Reconocidos juristas dominicanos coincidieron en que la entrada en vigor del nuevo Código Penal representa un desafío técnico y jurídico para el sistema de justicia, especialmente en la armonización de procesos iniciados bajo la legislación anterior y la interpretación de las nuevas figuras penales.
Durante un conversatorio organizado por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, junto a la Universidad Acción Pro Educación y Cultura (Unapec), los expertos destacaron que la promulgación de la norma no debe entenderse como el cierre del debate, sino como el inicio de una etapa de aplicación, evaluación y perfeccionamiento institucional.
La magistrada Giselle Méndez, el abogado Miguel Valerio y la procuradora Mirna Ortiz destacaron la necesidad de fortalecer la capacitación de jueces y fiscales ante temas como la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la revisión constitucional de condenas cuando las penas sean modificadas.
La magistrada Méndez señaló que “implementar una norma no es solo conocer sus artículos, sino darle vida en los tribunales, conciliando derechos y evaluando cómo impactan las nuevas disposiciones frente a las anteriores”.
En el mismo sentido, el abogado Miguel Valerio sostuvo que la responsabilidad penal de las personas jurídicas exigirá a los tribunales evaluar programas de cumplimiento y controles internos, lo que representa un cambio sustancial en la práctica judicial.
Los expertos coincidieron en que la capacitación y la revisión constitucional serán claves para garantizar que la reforma fortalezca la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
En ese contexto, el Defensor del Pueblo propuso la creación de una comisión bicameral que evalúe los primeros 90 días de implementación y presente un informe técnico que permita ajustar la normativa conforme a la experiencia práctica.
Defensor del pueblo
Pablo Ulloa, reafirmó su compromiso con la consolidación institucional y la transparencia en la aplicación del nuevo Código Penal, al destacar que su promulgación marca el inicio de una etapa de evaluación y perfeccionamiento del sistema de justicia dominicano.
Durante el conversatorio, el defensor del Pueblo expresó: “Promulgar el Código Penal no significa cerrar el debate, sino trasladarlo al terreno de la aplicación práctica, la evaluación y el perfeccionamiento institucional”.
En ese sentido, propuso al Congreso Nacional la creación de una Comisión Bicameral Especial que supervise los primeros 90 días de implementación y presente un informe técnico sustentado en la experiencia, con miras a fortalecer la democracia y garantizar una justicia más eficiente y garantista.
El funcionario enfatizó que corregir una ley a partir de la evidencia no debilita al legislador, sino que fortalece la institucionalidad y la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
También intervinieron el profesor de Derecho Penal de Unapec y secretario general del defensor del Pueblo, Harold Modesto, y el jurista y catedrático Ricardo Rojas León.
El encuentro fue moderado por el decano de la Facultad de Humanidades y Derecho de Unapec, Alejandro Moscoso Segarra.
