marcha de los debates en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. Si esto ocurría así, era obvio que las posibilidades de Trujillo de salir airoso de esta prueba difícil eran, de antemano, muy reducidas.
Los efectos de las sanciones fueron devastadoras para el régimen. Poco meses después, el 30 de mayo de 1961, caía abatido a balazos en las afueras de la ciudad que hizo designar con su nombre.
Desde la caída de la tiranía, la prensa ha jugado un papel muy importante en el afianzamiento de las libertades públicas en el país. Pero esa labor ha atravesado por diferentes etapas, en las cuales, muchas veces, ha sido con grandes riesgos personales e incluso empresariales. El más emblemático de esos ejemplos lo tenemos en la revista Ahora, cuyas instalaciones fueron destruidas en un atentado terrorista, durante los cruentos días de enfrentamiento posteriores a la guerra civil de 1965 por elementos adheridos al poder político y motivados por anacronismos ideológicos, renuentes a aceptar toda posibilidad de cambio social o político.
En el lapso transcurrido entre esos hechos y la salida temporal del doctor Balaguer del poder, en 1978, el costo de la independencia periodística fue muy alto. Si bien el control sobre la propiedad de los medios se ejercía de manera muy sutil, hubo muestras paradigmáticas de independencia que honraron el papel de la prensa en esos tiempos difíciles, en los que los niveles de libertad se medían sobre la frágil tolerancia de un régimen sin total control de aquellos que en su oportunidad el propio presidente de la República llamó “fuerzas incontrolables”.
Los asesinatos de los periodistas Orlando Martínez, autor de una columna muy crítica en el periódico El Nacional, y la posterior de Gregorio García Castro, ejecutivo del vespertino Ultima Hora, ya desaparecido, ambos a plena luz del día y en lugares céntricos y poblados de esta capital, quedaron como señales inequívocas de la intolerancia de una época caracterizada por el enfrentamiento de dos concepciones del poder, en las que el ejercicio del periodismo estaba condicionado por un clima de censura casi tácita, que invitaba a una inhibición forzosa.
Es a partir de 1978, incluyendo incluso los diez años de la segunda y última etapa de gobierno constitucional de Balaguer, cuando el clima para la práctica del periodismo se torna más abierto y los medios comienzan en realidad a influir en las grandes decisiones políticas.
Sin embargo, al igual que en los treinta años del trujillismo, los clanes políticos dominantes se han servido siempre en nuestro país de parte de la elite intelectual para dotar de una base doctrinaria lo que en la práctica ha sido un uso de sus recursos para provecho personal, en violación a las más elementales normas de la moral y la ética y, lo que es peor, en franca violación muchas veces de las leyes y la propia Constitución de la República, cuyo irrespeto parece ser una norma de conducta en la vida política del país.
De muestra podrían servir, por ejemplo, el servicio exterior de Trujillo, como ya señaláramos, citando como una marca de ello la sumisión mostrada por los intelectuales que formaban parte de su cuerpo diplomático.
Fenómenos recientes relacionados con la tecnología y los cambios en la estructura de la propiedad de los medios, han venido a producir cambios trascendentes en la prensa y paradójicamente dificultado su control por el gobierno, como consecuencia de uno, mientras le quedaba asegurado cierto nivel de control, muy sutil y casi imperceptible, a causa del otro.
Me refiero al Internet, que ha dado paso al auge de un nuevo tipo de periodismo, el digital, que hace más dificultosa la tarea de control de las opiniones del público por parte de los estamentos del Estado, y que ha permitido a periodistas asumir la propiedad y la fijación de las políticas editoriales e informativas de esos medios, sin más restricciones que aquellas que les imponen sus propias valoraciones del oficio y del valor que confieren al derecho del público a estar bien informado; es decir a saber lo que hace y no hace el gobierno. El surgimiento de esta nueva modalidad de periodismo, facilita, además, la participación de la clase pensante, desde una perspectiva distinta al diario quehacer informativo, lo cual añade contenido de calidad a la oferta mediática, haciéndola más diversa.
El otro gran fenómeno en el espectro, ha sido la adquisición de los grandes medios tradicionales por parte de grupos económicos, cuyo verdadero interés no ha sido el periodismo. Si bien esto ha permitido un mejoramiento de la calidad técnica de los medios impresos y audiovisuales, y en muchos casos mejorado las oportunidades de los periodistas, e incluso ampliado su cobertura, también trajo consigo un nuevo método de control, que se ejerce a través de la amenaza y el chantaje, siempre subrepticio por supuesto, a otros intereses de negocios vinculados a la propiedad de los mismos.
Esta nueva modalidad ha alcanzado dimensión artística en la actualidad, con un control efectivo ejercido de manera muy sutil a través de la militancia política de parte de gente incrustada en los medios por vocación o simplemente por infiltración, llenando así los espacios radiales y televisivos de programas bien sustentados por la propaganda oficial, con el sólo propósito de ejercer así el tipo de control que ya no parece posible con el uso de la fuerza y la amenaza como en otros tiempos sucedía.
Esas reediciones del Foro Público y Radio Caribe se han convertido en los Catón del nuevo siglo, pretendiendo ser guardianes públicos de una moral oficial inexistente.
