El exfiscal Ybo René Sánchez Díaz y el abogado Manuel Sierra consideraron que el expediente denominado por el Ministerio Público como “caso Calamar” presenta los mismos vicios y defectos que, a su juicio, han caracterizado otros procesos de presunta corrupción administrativa en el país.
Ambos juristas definieron como un “panfleto” la acusación presentada por el órgano persecutor, alegando que se sustenta en una práctica “abominable” de sobreabundancia documental y narrativa, sin que exista, según afirmaron, evidencia vinculante que comprometa penalmente a los imputados.
“Conforme a lo que nosotros hemos visto en la acusación, no hay forma de que a este señor lo pongan en sede de juicio, porque no hay una sola prueba que sindique directamente al señor Peralta. La prueba tiene que estar vinculada con el hecho atribuido”, expresaron.
Sánchez Díaz y Sierra sostuvieron que el Ministerio Público ha recurrido a auditorías y documentos institucionales que, según entienden, carecen de relevancia penal y solo buscan desacreditar públicamente a los acusados.
Los abogados también cuestionaron el uso del nombre “Calamar” para identificar el proceso judicial, al considerar que constituye una violación a la dignidad de los imputados. Indicaron que esta práctica fue objeto de observación por parte del Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0225/25, la cual ordena el cese de este tipo de denominaciones en expedientes judiciales.
En ese sentido, afirmaron que el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ha sido víctima de una campaña de descrédito político debido a su cercanía con el expresidente Danilo Medina. “Se trata de un empresario de toda la vida, un gerente eficiente en la administración pública, cuyo nombre ha sido afectado por una persecución política”, señalaron.
